El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, señaló que el contrato para la construcción de dos represas en Santa Cruz era “precario” y “adolecía de graves defectos, omitidos o tergiversados”, que hacían “inviable” la continuidad de las obras.

Lo expresó al contestar un artículo del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, publicado el viernes último en el diario Ambito Financiero.

En otra nota aparecida en el mismo matutino, Aranguren recordó que las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic “fueron contratadas sobre la base de un proyecto incompleto que no definía el total de obra civil a construir: era un proyecto de dos centrales de generación eléctrica para enviar energía a ninguna parte”.

El funcionamiento simultáneo de las once máquinas originalmente proyectadas “era imposible por las características propias del río Santa Cruz, ya que no hay en él caudal suficiente para ello”, continuó el ministro. Explicó luego que con la configuración contratada por la administración anterior las centrales hubieran generado cinco millones de megavatios hora por año, y ahora, “habiendo eliminado las tres máquinas que sobraban”, ambas centrales generarán igual cantidad.

“La misma energía generada, pero con menor inversión y, por lo tanto, con ahorro de los dineros públicos”, indicó.Otro de los “problemas graves” del proyecto original, agregó, “tiene que ver con el estudio de impacto ambiental de las represas”, ya que fue realizado en forma “expeditiva”, sin completar la línea de base ambiental y “con serias deficiencias técnicas, que ahora se encuentran en proceso de subsanación”.

Aranguren señala que “el proceso utilizado se valió de una audiencia pública que tuvo lugar el 9 de diciembre de 2015 (el día anterior a la asunción de un nuevo gobierno, ¿casualidad?)”, mientras el proyecto actual, con las modificaciones que se han introducido, “es ambientalmente viable y atiende adecuadamente los cuestionamientos planteados”.

Concretamente, “hemos realizado un estudio con expertos independientes que han concluido que la reducción de las máquinas y de la cota de la represa superior permite certificar el ‘desacople’ del emprendimiento con relación al lago Argentino y los glaciares”, sostiene el ministro. 

La aprobación de ese nuevo estudio de impacto ambiental, añade, se hará de acuerdo con lo que dictamina la ley, incluyendo nuevas audiencias públicas y otras formas de participación ciudadana que se crean convenientes, y “completados esos estudios se podrán iniciar las obras mayores que son parte del proyecto”.

Propiedad nacional

Aranguren rechaza, por otra parte, que Santa Cruz pierda una fuente energética estratégica clave, al señalar que en su momento se había firmado un acuerdo que “al margen de lo dispuesto en la ley nacional 15.336, usaba fondos federales aportados por los contribuyentes de todo el país para construir un emprendimiento cuya explotación se asignó a una sola provincia”.  

“La ley establece que cuando una represa de este tipo genera electricidad y está conectada al Sistema Eléctrico Nacional (SADI), su explotación corresponde a la competencia del Estado federal. O sea, el Estado federal, que además en este caso construye las represas y pagará por ellas, es quien debe recibir los ingresos por la venta de la energía generada”, acota Aranguren. El ministro destaca que ya fue negociada la modificación del acuerdo entre la Nación y Santa Cruz, que tiene derecho a percibir una compensación del 12% sobre los ingresos y disponer sobre temas de uso de aguas y espacios relacionados. Cabe aclarar que el convenio bilateral entre Santa Cruz y Nación que establece, justamente esos cambios sobre la propiedad de la obra y el pago de regalías, fue firmado por Santa Cruz pero hasta el momento no ha sido devuelto, con su correspondiente rúbrica, por parte del ministro Aranguren, pese a los reclamos reiterados de la Provincia al respecto.

Este acuerdo para que tenga validez, debe ser ratificado por la Legislatura Provincial, paso que aún no se ha concretado ante la falta de remesa del convenio firmado como corresponde.

Dolarización

“Tampoco se menciona en el artículo del ex ministro -dice el titular de Energía- que el precio de la obra, a partir de decisiones del ex secretario de Obras Públicas (José López), había sido alcanzado por un mecanismo de dolarización que no se encuentra previsto en la normativa de obras públicas, ya que la redeterminación de costos en una obra pública debía efectuarse en función de lo dispuesto en el decreto 1295/02 y en pesos”.

El ministro aseguró, finalmente, que el proyecto de las represas sobre el río Santa Cruz “está ahora claramente definido en sus características y en su alcance, se ha optimizado su diseño, y con ello moderado su costo, manteniéndose en su totalidad y sin disminución alguna, la energía aportada anualmente al sistema eléctrico nacional”.