El PJ resiste el pacto fiscal de Vidal: de los 52 que firmaron, sólo 9 son peronistas

El PJ resiste el pacto fiscal de Vidal: de los 52 que firmaron, sólo 9 son peronistas

El acuerdo prevé un control de gastos y contrataciones a cambio de ayuda de Provincia y Nación. Los más rebeldes son los ultra K y algunos aumentaron sus plantas de empleados.

A poco más de dos meses de su aprobación en la Legislatura, 52 municipios de los 135 que integran la provincia de Buenos Aires firmaron la adhesión al pacto fiscal propuesto por la gobernadora María Eugenia Vidal. Sólo nueve son peronistas.

En líneas generales, la Ley de Responsabilidad Fiscal establece límites a las cuentas de las comunas. Estipula que la planta de personal no puede crecer más de la población, que la deuda del municipio no debe superar el 8% de los gastos corrientes y que el gasto no tiene que aumentar más que la inflación. A cambio de eso, la Provincia les permite tomar deuda para inversión y recibir asistencia en caso de “imprevistos”.

Considerando que la ley fue promulgada el 7 de diciembre, en la Provincia son optimistas. “Es un mes donde los Concejos Deliberantes (son los de que deben votar la adhesión de su municipio) están en receso, es un resultado muy positivo, van a adherir casi todos”, afirmaron fuentes cercanas al ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza. Incluso aseguran que algunos jefes comunales llamarán a sesiones extraordinarias para tratar el tema.

Hasta ahora, la gran mayoría de los municipios firmantes pertenece a Cambiemos. Según fuentes provinciales, son nueve los jefes comunales peronistas que adhirieron: Néstor Álvarez, de Guaminí; Roberto Álvarez, de Tres Lomas; Mario Ishii, de José C. Paz; Hugo Corvatta, de Saavedra; Gustavo Barrera, de Villa Gesell; Walter Festa, de Moreno; Hernán Y Zurieta, de Punta Indio; Jorge Cortés, de Hipólito Yrigoyen y Marcos Pisano, de Bolívar.

Parte de ellos lo hicieron necesitados de aplacar sus cuentas en rojo. De hecho, Festa -que es camporista- e Ishii -del PJ- formaron parte de los 31 municipios que en diciembre pidieron auxilio para poder pagar sueldos.

“La ley es explícita. Si no se firma no hay posibilidad de ningún tipo de ayuda de Nación ni de Provincia. Ni siquiera se puede sacar un leasing para comprar maquinarias”, explican allegados a la comuna de Moreno. “Además, los parámetros no son distintos a los que nos habíamos trazado como objetivo. Hay coincidencia de intereses”, justifican.

Pero aquellos que no necesitan salvataje o tienen autarquía financiera están indignados con la medida. “Ponen un comisario político a la gestión. Formalizan lo que tanto criticaban del kirchnerismo”, se quejan en un distrito ligado al cristinismo.

Los intendentes “dialoguistas” del PJ analizan con preocupación la situación y conversan entre ellos sobre qué postura tomar. Varios creen que es inconstitucional y viola la autonomía de los municipios.

“No prevé ninguna mejora real para los municipios ni incentivo positivo. Sólo condicionamientos a la autonomía municipal”, dice a Clarín el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y remarca: “Los intendentes que administramos con seriedad necesitamos colaboración nacional y provincial. No deberíamos ser perjudicados por nuestras posiciones políticas. Queremos que distribuyan con equidad los nuevos recursos”.

Por su parte, un grupo de jefes comunales del Interior se opone rotundamente al consenso fiscal que, aseguran, los perjudica “sustancialmente”. Ya se reunieron varias veces para elaborar una propuesta alternativa.

“Aunque firmemos, la discriminación que ya existe entre las municipios de Cambiemos, los del PJ dialoguista y los que somos opositores no va a cambiar. Los beneficios se los quedan los que levantan la mano a favor del Gobierno”, protestó Francisco “Paco” Durañona, de Areco.

Mientras tanto, algunos “rebeldes” no sólo lo rechazan el pacto, sino que desafían a la gobernadora. Los ultra K Jorge Ferraresi (Avellaneda) y Mario Secco (Ensenada) anunciaron incorporaciones de empleados al municipio y generosos aumentos.

Desde Provincia, todavía no fijaron un plazo para adherir, un punto clave para acelerar las decisiones, aunque se muestran implacables. “La adhesión es voluntaria, pero es requisito para poder endeudarse y hacer obras. El que no quiera adherirse porque no quiera arreglar sus déficit y seguir subiendo el empleo público, podrá hacerlo, pero tendrá que explicarles a sus vecinos que le va a subir las tasas para financiar su exceso de gasto”, plantean.

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