Los represores dilatan el juicio y guardan silencio

Luego de que los seis imputados se abstuvieran de declarar, mañana se iniciará la cuarta jornada con la lectura de sus indagatorias en la etapa de instrucción. La defensa objetó la composición del Tribunal y también al fiscal Suárez Faisal.
La tercera audiencia del juicio por delitos de lesa humanidad en Santa Fe se consumió ayer entre chicanas jurídicas, el incidente con un querellante, José Schulman, a quien el abogado de un represor pretendía que el Tribunal Oral lo obligara a desprenderse de la foto de una docente desaparecida, Alicia López, que porta en su pecho desde que comenzó el juicio (ver aparte). Y la negativa de los seis imputados a declarar. El ex juez Víctor Brusa y sus compañeros de banquillo: Mario Facino, Héctor Colombini, José Calixto Perizzotti, María Eva Aebi y Eduardo Ramos, rechazaron el derecho de ser indagados por el Tribunal, por lo que mañana, la cuarta audiencia arrancará con la lectura de sus indagatorias en la etapa de instrucción.

Ayer era el día de las cuestiones preliminares. El defensor oficial, Favio Procajlo, abrió con una batería de planteos: cedió la palabra a su segundo, Fernándo Sánchez, para que cuestionara la composición del Tribunal Oral porque está integrado por dos conjueces: Carlos Renna y Andrea Alberto de Creus. Pero después, recusó al jefe de los fiscales, Martín Suárez Faisal; impugnó la unificación de querellas, reprochó el requerimiento de elevación a juicio de Schulman y hasta pidió la extinción de la acción penal para sus defendidos: Brusa y Aebi. Su colega y defensora oficial, Judith Didier, no se quedó atrás: atacó la actuación del ex conjuez que elevó la causa a juicio oral, Leandro Corti, porque después de renunciar al cargo firmó una solicitada de apoyo a los juicios de lesa humanidad ya como secretario de Asuntos Penales de la provincia; y esgrimió que el segundo secuestro de Schulman, el 22 de noviembre de 1977, y los tormentos que sufrió en la comisaría 4ª, por los que el querellante imputa a una banda de policías que integraba Ramos eran "cosa juzgada".

El Tribunal rechazó todos los planteos del defensor Procajlo y sus pupilos. Y lo hizo por unanimidad. Lo que significa que ratificó su integración, confirmó al fiscal Suárez Faisal, convalidó el requerimiento de elevación a juicio de Schulman. Y quedó a la espera de que Didier presente en la causa los documentos que acrediten la supuesta "cosa juzgada" con la que pretende beneficiar a Ramos.

El debate se puso más tenso cuando Procajlo planteó la "extinción de la acción penal" contra Brusa y Aebi porque se habían "violado sus derechos constitucionales de ser juzgados en un plazo razonable". Y repasó algunos episodios que dilataron la causa: siete jueces en la etapa de instrucción, dieciocho que se excusaron o los recusaron para integrar el Tribunal Oral y siete años de trámites. "Los hechos son graves, pero la causa no es tan compleja", dijo Procajlo al achacarle la responsabilidad de la demora de los siete años a la Justicia de Santa Fe y se jactó de haber intervenido en otras investigaciones de crímenes de lesa humanidad en San Nicolás y en Rosario, en el caso de la Quinta de Funes, donde hay más imputados. "Esas eran causas más complejas que ésta", tiró el defensor de Brusa y Aebi.

Uno de los abogados querellantes, Guillermo Munné, reaccionó con ironía. Sabe que Procajlo asumió su cargo de defensor oficial hace sólo cuatro meses, así que le recordó "la trama de relaciones profesionales y funcionales" que rodeaba a Brusa y "el escándalo institucional" que se desató en Santa Fe cuando se lo llevó al banquillo de los acusados. "El hecho de llevar a juicio a alguien que era funcionario judicial cuando cometió los crímenes de los que lo acusamos y luego se desempeñó como juez federal de Santa Fe determina una complejidad indisimulable de esta causa", retrucó Munné.

"Todo lo que ha ilustrado el defensor oficial. Los motivos, sucesos o episodios de dilación de la causa fueron todas las excusaciones de magistrados y posibles jueces intervinientes que tienen como determinante, justamente, esta circunstancia: que el autor de crímenes de lesa humanidad que hoy estamos llevando a juicio fue durante largos años funcionario judicial y juez federal. Entonces, ¿cómo se puede decir que estamos ante una causa relativamente no compleja?", se preguntó el abogado. Procajlo escuchaba con atención, pero no podía controlar sus movimientos hiperquinéticos.

"Nosotros hemos reclamado todo el tiempo celeridad en el juicio. Y que la impunidad que los ha demorado no se vea reforzada ahora por el avance de la edad de los imputados. Está claro que la parte querellante es absolutamente ajena a toda situación dilatoria", insistió Munné.

"Y si aquí hubo dilaciones fue la de los órganos de justicia en pronunciarse. Todas las intervenciones de la Cámara Nacional de Casación Penal y las demoras en los pronunciamientos fueron en interés del propio imputado del que hoy usted ejerce la defensa", le dijo Munné a Procajlo en obvia referencia a Brusa. "De acuerdo a las premisas que usted planteó como defensor oficial, no puede desconocer que las dilaciones tuvieron que ver con considerar y resolver los planteos de su propio defendido. Entonces, ahora no se puede fijar como víctima de una situación que se generó por los planteos defensivos en su propio interés. Y esto, que estamos viviendo hoy (por ayer), cuando vemos que se traen al debate repetidas nulidades, que no las hay, y que ya fueron rechazadas (por los tribunales de alzada) es otra prueba de esta actividad de la defensa que impide el avance del juicio", concluyó Munné. El Tribunal Oral rechazó todas las nulidades que planteó la defensa. Y lo hizo por unanimidad.

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