Requisitos para devolver autos secuestrados por alcoholemia

Los vehículos remitidos al corralón municipal no se entregarán a sus propietarios sin audiencia previa en el tribunal de faltas.
El doctor Ricardo Germani aseguró, ayer, que, como es norma en el tribunal de faltas, los vehículos secuestrados por alcoholemia no será entregados sin audiencia pública.

De tal manera, a los conductores de la importante cantidad de rodados incautados en los distintos procedimientos realizados en la noche del 24, se les complicará el trámite de entrega, en razón de los feriados que se avecinan.

Los operativos de control de tránsito efectuados durante la Navidad arrojaron un saldo de 21 vehículos secuestrados, además de algunos episodios de violencia protagonizados por automovilistas que se resistieron a las inspecciones.

El jefe del Cuerpo Unico de Inspectores, Lucio Maslein, aseguró que "se incautaron los rodados, principalmente por el elevado porcentaje de alcohol en la sangre de los conductores".

Los mayores inconvenientes se produjeron en el sector de locales bailables situados en la avenida Cabrera y en la intersección de las calles Drago y 1810.

El episodio más virulento estuvo a cargo de un automovilista, presuntamente alcoholizado, quien trató de impedir el secuestro de su rodado e, incluso, amenazó con incendiar el vehículo con un bidón de combustible.

Finalmente, la intervención de fuerzas del orden logró persuadir al irascible conductor.

Con los días contados

El juez de faltas Ricardo Germani explicó que, en el caso de los rodados secuestrados por infracciones que no tienen relación con la alcoholemia, la sola presentación de la documentación en orden alcanza para la restitución de los vehículos, previo pago de la multa correspondiente.

"La cosa cambia cuando la causa del secuestro es la alcoholemia, porque hay una responsabilidad mayor del conductor y, si el dosaje es importante, generalmente, termina condenado.

"También hay que tener en cuenta que, además de la pena principal, está la accesoria, que es una inhabilitación por seis meses para conducir, tiempo en el que el sujeto pierde su licencia", indicó.

En tal sentido, Germani explicó "todo esto tiene que ser plasmado en el mismo momento en que se evalúa la restitución del vehículo, por lo que, si no hay audiencia, no puede entregarse el rodado".

El magistrado destacó que el tribunal atenderá hoy, de 9 a 12, por lo que "podrá realizarse la restitución de estos vehículos, al igual que los dos días hábiles de la semana venidera, siempre y cuando tanto el doctor Hugo Caimani como yo tengamos tiempo de tomar audiencias en forma simultánea.

"En el peor de los casos, es decir, que quedara un remanente de rodados para restituir, en el primer turno de enero, del 2 al 15, inclusive, que está a cargo mío, excepcionalmente se habilitaría la feria para tomar audiencias", agregó.

Reconoció Germani que, tras la experiencia de Navidad, los operativos de fin de año seguramente incrementarán la tarea del tribunal de faltas.

"Cuando los secuestros los realizaba la policía, la modalidad era que, más allá de que el conductor estuviera en estado de ebriedad, bastaba con que uno de los acompañantes estuviera sobrio para que asumiera la conducción y el vehículo pudiera seguir circulando.

"Ahora, en cambio, no sucede esto, porque entendemos que, si el conductor está ebrio, debe imputado ser como infractor y el vehículo, necesariamente, tiene que ser secuestrado", resaltó.

Tras manifestarse en un todo de acuerdo con la intensificación de los controles de tránsito, Germani admitió que los juzgados de faltas afrontan algunas dificultades, a la hora de plasmar sus fallos.

"Suele suceder que las sentencias condenatorias por alcoholemia, a pesar de que el dosaje sea importante y esté obtenido a través de una prueba objetiva y científica, porque hay un médico presente, están enmarcadas por el decreto 40, que, para la justicia penal, no tiene condición de ley y, por tal motivo, no es constitucional.

"De tal manera, los tribunales penales revocan la sentencia, hecho que no nos permite seguir adelante con la campaña de concientización, además de impedir que el municipio cobre la ejecución del fallo", acotó.

Según el juez, así planteadas las cosas, "resulta en vano el esfuerzo del municipio, poniendo recursos humanos y los fondos necesarios para la realización de los controles, además de la gran acumulación de trabajo que se produce en el tribunal.

"Las resoluciones de los tribunales penales tienen sustento jurídico, pero el problema es que, para la justicia de faltas provincial, el decreto de aplicación es ley obligatoria.

"Estas cuestiones técnicas generan dificultades a la justicia de faltas y, por otra parte, coartan multas que, por sus montos, deberían implicar una lección para el infractor", subrayó.

Finalmente, se esperanzó en que, con la inminente puesta en vigencia de la nueva ley de Tránsito, "esperamos que la justicia penal no siga realizando observaciones de esta naturaleza".

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