El reparto de la torta.

Por: Maximiliano Montenegro.

La desigualdad y la pobreza son tan altas como en la década menemista. ¿El modelo K fue otra versión fallida de la teoría del derrame?

La inseguridad parece instalarse como un tema central en la campaña electoral, junto con las leyes penales y las medidas represivas para afrontarla. Pero son contados los dirigentes políticos que discuten sobre las causas sociales del fenómeno. La presidenta, Cristina Fernández, se atrevió un par de semanas atrás a enunciar una explicación de raíz social: "Está comprobado que la brecha social, la extrema riqueza conviviendo con la extrema pobreza acrecienta increíblemente los niveles de inseguridad. La diferencia entre el que tiene todo y el que no tiene nada va creando en la sociedad niveles de resentimiento y de deseo de tener lo del otro a cualquier costo", afirmó durante la presentación de un plan de equipamiento policial y más fuerzas de seguridad en la calle. Con ese acertado diagnóstico, ¿reconocerá también Cristina que la inequidad es hoy tan alta como durante la era menemista? ¿O la Presidenta sólo hablaba en términos teóricos, porque cree que ésta es una sociedad cada vez más equitativa, gracias a que Moreno metió mano dura en los índices del INDEC? ¿Cuál fue el modelo K de redistribución del ingreso durante estos años de crecimiento a tasas chinas? ¿No fue acaso una nueva versión de la teoría del derrame? Veamos.

TORTAZO. Empecemos por el principio. La riqueza que producen cada año los argentinos se denomina Producto Bruto Interno. El crecimiento del PBI indica que la torta de ingresos a repartir se agranda.

Cómo se reparte esa torta del PBI (compuesta por salarios, remuneraciones, ganancias) es lo que mide la distribución del ingreso: qué porciones de la torta se llevan trabajadores, empresarios; sectores altos, medios o bajos, son distintas maneras de medir el reparto.

Durante los últimos seis años, el PBI engordó a tasas récord: casi 50%, en términos reales. Pero ¿qué sucedió con el reparto de las porciones?

Una forma de medirlo es la llamada "distribución funcional", que determina cuánto de la torta se llevan los trabajadores (como salarios) y cuánto el resto: empresarios (como ganancias) y rentistas.

Perón hablaba del famoso 50 y 50. En su concepción de la justicia social, los trabajadores debían recibir la mitad del ingreso y la otra mitad los capitalistas. Según diversas fuentes (BCRA, CEPED), ésa era aproximadamente la distribución a principios de la década del 50 y en 1973/74.

Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPED), reconstruyó una serie de participación asalariada en el ingreso entre 1935-2006 ("¿Qué hay detrás de la distribución funcional del ingreso?", junto a Juan Graña y Damián Kennedy, CEPEDUBA, marzo 2009). Los datos llegan hasta 2006, porque desde 2007 –cuando se empezaron a falsear los índices de inflación del INDEC– Guillermo Moreno ocultó la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), insumo esencial para los estudios de pobreza, indigencia y distribución del ingreso, entre otros indicadores sociales. Según los cálculos de Lindenboim, en 2006, los asalariados mordían un 34% del pastel, mientras que el resto iba a los bolsillos de los empresarios. Desde entonces, el investigador cree que, en el mejor de los casos, la situación se mantuvo; aunque es probable que haya empeorado levemente a partir del segundo semestre de 2008, como consecuencia de la inflación y el freno en la tasa de creación de empleos.

Como sea, la mejora es sustancial en comparación con la situación en plena crisis de 2002, tras el derrumbe de la convertibilidad: entonces, los trabajadores recibieron apenas el 27% del PBI.

Sin embargo, la distribución actual sigue siendo más desfavorable para los trabajadores que la del año 2001, previo a la crisis: cuando la masa salarial representaba el 38% del producto. Y en la serie de Lindemboin es peor también a la de toda la década menemista: cuando osciló entre picos arriba del 40% –en 1993/1994– y un piso del 35 por ciento, en la recesión postequila.

