RESOLUCION JUDICIAL Condenaron a Abel Miguel a indemnizar a un juez

El ex intendente de Junín y actual diputado bonaerense por la Coalición Cívica, Abel Miguel, fue condenado a indemnizar a un juez en concepto de “daño moral” luego de haber pedido el juicio político del magistrado y de denunciarlo ante la Corte Suprema, por su intervención en un recurso de amparo que se interpuso en el año 2003 en los tribunales de esta ciudad, reclamando acciones para bajar los índices de arsénico en el agua potable.
El fallo, al que tuvo acceso La Verdad, fue emitido por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de San Nicolás, donde el magistrado Leopoldo Peralta Mariscal, quien se desempeñó como titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 4 de Junín, apeló una demanda civil iniciada contra Miguel y la Municipalidad de Junín, después de que fuera rechazada en primera instancia.

Peralta Mariscal inició el juicio civil luego de que en la Corte Suprema fuera rechazada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios una denuncia en su contra radicada por el ex intendente local, quien pidió el juicio político y la destitución del juez.

La denuncia de Miguel se concretó cuando el magistrado resolvió en los autos “Meza Jorge Alfredo y otros c/ Municipalidad de Junín s/ Amparo”, condenar a la comuna a que “en el plazo de 24 horas proveyera” a la comunidad “agua de red en las condiciones determinadas por el Código Alimentario Nacional, destacando la existencia de otra medida cautelar en similar sentido, dictada por la jueza Atilia Rinaldi”.

El ex intendente expresó en su presentación que “el juez ordenó que el cumplimiento de su sentencia debía ser inmediato, invocando la imposibilidad material de satisfacer la medida por razones técnicas y materiales.

Fallo en San Nicolás

Ahora, el tribunal nicoleño, integrado por los jueces Cristina Yolanda Valdez, Marcelo José Schreginger y Damián Nicolás Cebey, resolvió “revocar parcialmente la sentencia de la instancia anterior” -el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Junín, condenando al diputado Abel Miguel “al pago de la suma de $ 15.000, más los intereses que se calcularán a partir del 22 de noviembre de 2003, en concepto de indemnización por daño moral”.

En cambio, absolvió a la Municipalidad de Junín, rechazando la demanda en su contra al entender que “fue la decisión personalísima del intendente, sin respaldo alguno del Estado Municipal para avalar dicho proceder, que no puede extenderse la reparación (indemnización) en cabeza de este último en perjuicio de los intereses generales, que en definitiva se verán alcanzados al estar a su vez afectados los recursos municipales”.

Los fundamentos

El tribunal señaló “queda claro” que la denuncia de Miguel contra Peralta Mariscal ante el Jurado de Enjuiciamiento “no se trata del cumplimiento de un deber en ejercicio o con motivo de la función como intendente”.

En otro tramo de la resolución fechada el 16 de octubre de 2008, los jueces fundamentaron que “para que el Estado Municipal esté obligado a responder por el actuar del intendente debe existir una ejecución en lo que haga a la Administración General o bien una autorización normativa previa-entendida en sentido material y amplio”.

En ese sentido añadieron que “no surge de autos que su accionar -el del Intendente- haya sido traducido en una ejecución de tal índole, como tampoco que hubiera sido en pos de la comunidad”.

Al abordar el pedido de juicio político del magistrado, indicaron que “debe tenerse en cuenta que la denuncia no tuvo cabida favorable, y que examinados los fundamentos de la desestimación, hacen colegir que la misma (la denuncia contra Peralta Mariscal) fue producto de una negligencia, al menos de un obrar culposo y como tal, ha causado un daño que debe ser reparado”.

Además cuestionó a Miguel considerando que “no evaluó en forma prudente las consecuencias de su accionar, y ello se evidencia de los fundamentos dados por el Prosecretario de Control Judicial, y que a su vez fueron tenidos en cuenta para rechazar la denuncia” de juicio político.

“Falsa acusación en mi contra”

Al ser consultado por La Verdad, Peralta Mariscal recordó que la condena de Miguel surge luego de haber radicado una “falsa acusación en mi contra por graves delitos funcionales, pidiendo mi destitución como magistrado judicial. Dijo que delinquí en ejercicio de mis funciones, lo que es absolutamente falso, y eso me ocasionó un grave daño moral, que la Cámara decidió reparar con una suma de dinero que si bien es baja en relación a los padecimientos sufridos, por lo menos deja en claro el comportamiento contrario a derecho de Abel Miguel hacia mi persona, aprovechándose de su condición de intendente municipal, lo que es inaceptable”.

El juez, quien actualmente se desempeña como integrante de la Cámara en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, opinó además que “es poco entendible la razón por la cual la Cámara de Apelación no condenó también a la Municipalidad”.

Según Peralta Mariscal, los jueces dijeron, en síntesis, que “Miguel habría excedido su función como intendente y por eso la Municipalidad no quedaba obligada. Jurídicamente es claramente desacertado este aspecto de la decisión, pues Miguel actuó por la Municipalidad y por ende obligándola; sin embargo, no me afecta en absoluto el rechazo de la demanda contra la Municipalidad porque yo no tengo ni tuve nada contra la Municipalidad de Junín, y aunque hubiera sido condenada, jamás le hubiera cobrado un sólo centavo. Tengo muy claro que quien actuó con animosidad hacia mi persona fue Miguel y no la Municipalidad”.

Al ser consultado sobre la demanda contra la comuna de Junín, el magistrado explicó que “sólo fue por razones de estrategia procesal, concretamente para que quedara fijada la competencia contencioso administrativo y no la civil y comercial, como hubiera ocurrido si demandaba sólo a Abel Miguel”.

La estrategia

Al respecto detalló que de esa manera “obtuve dos ventajas estratégicas: al haber sido yo juez civil y comercial de Junín, y al estar propuestos como testigos la mayoría de los jueces del fuero, se iba a generar una interminable cadena de excusaciones que retrasaría enormemente el trámite del juicio. La elección del fuero contencioso administrativo evitó todas las excusaciones, y la causa concluyó en tiempos medianamente razonables”.

Peralta Mariscal afirmó que el otro beneficio fue que “al fijarse la competencia contencioso administrativa, como la Cámara de Apelación del fuero está en San Nicolás de los Arroyos -lo que no ocurre con la Cámara Civil y Comercial, que está en Junín-, me aseguraba de esa forma que la causa no sería decidida en Junín, lo que por un lado me parece objetivamente más prolijo por haber sido yo magistrado en esa ciudad, y por otro lado se alejaban las posibilidades, nunca descartables, de que por las características del personaje demandado y su indudable influencia política en Junín, algún juez de la ciudad pudiera dictar una sentencia que no se ajustara a las pautas objetivas del expediente y pudiere, aunque sea inconscientemente, ponderar la conveniencia o inconveniencia ‘política’ de la sentencia a dictarse. Eso no iba a pasar en San Nicolás de los Arroyos, y de hecho no pasó”.

Comentá la nota