“Los residuos peligrosos los genera una industria médica que genera plata, que es rentable. Entonces, odontólogos o geriátricos que pagan entre 170 y 200 pesos por mes por un tratamiento de un residuo diferencial, creo que son sectores que deberían aportar muchísimo más, porque además están pagando por algo que es deficitario desde que nace”.

El que hace la propuesta, en medio del debate sobre cómo debe tratar Santa Rosa los residuos patológicos que genera, es Pablo D’Atri, uno de los expositores durante la audiencia pública que derivó en que la gestión municipal desechara la instalación del horno pirolítico.

D’Atri es periodista ambientalista, editor del suplemente especializado ECO y hombre de consulta del municipio en estas temáticas, según reveló el secretario de Gobierno, Obras y Servicios Públicos Javier Schlegel.

“Cuando podamos cuantificar lo que sognifica un correcto proceso de residuos patogénicos y lo que se paga actualmente... Hay que hacerse cargo de lo que genera cada uno y pagarlo. No se trata de un sector marginal de una villa miseria, estamos hablando de una industria médica, y que paguen dos o tres mil pesos mensuales los privados, los sanatorios o las clínicas, es muy poco. Si en verdad están preocupados por los residuos de este tipo, cuesta”, aseveró D’Atri durante una entrevista que le hicieron en el programa Periodismo Turno Tarde (www.radiokermes.com).

“Todas las gestiones”

D’Atri recordó que “antes de la audiencia pública habíamos manifestado reparos a la incineración. Yo he sido muy celoso respecto del tema de cómo se arma el relato” que ha existido en torno a la cuestión del horno pirolítico, la incineración y demás.

“Si la onda era sacar trapitos al sol, todas las gestiones tenían el culo sucio. Yo durante la audiencia ví que se pasaban demasiadas facturas y al margen del ‘no a la incineración’ no hubo propuestas muy grosas. Es un tema que demanda una madurez política de la dirigencia”, apuntó.

“Se manifestaron un montón de cosas en torno a la incineración, que se hizo con gestiones de distinto color. Incluso la que se hacía después de 2008 era totalmente deficitaria, con un horno que había caducado su vida útil. Ese es un solo problema. El de los costos es otro tema y hay un gran debate en torno a de quién es la responsabilidad. Hay que asumir el tema políticamente”, insistió D’Atri.

Añadió que “antes sólo se informó sobre la situación, es muy auspicioso que se haya hecho la primera audiencia pública. Me alegro que se hayan tomado en cuenta las opiniones, sacar la incineración del medio es interesante, pero estamos hablando de un servicio que vale más de 100 mil pesos por mes”, recordó.

D’Atri destacó que “el autoclave lo que genera es sacar la infección del medio, pero no reduce el volumen, cosa que hacía el horno. Está el problema del tipo de composición del residuo. Hay que conformar una comisión técnica que haga una evaluación integral, se dice que del 80% de los residuos ni siquiera se justifica el tratamiento de autoclave. A veces van botellas de gaseosa, o hasta yerba, eso no tiene sentido”.

A su criterio, “debería empezar a hacerse una selección en origen, comprometer, legislar, hay que hacer un seguimiento de las bolsas, quién las genera, aplicar multas altísimas. Desde hace 15 o 20 años no existe ningún protocolo general, hay que hacer un laburo de relevamiento, un compromiso... a los privados nunca se los menciona. La ausencia de Salud de la provincia es real, pero tampoco estuvieron los intendentes de otras localidades que mandan sus residuos, ni representantes de los dos colegios, ni odontólogos, ni veterinarios. Lejos de histeriquear hay que ver cómo hacemos para meter a todo el mundo en la problemática”.

“La Universidad viene participando con su trabajo, es una buena iniciativa, hay que ahondar esa mecánica, es una herramienta fundamental. Pero hay muchos temas de debate. Hace 5 años que se habla de la emergencia, se produjo la explosión en 2011, no hay que histeriquear más. Es un tema muy complejo, pero hay que buscar soluciones a los problemas más que plantearlos para que nadie se haga cargo. Los trabajadores que manipulan, son 10 empleados a los que si bien se les mejoró la condición muchísimo, aun así deben ser categoría 5 y manipulan residuos peligrosos”, completó.