El gobernador Domingo Peppo se reunió con las distintas áreas del gobierno provincial que llevan adelante el proceso de titularización de tierras de la zona de Reserva Grande, el cual será una “reivindicación de derechos de los pueblos aborígenes” que habitan el suelo chaqueño.

Junto al mandatario, la presidenta del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) Andrea Charole, el presidente del Instituto de Colonización Walter Ferreyra y el Fiscal de Estado Luis Alberto Meza, ratificaron el trabajo conjunto para lograr la titularización de 300 mil hectáreas de tierras distribuidas equitativamente entre los 3 pueblos originarios y otras 63.800 para los pobladores criollos que habitan el lugar hace muchos años, con lo cual los pobladores originarios no se ven despojados de ninguna mínima porción de tierra "como determinados sectores interesados pretenden hacer creer".

“Estamos avanzando en la reivindicación a la comunidad indígena, acompañando su propia decisión”, subrayó la titular del IDACH Andrea Charole, al tiempo que se refirió al proceso de consulta realizado durante el año pasado para consensuar que los aborígenes compartan las tierras con las familias criollas que viven en el lugar y que consistió en 15 audiencias sucesivas. “Trabajamos durante un largo tiempo, haciendo consultas y reuniones ampliadas en distintos puntos de la provincia con las distintas comunidades para lograr que tanto criollos como el sector indígena puedan convivir con la paz social, que es lo que bregamos”, expresó.

Charole indicó que “no fue fácil” de llegar al consenso pero que “la comunidad pudo tener la sensibilidad de que los hermanos criollos permanezcan en la zona”, evitando su desarraigo ya que son campesinos que hace más de 70 años viven y trabajan allí. “Fue una decisión propia de la comunidad”, enfatizó y explicó que en la actualidad, en la zona de Reserva Grande habita sólo la comunidad Wichí, y más de 220 familias criollas.

De esta manera, el Ejecutivo provincial avanza en el proyecto de titularización, en base a lo que aprobaron las etnias Wichí, Qom y Mocoví en la gestión de gobierno anterior, y que estipula la subdivisión de cien mil hectáreas para cada comunidad, la desafectación de caminos, canales, anexos escolares, puestos sanitarios, la regularización de los pobladores criollos por parajes y la conservación del Parque Provincial de Fuerte Esperanza.

Cabe recordar que el artículo 169 de la OIT reconoce que deben entregarse tierras de igual dimensión y calidad, con lo cual este proceso cumple plenamente. Asimismo, el proceso de titularización está avalado tanto por el organismo provincial IDACH, como por el organismo nacional Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

“El Estado va a estar reivindicando el derecho de las comunidades, bregando por la convivencia entre aborígenes y criollos”, aseveró Charole. “Tenemos que estar unidos como pueblo. Nuestro Chaco tiene diversidad de culturas y trabajamos para que se pueda concretar la convivencia y la paz entre hermanos”, manifestó.

La entrega de títulos, de lo que será la reserva aborigen más grande de Latinoamérica, se realizará en las próximas semanas, cuando concluya el proceso de mensura que lleva adelante el Instituto de Colonización, y las comunidades estén constituidas en figuras jurídicas para poder recibir las escrituras.

 

MADUREZ DE LOS PUEBLOS

El presidente del Instituto de Tierras, Walter Ferreyra, destacó el trabajo del Estado para lograr la titularización tan esperada por los pueblos criollos y originarios. “Hay que reconocer la madurez de estas comunidades que llegaron a un acuerdo que beneficia a ambos pueblos, a través de audiencias públicas”, destacó el funcionario. Y precisó que la entrega de títulos podría efectuarse en un mes aproximadamente.

“Estos pueblos han reconocido a sus vecinos y sus derechos; pretenden vivir en comunidad y unidad; es un hecho digno de destacar”, resaltó en referencia a los pueblos originarios que reconocieron los derechos de los criollos que habitan dichas tierras desde hace largo tiempo.

Por último, señaló que “no hay antecedentes en Latinoamérica de un Estado provincial que reconozca los derechos de los pueblos originarios en gran magnitud -300 mil hectáreas- como lo hizo Chaco”.