La resistencia a la tarjeta escondía el robo en la ayuda social

El 25 % de los beneficiarios del programa de ayuda a desnutridos no retiró la tarjeta. Se entiende que es porque los datos estaban adulterados y era un negocio de cientos de miles de pesos para punteros políticos y sus jefes.
El Gobierno resolvió renombrar a dos planes de ayuda social, el Programa de Refuerzo Alimentario Familiar (Praf) y el Programa Alimentario Familiar (PAF), y rebautizarlos “A la mesa entre todos”. Además, reemplazó la antigua distribución de bonos de canje que servían para adquirir alimentos en los comercios por una tarjeta, a través del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer).

El cambio derivó en un blanqueo de los padrones de beneficiarios: hasta junio último, el Praf, 47 pesos por mes por familia con algún miembro desnutrido, tenía un universo de 21.340 personas; y el Paf, 30 pesos mensuales para grupos familiares en riesgo social, otros 68.005, pero ahora ambos suman sólo 85 mil. Aunque la baja podría ser mayor si se avanza en la detección de una serie de irregularidades, sobre las que ayer se alertó.

La principal, lo que en principio se define en forma oficial como adulteración de datos, hecho que permitió a miles de personas cobrar alguno de esos dos programas de modo irregular.

El titular de Sidecreer, Juan José Canosa, dijo que sobre un universo de 15.600 beneficiarios del Praf, un 31 % no asistió a los lugares de distribución a retirar la tarjeta. La no concurrencia tiene una lectura lineal: algún dato es erróneo, y por tanto, el beneficio no les correspondería.

«Sabíamos que había algunos inventos, pero no pensábamos que eran tantos. Por eso ya el ex ministro (de Acción Social, Gustavo) Bordet empezó con la limpeza de padrones, que siguió (su sucesor, Angel) Giano. Teníamos la sospecha de que había datos que no eran ciertos, o que les faltaba el DNI, o que no tenían domicilio. Hoy la sospecha se concreta: muchas personas que no existen», aseguró.

Más tarde, el subsecretario de Política Alimentaria, César Kerbs, corrigió luego el dato, con la información de última hora de ayer. Un rastreo minucioso permitió establecer que ha quedado sin retirar un 25% de tarjetas correspondientes a ex beneficiarios Praf en toda la provincia. Y un 32 % de tarjetas correspondientes a ex beneficiarios Paf. en las ciudades de Paraná y Concordia, ya que son las únicas ciudades en las que se han distribuido las nuevas tarjetas sociales.

Las primeras denuncias

La punta del iceberg había asomado a fines de mayo último, cuando el Gobierno acudió a la Justicia luego de que se detectaran las primeras irregularidades en los padrones de beneficiarios Praf y Paf en Rosario del Tala.

El 9 de mayo, los presidentes de las juntas de Gobierno de Altamirano Sur, Guardamonte y Durazno alertaron a Acción Social respecto a que los padrones de beneficiarios de los programas Paf y Praf contenían «un número de personas no conocidas en su zona y que superaba ampliamente a los beneficiarios reales o históricos». O sea, beneficiarios truchos.

«Las personas desconocidas —señaló el escrito que entonces presentó el Gobierno en la Justicia— carecían de planillas de alta provenientes de un centro asistencial, de DNI, o eran menores de edad y no contaban con un tutor mayor responsable, así como tampoco presentaban datos antropométricos, ni diagnósticos realizados por médicos responsables, de conformidad con lo exigido por el marco jurídico que regula dichos programas».

A la justicia

Los planes Praf y Paf funcionan con financiamiento nacional, unos 3 millones de pesos al mes, y en el nuevo esquema de ayuda que ideó el Gobierno con asistencia de la Nación se elevó el beneficio económico que llega a familias en situación de pobreza: el Praf pasó de 47 a 80 pesos por mes, y el Paf, de 30 a 50 pesos.

El subsecretario de Políticas Alimentarias admitió que el cambio de sistema de asistencia permitió detectar irregularidades, pero optó por la prudencia. «Nos hemos encontrado con algunos problemas en los números de documento de los beneficiarios, pero vamos a hacer cruces de información para verificar qué es lo que pasó. Pudo haber errores de tipeo», consideró.

«Eso que dice Canosa lo vamos a corroborar. Es verdad que se han detectado esos casos en los padrones, pero pueden ser por deficiencias», añadió. La piedra de toque la arrojó Canosa ayer al hablar por la radio oficial LT14, al sostener que se detectaron irregularidades en los padrones de beneficiarios Praf y Paf: en Paraná hubo 3.000 tarjetas de los Paf y 5.000 de los Praf que no fueron retiradas por sus titulares.

Se estima que en el 90% de los casos, las identidades estarían adulteradas ya que figuran como beneficiarios personas desconocidas.

Más tarde, Canosa siguió en la misma tesitura y fue más allá. Dijo que el camino que debería seguirse es el de la denuncia judicial. «No sé qué hará el ministro (de Salud y Acción Social, Angel Giano), aunque sabiendo cómo actúa, habrá una presentación a la Justicia. Desde Sidecreer vamos a elaborar un informe de lo ocurrido. Y el consejo nuestro será que derive las actuaciones a Fiscalía de Estado o a la Oficina Anticorrupción para que se haga la denuncia judicial pertinente», afirmó.

Un filtro al clientelismo

La entrega de la tarjeta social, un sistema que reemplaza a los bonos de ayuda alimentaria —cuya instrumentación se había anunciado en 2005, cuando estalló el escándalo de la quema de alimentos vencidos destinados a ayuda social— parece ser un camino válido para evitar el clientelismo.

Los requisitos que se impone a los beneficiarios ayudan a seguir ese camino. En los operativos de distribución del plástico de Sidecreer, se entregan las tarjetas unicamente al titular, quien debe concurrir a retirarla con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

En caso de no tener DNI, se presenta la constancia de denuncia policial correspondiente.

La tarjeta sólo puede emplearse para la adquisición de productos alimenticios o afines a la seguridad alimentaria, en los comercios del rubro adheridos a Sidecreer. En ningún caso, puede ser usada para la compra de productos que no tengan que ver con la obtención de una alimentación equilibrada.

Sólo puede ser utilizada por el titular de la prestación, cuyo nombre figura en el frente de la tarjeta.

Una vez que se acredita el saldo de la tarjeta, el titular puede concurrir a los negocios adheridos a Sidecreer y realizar sus compras.

Al momento de pagar, entrega al comerciante el plástico y su identificación, para que éste ingrese los datos de la compra por el sistema de autorizaciones telefónico y confeccione el cupón correspondiente, o pase la tarjeta por el sistema de autorizaciones online, conocido por el nombre comercial Posnet.

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