Se repartirán las retenciones a la soja

Se repartirán las retenciones a la soja
La Presidenta anunció que las provincias recibirán el 30% de los ingresos por la comercialización de la oleaginosa al exterior
Cuando crecía la presión del campo para reducir las retenciones a la exportación de soja, la presidenta Cristina Kirchner modificó el escenario y anunció ayer que el 30 por ciento de los ingresos que el Estado nacional percibe por la venta de granos al exterior será coparticipado a las provincias, que a su vez deberán repartir el 30% de lo que reciban hacia los municipios. La medida, dispuesta por decreto, deberá ser ratificada por el Congreso.

El artículo 99 de la Constitución prohíbe los DNU cuando se trata de "normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos".

La Presidenta realizó el anuncio en Olivos, rodeada por el gabinete, gobernadores, intendentes, legisladores y sindicalistas. Buscó apoyo político para una medida que generó un fuerte malestar en el ruralismo.

El enojo del campo se advirtió en una profundización de los cortes de rutas, principalmente en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. Los líderes de la Comisión de Enlace del agro también se quejaron. "Es una trapisonda política", dijo el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi.

En Olivos, la Presidenta dijo: "He tomado la decisión de crear un Fondo Federal Solidario con los derechos de exportación de la soja para ser coparticipado con provincias y con municipios con el mismo sistema de la ley del cheque, 70 por ciento para la Nación y 30 por ciento para las provincias". Estas deberán copiar el sistema de reparto hacia los municipios: 70% y 30 por ciento.

En plata, Cristina Kirchner calculó que "se distribuirán entre las provincias US$ 1776 millones, unos 6520 millones de pesos, que equivalen a más del 11% de lo que se distribuye actualmente en masa coparticipable".

Ese fondo, dentro de las provincias, deberá distribuirse a los municipios según las leyes de coparticipación de cada distrito. A diferencia de la coparticipación nacional, que en cada provincia es utilizada y distribuida por los gobernadores como ellos disponen, la Presidenta advirtió que en este caso la plata deberá destinarse "a infraestructura social, escuelas, viviendas, agua potable y cloacas".

El anuncio fue enfatizado un par de horas más tarde por Néstor Kirchner en un acto en la localidad bonaerense de Merlo: "Es un esfuerzo de mucho dinero. A la provincia de Buenos Aires vendrán 1200, 1300, 1400 millones de pesos que van a ayudar a los intendentes y al gobernador".

El año pasado, durante el peor momento del conflicto con el campo, Cristina Kirchner anunció que los fondos surgidos del aumento que pretendía imponer en las retenciones a la soja serían destinados a viviendas sociales y rutas en el interior. La disposición fue desterrada cuando el Senado rechazó la resolución 125, que sostenía el incremento en el impuesto granario. Ahora, el Gobierno reincide con la afectación que debe dárseles a las retenciones, mientras el agro mantiene la protesta.

La Presidenta formuló el anuncio alrededor de las 18.30, más de cinco horas después de que trascendió que habría una reunión en Olivos con gobernadores e intendentes. En la Casa Rosada, las versiones sobre el tema del que hablaría Cristina Kirchner resultaron variadas: de la estatización del Banco Hipotecario y la rebaja de las retenciones a la devaluación del peso y el otorgamiento de créditos blandos para la construcción con capitales surgidos del blanqueo. El Gobierno permitió todas las versiones mientras el Banco Central intervenía para controlar el dólar, el euro superaba los 5 pesos y los ruralistas entraban en ebullición al borde de las rutas. Si bien los mercados no reaccionaron ante la versión de la devaluación, hubo más de cinco horas de desconcierto y temor en la política y la economía.

Después, la mayoría de los gobernadores e intendentes estuvo de acuerdo. Quien no la aceptó fue el gobernador de Santa Fe, Hermes Binner. "Sostenemos la necesidad de suspender las retenciones a las exportaciones agropecuarias por 180 días", señaló. También se quejó Alberto Rodríguez Saá (San Luis).

El jefe de la CGT, Hugo Moyano, dijo que "ahora está cubierto el reclamo" del agro. "Esto es lo que los hombres del campo venían reclamando", agregó.

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