Un represor en el gabinete de Micheletti

En 1982 Billy Joya encabezó un operativo en Tegucigalpa en el que fueron detenidos, secuestrados y torturados seis jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras. Hoy es ministro asesor del gobierno golpista.
El ex capitán del ejército hondureño Billy Joya es uno de esos oficiales formateados por y para la CIA y sus dictaduras latinoamericanas, tan siniestras como funcionales: becado en Chile en los ’70 por Augusto Pinochet, vinculado con el represor argentino Guillermo Suárez Mason como instructor para el montaje del Batallón de Inteligencia B3-16, ideólogo del escuadrón de la muerte que operó en Honduras en los ’80, asociado en esa misma década con el por entonces embajador en Tegucigalpa, John Negroponte, ex jefe de la CIA en Vietnam y cerebro en el montaje de la contra nicaragüense. En los ’90, a Joya le cayeron encima los juicios y las acusaciones por violaciones a los derechos humanos, asesinatos, secuestros y torturas y entonces se refugió en España, donde también se le inició un proceso.

¿Cómo un agujero negro se convierte en estrella? Bueno, con la oscuridad de un golpe de Estado. Así es como Billy Joya brilla, ahora, como ministro asesor del mandatario de facto Roberto Micheletti, nombrado por el Congreso el 28 de junio pasado, en un trámite tan burdo que incluyó la inolvidable lectura de una carta trucha "de renuncia" de Manuel Zelaya. Ese día iba a realizarse una encuesta para sondear la predisposición popular a una reforma constitucional, pero en la madrugada un grupo de militares encapuchados entraron a tiros en la residencia presidencial, secuestraron a Zelaya y lo deportaron a Costa Rica.

Como se vio aquí con otros represores, a Billy Fernando Joya Améndola le gustaba usar un alias: en la clandestinidad se hacía llamar "Licenciado Arrazola". Fue jefe de la división táctica Batallón B3-16, el escuadrón de la muerte que operaba en tándem con la Dirección Nacional de Investigaciones, brazo represor del ejército. Entre 1984 y 1991 coordinó tareas con los "consejeros norteamericanos" y los "asesores argentinos", en plena guerra sucia. Algo antes, en 1982, mientras era todavía subteniente, encabezó un operativo en Tegucigalpa en el que fueron detenidos, secuestrados y torturados seis jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Honduras. También está acusado por una decena de asesinatos.

En octubre de 1995 un juzgado hondureño ordenó la captura de Joya y otros oficiales del ejército por el caso de los estudiantes torturados. El represor se fugó. Unos meses después, tras breve paso por Colombia, estaba refugiado en Sevilla, España. La orden de detención fue consecuencia de la denuncia hecha por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, que presentó un informe pormenorizado de lo ocurrido en la madrugada del 27 de abril de 1982 y los días siguientes. Joya encabezó un operativo mediante el cual, sin orden legal, irrumpió junto a una veintena de efectivos en la casa del subprocurador general de la República, Rafael Rivera Torres, que estaba esa noche acompañado por sus dos hijas y otros cuatro estudiantes. Sin explicarles por qué los detenían, fueron conducidos a una comisaría. A Rivera Torres lo llevaron de vuelta a su casa, de la que decomisaron "piezas de convicción": libros. Los jóvenes fueron incomunicados y llevados a una cárcel clandestina que funcionaba en la finca de un general, donde los torturaron: golpes, hambre, amenazas de violación, simulacros de fusilamiento. Allí, contaron los muchachos después, vieron otros detenidos. Vejaciones patente Pinochet, Suárez Mason, Negroponte. A los ocho días, cuatro de los estudiantes fueron liberados tras la prototípica amenaza de que no contaran qué había pasado; a otros dos los blanquearon y los acusaron de atentar contra la seguridad y el Estado. Terminaron absueltos.

Cuando lo ubicaron en España, ejercía como catequista en el colegio San José, de los Sagrados Corazones de Sevilla. Tenía un buen pasar: vivía en uno de los barrios más caros de la ciudad. Las organizaciones de derechos humanos intentaron enjuiciarlo por delitos de lesa humanidad, en el marco de los principios de jurisdicción universal. Enrique Santiago, el abogado que patrocinó en España a uno de los jóvenes torturados, explicó hace tres días a Radio Mundial que "fue sometido a un procedimiento de extradición a Honduras, donde nunca rindió cuentas ante la Justicia por los graves crímenes que había cometido", porque las autoridades locales "facilitaron la absoluta impunidad".

