Residuos patológicos: las clínicas y sanatorios tienen abultadas deudas con el municipio

Residuos patológicos: las clínicas y sanatorios tienen abultadas deudas con el municipio
El exconcejal y dirigente ambientalista Leandro Altolaguirre dijo que el gobierno provincial “es el actor ausente” en el debate sobre qué hacer y cómo con los residuos patológicos.
Las clínicas y sanatorios a los que la Municipalidad les presta el servicio de tratamiento de residuos patológicos mantienen con el Estado abultadas deudas de la tasa que se los aplica por ese concepto.

Así lo recordó el exconcejal y dirigente ambientalista de la Asociación Alihuén, Leandro Altolaguirre, en medio del debate generado a partir de que las exposiciones en una audiencia pública llevaron a la gestión local a determinar que no se instale en nuestra ciudad el horno pirolítico.

Ayer El Diario informó acerca de la propuesta de algunos sectores para que la tasa que pagan los privados que generan residuos patológicos se vean incrementadas. Pero resulta que no sólo son tasas de fácil acceso, sino que además en una buena proporción ni siquiera las están pagando. Las deudas son abultadas y antiguas, aunque no se conocen públicamente con precisión.

Esa tasa se cobra por la recolección y tratamiento de residuos infecciosos. No es fija, sino de acuerdo al volumen que entrega cada generador, precisó Altolaguirre. La tasa está establecida por la Municipalidad. Depende de la cantidad de kilos por mes o por año. “Eso sí: hay algunos generadores importantes que tienen deudas abultadas, que no pagan”, insistió el dirigente del FrePam.

En setiembre del año pasado, se difundieron datos de la deuda que en ese entonces tenían las firmas privadas por la tasa de residuos patológicos.

Los mayores deudores eran el Sanatorio Santa Rosa ($ 283.072,33) y FAERAC ($ 248.500), según difundió el sitio Plan B Noticias.

“La ley dice que los residuos patológicos pertenecen a sus generadores, por lo tanto al sistema público y al sistema privado de salud. Es decir: las clínicas son responsables de sus residuos. La Municipalidad lo que hace es prestar un servicio del que no tiene la obligación”, dijo Altolaguirre.

Agregó que “el gran problema que hay es que esto corresponde a una órbita provincial. Para poder tener una correcta política sanitaria, el municipio no puede supervisar, el poder de policía lo tiene Salud de la provincia. La compra de suministros, insumos, lo que genera residuos infecciosos como destino final”.

El referente de Alihuén insistió en que “la idea es que los residuos que se generen sean lo más amigables posible con el ambiente, pero esas políticas no las puede implementar el municipio. El actor ausente hasta el momento ha sido el gobierno provincial. Antes había un convenio, donde la provincia suministraba ciertos recursos. Ahora se avanza sólo de palabra”.

También advirtió que “los residuos infecciosos deben ser tratados in situ, para que no tengan un tránsito en la ciudad”.

También hizo notar que “el personal trabaja con extremo peligro de verse afectado, en condiciones de total precariedad, en el principal centro de salud de la provincia, más allá de que sea un sitio donde se depositan los residuos”.

“Se habían olvidado”

En otro orden de cosas, Altolaguirre planteó tras el anuncio municipal de que no se instalará el horno pirolítico que “teníamos toda la confianza”.

“La realidad es que el municipio convocó a la audiencia que en realidad se había olvidado, porque ya había llamado a licitación”, añadió.

Reveló que se hicieron las advertencias de que “si no se avenían a la norma, lo que nos quedaba una vez agotado el planteo administrativo era recurrir a la Justicia, no es una cuestión de opinión sino una norma que había que respetar”.

Acerca del tratamiento de autoclave y la compatación de residuos, explicó: “Este sistema es lo que planteamos hace 15 años, previo a que se pusiera el horno pirolítico, no es algo nuevo. Cuando comenzamos esta lucha se sabían los problemas de la incineración de los residuos patológicos, las sustancias cancerígenas. Todas estas cuestiones ya se habían planteado y acudimos en su momento a la justicia y al defensor del pueblo de la Nación. Tardaron bastante las autoridades, pero más vale tarde que nunca”.

Apuntó que “poner un esterilizador resuelve el problema de los residuos infecciosos, con el autoclave se logra transformar residuos patológicos en no infecciosos, para ser tratados como residuos domiciliarios”.

Altolaguirre insistió en que la Municipalidad “se había olvidado de hacer la audiencia y nos enteramos que los técnicos de la Universidad actuaron como responsables técnicos de la Municipalidad solicitando la excepción de la audiencia pública a la Provincia. La Subsecretaría de Ecología dio la excepción, les aprobó un informe de impacto ambiental, como un borrador. Por eso el procedimiento avanzó en la licitación, se habían olvidado de que también por ordenanza municipal tenían la obligación de la audiencia”, completó.

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