El intendente Carlos Fernando Arroyo aseguró que denunciará al juez de Garantías Alejandro De Marco por haber impedido el desalojo de las personas que se manifestaron en el Predio de Disposición Final de Residuos. “El Juez da preeminencia a una protesta equivocada de 10 personas contra la salud de toda la ciudad”, sentenció el jefe comunal.

“Voy a hacer una presentación ante el Colegio de la Magistratura, porque considero que la sentencia no tiene pies ni cabeza, no tiene ninguna lógica interna. Así no puede seguirse, nosotros no hicimos nada. Es evidente la intención política de introducirnos en un campo que no tuvimos nada que ver”, manifestó Arroyo durante una conferencia de prensa sobre la decisión de De Marco, que había dicho que el pedido de desalojo demostraba “la impotencia del Ejecutivo para resolver el conflicto”.

En otro orden, el magistrado había señalado que “frente al reclamo de un grupo de no más de 10 personas que sobreviven en los márgenes de la marginalidad, comiendo los desperdicios de restoranes y los alimentos vencidos de los supermercados, la única respuesta de la agencia ejecutiva local no puede ser la solución del conflicto en el campo punitivo”. Al respecto, indicó que la medida de desalojo hubiera significado “incurrir en aquellos vicios, sino que el problema persistirá y seguramente recrudecerá”.

En otro orden, el magistrado había señalado que “frente al reclamo de un grupo de no más de 10 personas que sobreviven en los márgenes de la marginalidad, comiendo los desperdicios de restoranes y los alimentos vencidos de los supermercados, la única respuesta de la agencia ejecutiva local no puede ser la solución del conflicto en el campo punitivo”. Al respecto, indicó que la medida de desalojo hubiera significado “incurrir en aquellos vicios, sino que el problema persistirá y seguramente recrudecerá”.

Asimismo, el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro se refirió a la fiscal Lorena Hirigoyen, que en un principio había solicitado el desalojo de los manifestantes porque no permitían el ingreso y el egreso de los camiones de recolección de residuos –y que el juez había rechazado por considerar que aún se debían agotar las vías conciliatorias para arribar a una solución pacífica-. En esta línea, sostuvo que el Juez se “equivocó en su decisión” y “faltó a la verdad” al decir que el Ejecutivo “impuso la denuncia penal buscando una solución punitiva por sobre el diálogo o consenso político”.

Por su parte, el jefe comunal arremetió contra el Juez y cargó contra su decisión de haber impedido el desalojo. “El Juez cuando dice que comen comida vencida o basura, yo no sé nada de que haya tomado indagatoria a nadie para ver que come. Voy a hacer la denuncia que corresponde”, aseguró Arroyo, que además aseguró que “impedir un servicio público viola el artículo 194 del Código Penal”.

En esta línea, el intendente sostuvo que “protestar no significa generar una situación de salubridad pública peligrosa para un millón de personas” y, luego, se preguntó: “Si se hubiera largado a llover con toda la basura en la calle, ¿que podría haber pasado?”.

“El riesgo que corrió la ciudad fue enorme. Fue una medida irracional que no hay ningún derecho a que una ciudad se someta a esa medida porque a 10 individuos se les ocurra, porque hay formas de peticionar”, finalizó Arroyo.