Si no fuera por sus antecedentes criminales y por la dramática situación del país, las apariciones de Billy Joya en la televisión hondureña, por estos días, podrían verse como documentos de la National Geographic transmitiendo en vivo al cavernícola. Hay una que es para coleccionar y ver en YouTube: es la "entrevista" que le hizo el "periodista" Edgardo Melgar, que para empezar lo presentó como "analista nacional e internacional". Se ve que Joya todavía no se percató de cómo es visto Pinochet desde el presente, porque llevó, como para hacer un paralelo con el gobierno de Zelaya, un informe de 1974 hecho por la OEA –cómplice de la dictadura por entonces– en el que justificaba el golpe a Allende en vista de su búsqueda de representación de los sectores populares. Esto es: en la lógica de Joya, lo que pasó con Allende gracias a Pinochet es similar a lo que pasó con Zelaya gracias a Micheletti.

Allende, explicó Joya, fue instituido legalmente, pero luego, entre 1970 y 1973, "entró en una ruta de descomposición social" que sirve para empadronar lo que ocurre hoy en Venezuela y, también, "lo que estaba planteado como estrategia para ser implantado aquí, en Honduras". Pregunta Melgar Grondona: "¿Usted me quiere decir que detrás del discurso del ex presidente Zelaya a favor de los pobres, de la equidad, de la justicia social, de la participación ciudadana, de encuestas, había algo escondido?". Claro, hombre: Joya asegura que estaba en plan la táctica marxista-leninista de ganar tiempo con una "coexistencia pacífica" destinada a simpatizar con los sectores populares, a convencer a los pobres de que sus desgracias son responsabilidad de los ricos y a corromper a las fuerzas armadas para neutralizarlas o para volverlas a su favor. Los planes diabólicos de Zelaya sólo eran conocidos por una o dos personas de su confianza. Y Zelaya les vendió el alma a los comunistas Hugo Chávez y los hermanos Castro. "En este informe el presidente Allende dice ‘soy marxista’ –sigue Joya–. ‘No soy el presidente de todos, soy el presidente del partido de la Unidad Popular.’ En forma confusa y velada, el ex presidente Zelaya, para sorpresa nacional, anuncia con la firma del ALBA que su gobierno hacía un giro a la izquierda. En ese momento deja de ser presidente de todos los hondureños. Porque podemos haber personas independientes, de centro, o de derecha, y cuando él anuncia que su gobierno gira a la izquierda, está diciendo ‘yo ya no gobierno para todos’." Y luego: "En el discurso inaugural del 5 de noviembre de 1970, Allende anuncia la vía hacia el socialismo a través de la estrategia de la coexistencia pacífica. Y esto es lo que se ha aplicado aquí durante estos tres años y medio".

–¿Usted quiere decirme que en Honduras íbamos hacia el comunismo? –preguntó Grondona.

–Eso es lo que existe, realmente. Es la lucha de clases de los enunciados marxistas-leninistas –respondió Joya.

Lo que pasaba en Chile en ese período, subraya Joya, es lo que ha pasado en Honduras en estos años. ¿Y qué es capaz de hacer un personaje de este calibre en un contexto como el de hoy? ¿Los métodos de Pinochet? A la deportación de Zelaya, las detenciones durante el toque de queda, la represión en la que murió el joven Isis Obed Murillo –Rigoberta Menchú informó que los muertos como consecuencia de la asonada son al menos cinco– y el férreo control de prensa puertas adentro de Honduras se sumó, ayer, la noticia del asesinato de dos dirigentes del partido de izquierda Unificación Democrática, Roger Bados y Ramón García. No hay, hasta el momento, mayores datos sobre estos crímenes.

En la denuncia presentada contra Joya por la Fiscalía en 1995 se pedía la investigación de 150 casos de personas desaparecidas entre 1981 y 1984 con un patrón de acción. "Las víctimas eran generalmente personas consideradas por las autoridades hondureñas como peligrosas para la seguridad del Estado –se informaba allí–. Además, usualmente las víctimas habían estado sometidas a vigilancia y seguimiento por períodos más o menos prolongados."

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