Repudian en el Congreso los superpoderes policiales

Repudian en el Congreso los superpoderes policiales
Los diputados de UP advirtieron que se dará carta blanca a una Policía con antecedentes de apremios y torturas.Graciela Iturraspe, Claudio Lozano y Liliana Parada denunciaron que en Salta se verán afectadas garantías.
La preocupación generada por la reforma procesal que habilita a policías salteños a requisar personas y vehículos sin que lo ordene un juez, traspuso los límites de la provincia. Mediante un proyecto de resolución que ingresó a la Cámara de Diputados de la Nación, el bloque de Unidad Popular (UP) rechazó las atribuciones conferidas por la ley que se aprobó en Salta, a instancias del Ejecutivo, y advirtió sobre los peligros que encierran para el Estado de derecho y las garantías constitucionales.

Con la iniciativa que presentó la diputada bonaerense Graciela Iturraspe, junto a sus pares Claudio Lozano y Liliana Parada, la bancada de UP manifestó su preocupación ante la reforma del Código Procesal Penal que sancionó la Legislatura salteña, con un tratamiento meteórico, para facultar a uniformados a revisar cualquier persona o vehículo, que consideren en estado de sospecha, sin autorización ni control de un juez de garantías.

Malos antecedentes

Los legisladores del frente progresista remarcaron que la norma que el gobernador Juan Manuel Urtubey promulgará de un momento a otro “otorgará más poder a la Policía en Salta, una institución que tiene miembros vinculados a delitos como narcotráfico, torturas y apremios ilegales”. El proyecto de resolución pone de relieve que los superpoderes fueron conferidos al organismo de seguridad, por las mayorías oficialistas en diputados y senadores, “a una semana del homicidio de Gabriel Mura Ortíz, quien recibió una bala de plomo tras un atropello policial”. La iniciativa que entró al Congreso subraya que por ese crimen hay cuatro uniformados detenidos.

Al respecto de los propósitos que invocó el Gobierno salteño para los ampliar poderes de la Policía provincial, la diputada Iturraspe sostuvo que “la persecución de la venta minorista no va a terminar con el flagelo” del narcotráfico.

La psicóloga social oriunda de Dolores, quien llegó a la Cámara de Diputados de la Nación en 2009 tras una larga actuación en defensa de los derechos humanos, hizo notar que los superpoderes policiales no son hoy la única preocupación. “Organismos de derechos humanos de la provincia de Salta objetan que, a partir de ahora, el imputado tendrá que declarar obligadamente ante el fiscal, que es el que tiene la misión de condenarlo, en lugar de declarar ante un juez o tribunal imparcial. Nos sumamos a esta crítica porque así lo prevén la Constitución y los pactos internacionales a los que Argentina está adherida”, puntualizó Iturraspe.

Libres del Sur

En igual sentido se pronunció en Salta el movimiento Libres del Sur. “Detrás de la farsa de terminar con el narcotráfico, se están vulnerando la Constitución y derechos consagrados por el Pacto de San José de Costa Rica”, denunció la agrupación política. Uno de sus referentes, Carlos Morello, ex titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja provincial, sostuvo que darle superpoderes a una Policía que origina una denuncia diaria por atropellos es una decisión “muy peligrosa”.

La reforma procesal no sólo generó reacciones en ámbitos políticos, gremiales y de organizaciones civiles que luchan contra diferentes formas de discriminación, abusos y violencia. También hubo duros pronunciamientos los colegios que nuclean a abogados y psicólogos en Salta.

Debaten abogados,

jueces y fiscales

Hoy y mañana se desarrollará en Mitre 23 un congreso provincial de derecho procesal penal, con la participación de abogados, fiscales, jueces, defensores oficiales y catedráticos de la materia.

El encuentro, organizado por la Escuela para Graduados que tiene el Colegio de Abogados de Salta y que preside Eduardo Romani (foto), se prestará para el tratamiento de temas que mucho preocupan por estos días, como las facultades entregadas a la Policía para hacer requisas sin autorización de de jueces.

La agenda del congreso, precisamente, anuncia conferencias sobre medidas coercitivas, aprehención, flagrancia, detención, prisión preventiva y libertad durante el proceso, entre otros temas de interés. La apertura estará a cargo del presidente de la Escuela, Humberto Burgos, a las 16. Como cierre de las actividades, habrá exposiciones finales de docentes de la Escuela, entre los que cuentan el juez Pablo Farah y los abogados penalistas Víctor René Martínez, José Teseyra y Javier Araníbar.

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