El TSJ respaldó pago con bonos y pidió por la seguridad jurídica

"Los fallos de las Cortes Supremas y Tribunales Superiores deben ser respetados", dijo
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) emitió ayer un nuevo fallo en el que suspende otra medida cautelar dictada contra la vigente Ley 9722 por "arbitraria e inmotivada", en línea con precedentes con las anteriores resoluciones, al tiempo que emitió una fuerte llamado de atención a juzgados y cámaras que están dando luz verde a los amparos presentados por los jubilados VIP.

"Los fallos de las Cortes Supremas o los Tribunales Superiores tienen que ser respetados, salvo el apartamiento fundado de sus resoluciones, en aras de la seguridad jurídica, igualdad de los litigantes y economía procesal", expresó el TSJ.

En la causa " Rigazzio", el máximo Tribunal provincial destacó que "los fallos de las Cortes Supremas o Tribunales Superiores como intérpretes últimos de la Constitución y leyes reglamentarias dictadas en su consecuencia, para los supuestos fácticos y jurídicamente análogos, en principio deben ser respetados salvo que medie un apartamiento fundado en nuevos elementos no considerados en las instancias superiores".

"La obligación no se cumple

-configurando la causal de arbitrariedad- con la sola referencia que

"... no se comparte", y "se preserva así la igualdad jurídica de los litigantes y se sostiene en un valor constitucional de máxima prevalencia como es la previsibilidad, la certeza de la seguridad jurídica y elementales razones de economía procesal", acota.

En consonancia con la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) agregó que: "Resulta imprescindible que el litigante conozca de antemano las ‘reglas claras de juego‘ a las que atenerse, en aras de la seguridad jurídica".

Asimismo puntualizó que todas las cuestiones, pero particularmente " las serias planteadas en escritos en serie" no pueden ser decididas obviando las constancias de la causa.

Considera el TSJ, en este sentido, que no hay peligro en la demora si el actor invocó "edad avanzada y su estado de salud", y consta en autos que es una mujer de apenas "50 años de edad que no acreditó ninguna dolencia y lo fundamental: que en principio estaba fuera de la emergencia por el Decreto 1481-08 que el juez no consideró".

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