Renunció el magistrado que denunció presiones por investigar al Gobierno

Renunció el magistrado que denunció presiones por investigar al Gobierno
Aráoz de Lamadrid acusó al Consejo de la Magistratura de hostigarlo; tenía una causa en su contra
El juez federal subrogante Octavio Aráoz de Lamadrid, que había acusado al Consejo de la Magistratura de hostigarlo por investigar al Gobierno en la causa Clarín, presentó ayer su renuncia.

"Las presiones hacen imposible seguir ejerciendo la magistratura con cierto grado de independencia", había declarado el juez a LA NACION. Ayer, a primera hora, le entregó su dimisión al presidente de la Cámara Federal, Eduardo Freiler.

El texto de su renuncia no explica los motivos. Sólo dice que su intención es dejar el cargo el próximo 29, un día antes de la fecha que le había fijado el Consejo para que se presentara a declarar como acusado de un presunto mal desempeño. La semana pasada, él había reclamado más tiempo para preparar su defensa en ese expediente, pero los consejeros no trataron siquiera su pedido.

Esa causa, que podría haber terminado con su destitución, avanzó con una inusual celeridad. El más interesado en apurar el trámite era el kirchnerismo; sin embargo, su citación la votó la Comisión de Acusación del Consejo por unanimidad.

Lo que le imputan al juez es una omisión: no haber actuado frente a la denuncia de un preso que dijo que la policía lo había golpeado brutalmente durante un allanamiento. La denuncia en su contra la había presentado la propia Cámara, que hace tiempo que mantiene una relación tensa con Aráoz. Ese tribunal fue, por ejemplo, el que lo apartó en el caso del ex secretario de Medios Enrique Albistur, a quien el juez había citado a indagatoria por el manejo irregular de la publicidad oficial.

Hoy, la Cámara se reunirá en plenario y evaluará si le acepta la renuncia. Después, Freiler designará reemplazante de Aráoz a otro juez de primera instancia del fuero, que ocupará el cargo hasta que se nombre al titular del juzgado federal 9.

El concurso para cubrir esta vacante está a cargo del Consejo de la Magistratura. Se abrió cuando echaron a Juan José Galeano por irregularidades en la causa AMIA, hace más de cuatro años. En ese tiempo, el trámite acumuló otras tres vacantes, se anuló por los malos resultados del primer examen, volvió a abrirse y hoy está bajo sospecha de corrupción con una causa penal que lo investiga.

La subrogancia

Aráoz ocupa desde 2005, en forma interina, el lugar de Galeano. Mientras tanto, participaba en el concurso para convertirse en juez titular, pero hace diez días se bajó de la competencia y denunció públicamente -en medio de las entrevistas que realiza el Consejo con los aspirantes a jueces- que lo presionaban por su decisión de investigar al Gobierno.

Un día antes de esa audiencia, Aráoz había sido notificado de su citación por presunto mal desempeño. En el mismo momento en que el Consejo resolvía convocarlo, el juez firmaba el fallo que nombraba un veedor en la empresa Papel Prensa para controlar al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno.

Esa declaración sobre las "presiones", que reprodujo luego en los medios, le valió otro inconveniente: una denuncia penal del diputado kirchnerista Carlos Kunkel por presunto incumplimiento de sus deberes como funcionario. Kunkel pidió que la Justicia evaluara si efectivamente habían existido las presiones alegadas por Aráoz y lo acusó de no haberlas denunciado penalmente, tal como exige la ley.

En otros tiempos, la relación entre el magistrado y el kirchnerismo era buena. Tanto que la diputada y consejera Diana Conti elogiaba públicamente la actuación de Aráoz como juez y el oficialismo apoyaba su permanencia como subrogante, pese a que en el primer examen del Consejo le había ido mal. Pero eso cambió. Este año, el juez se ganó la definitiva enemistad del Gobierno con decisiones como la indagatoria de Albistur y la investigación contra Moreno por su presunto hostigamiento a Papel Prensa.

El viernes pasado, Aráoz habló con LA NACION y se defendió de la acusación de Kunkel. "Las presiones no son necesariamente un delito: hay actos jurisdiccionales de organismos, como la Cámara Federal o el Consejo, que yo los puedo sentir como un hostigamiento, pero no necesariamente son delito. Sin embargo, determinan un estado anímico en el que no me interesa seguir ejerciendo la magistratura", anunció. Ya tenía preparada su renuncia.

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