Resolución de la Defensoria pide beneficio de gratuidad a favor de las comunidades indígenas.

El acceso a la justicia debe entenderse como una garantía de igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones estatales, expresaron
La Defensoria del Pueblo de la Provincia de Formosa, mediante una formal actuación envió, en uso de la facultad de "iniciativa legislativa" que posee, conforme lo prevé el art.153 de la Constitución Provincial y Ley 1065/93 de Creación y Competencia de la Defensoría del Pueblo, una Resolución a la Cámara de Diputados de la Nación, mediante la cual se peticiona se dé curso y se apruebe el Proyecto de Ley por el cual se pretende permitir que las comunidades indígenas asentadas en el territorio de la República Argentina y sus Organismos representativos, gocen del beneficio de gratuidad en los procedimientos judiciales y/o administrativos. El beneficio de litigar sin gastos, comprendería únicamente los reclamos vinculados al ejercicio de derechos de "incidencia colectiva". El Defensor del Pueblo de la Provincia, Dr. José Leonardo Gialluca expresó, en los fundamentos de la Resolución, que la reforma constitucional de 1.994 determinó que la República Argentina abandonara las políticas de negación y desconocimiento de los pueblos originarios existentes en el país. Reconociendo la existencia de la diversidad cultural, se incorporo dentro del art. 75º -norma que regula las atribuciones del Congreso-, una cláusula en la que el Estado argentino se comprometió a reconocer y garantizar a los pueblo originarios, los siguientes derechos: respeto a la identidad étnica y cultural de los pueblos, educación bilingüe e intercultural, reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, posesión y propiedad comunitarias de las tierras tradicionalmente ocupadas y otros. Resaltó el Defensor que, en un sentido amplio, el acceso a la justicia debe entenderse como una garantía de igualdad de oportunidades para acceder a las instituciones estatales que generan y aplican normas e imparten justicia.

Señaló además, que en el caso de nuestra Provincia, es la única que a través de un abanico de normativas, se consagran y protegen los más diversos derechos a todas las comunidades aborígenes existentes en nuestra jurisdicción; concurriendo un fuerte compromiso comunitario de continuar construyendo un Estado multiétnico y pluricultural en donde no existan situaciones de desprotección y abandono, que históricamente los pueblos originarios fueron sobrellevando, y es en Formosa donde desde hace décadas, el Estado a través de sus diversas estructuras, encara diferentes políticas públicas tanto a nivel sanitario, de viviendas, educativo y otros, que en su conjunto aseguran jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de los pueblos aborígenes.-

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