Esta semana será la audiencia pública que exigió la Corte Suprema de Justicia, para habilitar la construcción de las represas "Néstor Kirchner" y "Jorge Cepernic". El complejo hidroeléctrico en manos de Electroingeniería y la china Gezhouba, no arrancó en su fase principal, pero ya demandó desembolsos por 100 millones de dólares ente salarios del personal de la UTE, los gastos "improductivos" que reconoció el ministerio de Energía al consorcio, y las obras secundarias que se iniciaron.

El río Santa Cruz, donde se levantarán las represas. Foto: Fernando de la Orden.

Es una de las obras heredades por el kirchnerismo que más avances y retrocesos tuvo durante la gestión del actual Gobierno. Al inicio, cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada, señaló que no iba a retomar el proyecto. Pero en un giro radical, meses después, con modificaciones a la obra propuesta e impulsada por Cristina Kirchner, el Gobierno decidió avanzar con la obra considerándola necesaria para la autonomía energética del país. Este año, previo al viaje del presidente a China, Energía y Medio Ambiente habían asegurado que todo estaba cerrado para que el gigante asiático firme el financiamiento y se reactive la obra. Esto no fue así, y por el contrario prácticamente peligró el complejo hidroeléctrico santacruceño.

Los ministerios de Medio Ambiente y de Energía firmaron la documentación correspondiente para que el Congreso comience con el armado y llamada a una audiencia pública, para discutir sobre las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic que se levantarán sobre el río Santa Cruz. Ambas carteras dieron la factibilidad para la realización del complejo hidroeléctrico después de que se presentaron los "Estudios de Impacto Ambiental". La obra podría iniciar en septiembre con modificaciones a su proyecto original. La audiencia será este jueves.

​En el medio del debate ambiental, la cuestionada obra ya exigió sumas millonarias de fondos sin haber comenzado la obra principal. Tras la decisión del Gobierno de impulsar la obra, la Corte Suprema puso el primer límite: sólo se podrían realizar tareas secundarias en las villas donde se instalarán los trabajadores, pero la obra primaria.

Durante estos meses, Electroingeniería presentó ante el ministerio de Energía los reclamos correspondientes a los "Gastos improductivos" por no haber iniciado la obra y las erogaciones que igual corren correspondientes al personal. Los pagos por este ítem y desembolsos para las tareas secundarias ya exigieron unos 100 millones de dólares, según confirmaron a Clarín.