Repartieron los gastos del Presupuesto 2010

La Legislatura había autorizado erogaciones por 2200 millones de pesos. El 62% será destinado a salarios: 1147 millones. Se tomarán préstamos por 400 millones y se pagarán 88 millones de deuda. Para construcciones se atribuyeron 317 millones.
En cumplimiento de los dispuesto en el artículo 11 de la ley de presupuesto, el Poder Ejecutivo procedió a distribuir los montos a gastar durante entra cada unidad de gestión de gastos, lo que concretó mediante el dictado del decreto 16/10, del pasado jueves 7, que fue publicado ayer en el Boletín Oficial.

Del total de 2200 millones de pesos autorizados por la Legislatura como total de gastos para el Poder Ejecutivo, 1837 millones corresponden a gastos corrientes, y de este monto 1147 millones únicamente a la partida de personal, lo que implica que el gasto salarial insumirá un 62% del total de erogaciones corrientes. En tanto, para gastos de capital se destinaron 363,2 millones de pesos, la mayoría de ellos (317,6 millones) afectados al rubro construcciones.

En materia de ingresos, se estimó un total de recursos de 1937 millones de pesos, de los cuales 1170,4 millones corresponden a recursos corrientes y 187,5 millones a recursos de capital.

De los corrientes se estimó contar con unos 270 millones de pesos en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos, 117,5 millones y unos 925 millones de pesos por regímenes federales coparticipables.

En el capitulo de fuentes financieras del Poder Ejecutivo, se contempla un total de 525,7 millones de pesos, de los cuales 980 corresponden a recuperación de préstamos de largo plazo, 100 millones de pesos provenientes de préstamos del sector privado de corto plazo y 299,3 millones de pesos de la colocación de deuda interna a través de la emisión de bonos o títulos públicos. Operatoria esta autorizada del artículo 20 de la ley de presupuesto de 2001 y el artículo 21 del presupuesto 2002. En el primero de ellos se dio atribuciones de carácter permanente al Ejecutivo "para actuar sin autorización previa de la Legislatura provincial, cuando se acuda a financiamiento de corto plazo, cuya amortización no exceda el período de 12 meses, destinado a cubrir eventuales desequilibrios estacionales de caja, hasta el monto total equivalente 10% del total de los gastos aprobados mediante la Ley de Presupuesto General del ejercicio correspondiente", lo que en este caso representa unos 290 millones de pesos.

En tanto, en el segundo se lo autorizó a "emitir bonos, títulos públicos o letras de tesorería o renovación de deuda con garantía mediante la afectación patrimonial de bienes o derechos, de recursos de origen provincial o federal, o bien por la cesión o fideicomiso de derechos o acreencias, hasta la suma de 100 millones de pesos, destinados exclusivamente al pago de obligaciones financieras".

En lo referente a las contribuciones a poderes, organismos de control y descentralizados, se estipuló transferir a estos últimos 21,3 millones de pesos. Al Parlamento, Tribunal de Cuentas y Fiscalía de Estado –por ser entes no recaudadores de ingresos propios– el 100% de sus necesidades presupuestarias, en tanto que al Poder Judicial se le remitirán 90,1 millones de pesos sobre un total de 102 millones de pesos de gastos autorizados. Los 12 millones restantes serían financiados en parte con ingresos propios por Tasa de Justicia, rubro en el que se estimó recaudar unos 2,1 millones de pesos, por lo que queda un remanente del orden de los 10 millones de pesos pendientes de financiamiento.

Si bien aún no fue publicado en le Boletín Oficial, el martes 12 se dictó el decreto 74/10, mediante el que se procedió a distribuir los créditos presupuestarios de los organismos descentralizados.

Para que el Ejecutivo pueda cumplir con la remisión del presupuesto provincial consolidado al Parlamento resta que la Justicia, Legislatura y Fiscalía de Estado le remitan sus respectivas distribuciones de créditos. Hasta el momento el único de estas dependencias que cumplió con este requisito fue el Tribunal de Cuentas, pero se espera recibir los tres que faltan para publicarlos en un mismo decreto. Se estima que la elaboración y difusión de este instrumento se demorará hasta mediados de febrero, por cuanto el Poder Judicial y el Legislativo se encuentran en período de feria y receso, respectivamente.

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