TERMÓMETRO OFICIAL. Comparemos con la medición oficial. El año pasado, la Dirección Nacional de Cuentas Nacionales publicó, como documento del INDEC, una serie de distribución del ingreso para el período 1993-2007. Luego fue actualizada para 2008. Dejando de lado los datos de los últimos dos años –que sólo el mago Moreno sabe cómo se construyeron– difiere respecto de la medición de Lindenboin básicamente a partir de 2002, no en la tendencia, sino en el nivel. Para la medición del INDEC, la caída de la participación salarial en el PBI en 2002 no fue tan pronunciada y, la recuperación, fue levemente más rápida. En 2002, retrocedió al 34,6%. Y se recuperó hasta el 41,5% en 2006. Es una participación similar a la de los trabajadores en 2000/2001, previa a la crisis. Mejora respecto del período 95-98 (cuando osciló entre 40 y 37%). Pero es una distribución peor de la que existía durante el primer gobierno de Menem, en el período 93/94: cuando María Julia Alsogaray posaba desnuda con tapado de pieles. Otra manera de medir la distribución es dividiendo a la sociedad en grupos sociales (ricos, pobres, clase media) y observar cuánto de la tarta de ingresos se lleva cada grupo. Según los cálculos de la FETyP (Fundación Estado, Trabajo y Producción), en base a EPH-INDEC, desde 1974 en adelante, el quinto más pobre de la población viene perdiendo peso en la distribución sin interrupciones. Antes del Rodrigazo, se quedaba con el 6,1% del ingreso; en 1994, con el 4,6%; en 2004, con el 4%, y en 2006 ("hoy") con el 3,7%.

A partir de 2003, el quinto más rico de la población cedió una tajada del ingreso a favor de los sectores medios. Pero todavía sigue acaparando una porción tan suculenta como durante buena parte del menemismo: 51,6% de la torta. Además, cedió, en proporción, menos que el sector más pobre: así la brecha de ingresos entre el quinto más rico y el más pobre llegó al récord de 13,9 veces; contra 13,5 veces en 2004; 11,1 veces en 2004, y 7 veces en 1974.

Para una sociedad que se encuentra a las puertas de una nueva a recesión, el modelo kirchnerista de redistribución no muestra resultados demasiado auspiciosos.

DISCIPLINADOR. La crisis actuó en las últimas cuatro décadas como gran "disciplinador social" y "moderador de expectativas". Década tras década, la sociedad argentina soportó niveles de pobreza e inequidad en ascenso. La tolerancia frente a ese proceso incesante de degradación social tal vez pueda explicarse por el impacto provocado por las sucesivas crisis en la memoria colectiva. Antes de la hiperinflación, era impensado que la Argentina pudiera llegar a soportar los niveles de pobreza y desigualdad de la década menemista. Sin embargo, durante buena parte de su mandato, en especial antes de la recesión de 95, Menem exaltó –y ganó elecciones– gracias a las mejoras de los indicadores sociales frente a los picos de miseria de 89/90. Los avances sociales que exalta el matrimonio K son notorios frente a la megacrisis de 2002. Pero ni siquiera en estos últimos años de acelerada expansión se logró bajar del nuevo piso de desigualdad y pobreza cimentado en la década de los 90. Hoy, según Artemio López la pobreza rondaría el 27%, mientras que otras estimaciones (Ernesto Kritz o Claudio Lozano) la sitúan arriba del 30%. En cualquier caso, por encima del promedio de la era menemista.

En un interesante estudio, Gervasio Arakaki y María del Pilar Piqué ("La disparidad salarial. Una aproximación al Estudio de la Distribución del Ingreso en Argentina en el período 2003-2007", CEPED-UBA, 2009) afirman que, una vez más, la "teoría del derrame" fracasó. Y explican la persistencia de la desigualdad y la pobreza por la enorme segmentación en el mercado de trabajo. Desde 2003, ante un sostenido incremento de la ocupación, el empleo en negro se mantuvo en niveles elevadísimos y sólo perdió participación en la fuerza de trabajo total porque el aumento del empleo en blanco fue todavía mayor. En el período, la brecha salarial entre empleados registrados y no registrados pasó del 120% más de sueldo al 140 por ciento. Más de cuatro millones de trabajadores informales constituyen un núcleo duro de la pobreza y la desigualdad.

Los economistas advierten, además, que en este segmento "las únicas posibilidades de aumentos salariales parecería presentarse cuando la necesidad de absorción de mano de obra es excesiva". Y se preguntan cuáles son las chances de conservar poder de compra de estos trabajadores en un escenario recesivo.

La eliminación de la Tablita de Machinea, para los empleados con sueldos de bolsillo de más de 7.000 pesos, o los planes de compra de autos 0 km son medidas que apuntan a otro lado: al sector sindicalizado y mejor pago del universo laboral. No parecerían las mejores políticas redistributivas en una economía que se vuelve a deslizar sobre el tobogán.

Comentá la nota