La renuncia prometida, la cuenta que fue negada y otras falacias tucumanas

De patas cortas y de narices largas, las mentiras se cuentan por kilos en la política tucumana.
El 31 de agosto de 2000, en el programa de Susana Giménez, el cantautor, ex gobernador y entonces senador nacional, Ramón Ortega, acusado de haber aceptado las famosas coimas en el Senado, lloró y prometió su renuncia a la Cámara Alta. Según aseguró entre lágrimas, la dimisión se produciría “antes de fin de año”. En febrero de 2001 aún se hablaba de su renuncia. Pero Ortega no sólo no se fue sino que aceptó el cargo de presidente de la comisión de Coparticipación Federal que le ofrecieron, hasta diciembre de ese año.

Otro ex mandatario tucumano, Antonio Bussi, también cuenta con alguna anécdota similar. En marzo de 1998 se confirmó la existencia de una cuenta a su nombre en un banco de Suiza; tema que había saltado a la luz en junio de 1997 a instancias de una investigación del juez español Baltazar Garzón. Consultado por la prensa, Bussi dijo: “ni niego, ni afirmo”; pero se declaró totalmente inocente. Luego, ante un tribunal militar, el ex gobernador afirmó que había negado la cuenta “como gobernador, y nunca como militar de la Nación, en un contexto claramente político, con lenguaje y estilo políticos”. “Ningún político debe mentir”, le reprochó el entonces jefe del ejército, Martín Balza.

Muchas promesas de campaña devienen embustes. Tal es el caso de los 50.000 puestos de trabajo y de las 30.000 viviendas que el ex titular del Ejecutivo provincial Julio Miranda había garantizado si llegaba al Gobierno. O la tan mencionada revocatoria de mandato que el gobernador, José Alperovich, prometió incluir en la Constitución de la Provincia, tras la reforma de 2006. Incluso, coloridos afiches aseguraban a los tucumanos que podrían echar a los funcionarios que se desviaran del mandato popular.

Pero durante la gestión mirandista no se crearon tales empleos ni se edificaron esas viviendas. Y en ninguna de las sesiones de la Convención Constituyente se discutió la chance de que la ciudadanía revocara el mandato a un mal funcionario. En cambio, sí cobró importancia lo que antes había sido menor para Alperovich: la posibilidad de la reelección.

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