Rentas: Polémica por las deudas fiscales

El Defensor del Pueblo, Julio César Orihuela, emitió una recomendación pidiéndole al organismo recaudador que respete la ley en cuanto al reclamo de deudas atrasadas.
Las intimaciones periódicas que manda la Dirección General de Rentas (DGR) reclamando el pago de deudas fiscales vencidas de impuestos como el Inmobiliario y Automotor es motivo de una polémica entre la repartición y la Defensoría del Pueblo por la validez de los instrumentos utilizados para intimar al cumplimiento y por los plazos para hacer esos reclamos.

Según el defensor, Julio César Orihuela, debe haber una notificación fehaciente de las deudas, es decir que sea comprobable, como por ejemplo a través de una carta-documento o una carta notarial dirigida al deudor, donde conste que la persona la ha recibido. Y también hace referencia a la Ley 7417 que establece que el plazo de prescripción de las deudas opera a los 5 años "en forma automática sin necesidad de petición de la parte interesada o resolución que la declare cumplida".

Pero el director de Rentas, Adrián Villegas, considera que la simple intimación a través de una comunicación enviada al domicilio del deudor con el correo es válida para interrumpir la prescripción. "No hace falta que esté la firma del deudor, si se comprueba que ha llegado a su domicilio es suficiente", dijo.

Y en ese entendimiento por estos días Rentas ha enviado unas 10.000 intimaciones reclamando deudas impositivas por unos 30 millones de pesos, de las cuales el 60 por ciento son del Inmobiliario y el resto de Automotor. Y corresponden a deudas de más de 5 años, del 2003 para atrás, porque "hubo intimaciones enviadas en su momento", dijo Villegas.

La intervención de la Defensoría del Pueblo se debió a que un particular, que pidió reserva de su nombre, presentó una queja ante el organismo argumentando que Rentas estaba reclamando deudas del '99 y del 2000 cuando la ley no lo permite. Esto es porque datan más allá de los 5 años previstos en la 7417.

La queja hace referencia a "abusos e incumplimientos de las normas legales vigentes que realizan distintos organismos del Estado Provincial". Y menciona que "resulta evidente que los funcionarios a cargo de dichas reparticiones no conocen la normativa legal", destacando el caso particular de Rentas.

También citó casos en que las intimaciones de Rentas terminan en el jardín de la casa o son enviadas por error a un vecino y recién el deudor se entera que va a ser ejecutado para que cumpla a través de la Fiscalía de Estado cuando ya es tarde y no puede pedir, por ejemplo, un plan de pago para normalizar su situación con el Estado Provincial. Cuando se produce la ejecución por los abogados de Fiscalía, el deudor debe pagar honorarios más los intereses, con lo cual su deuda se eleva considerablemente.

Fue ante ese planteo que la Defensoría, en su función de defensa de los derechos de los ciudadanos, según está previsto en la Constitución Provincial, emitió una recomendación, que tiene ese carácter, sin mayor peso legal. En esa resolución les pide a las autoridades no sólo de Rentas, sino también de Hidráulica y de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), que resuelvan "la prescripción de las deudas fiscales y la prestación de servicios en forma automática, sin que exista petición de parte interesada o resolución que la declare cumplida".

La decisión de la Defensoría se limita a la recomendación y no habla de seguir ningún planteo legal.

Según los entendidos, es distinta la situación cuando se trata de impuestos nacionales. En esos casos, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclama alguna deuda, como puede ser de aportes y contribuciones salariales, siempre media constancia escrita de notificación al deudor.

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