¿Remodelaciones que ocultan pruebas?

El gobierno provincial reubicó a los menores que se encontraban hasta ayer en el Hogar de Tránsito para varones ubicado en Falucho y Juan B. Justo. Fuentes extraoficiales informaron a LA ARENA que el edificio fue vaciado para iniciar remodelaciones, situación que fue confirmada más tarde por el secretario de Derechos Humanos, Rubén Funes.
La medida, que apuntaría a solucionar las deplorables condiciones de alojamiento de los chicos en riesgo, fue adoptada apenas horas después que Funes y el fiscal Carlos Ordás recibieran una ampliación de la denuncia por maltratos y vejaciones en el Ipesa y los hogares, escrito que también llegó a este diario.

En el documento, que llegó el lunes a DD.HH. y fue girado un día después a la fiscalía penal, un grupo de operadores y profesionales del Instituto reclamaron a los funcionarios que se hicieran presentes en el Hogar de Varones e intervinieran en forma inmediata para ver el estado precario del edificio y las pésimas condiciones de alojamiento de los menores en riesgo. "En la actualidad hay trece menores durmiendo en cuatro habitaciones y una oficina, con las puertas de las habitaciones totalmente rotas, paredes con huecos, cubiertas con maderas, techos rotos. Sería de importancia vital que lo visite personalmente para que vean la situación que viven estos menores", reclamaron.

¿Ocultan pruebas?

Ni Funes, Ordas, ni la jueza penal Laura Armagno visitaron el Hogar para constatar si el edificio estaba en las condiciones deplorables que se detallaron en la denuncia. Ahora, con la remodelación en marcha, las pruebas que confirmarían la veracidad de lo afirmado por los denunciantes quedarían ocultas.

Ante la consulta de este diario, Funes aseguró que nadie de su secretaría se apersonó en el lugar, aunque recordó que periódicamente realizan visitas a todos los edificios del Estado que albergan a menores y mayores en conflicto con la ley, como los propios hogares de tránsito (de varones y mujeres), el Ipesa y las alcaidías que dependen de la Policía de La Pampa.

Las fuentes que anoticiaron a este diario del vaciamiento del lugar para iniciar los arreglos, destacaron que entre los chicos trasladados a otros edificio que dependen del Ministerio de Bienestar Social, como el ubicado sobre la calle Pio XII, estaban los que aparecen como víctimas de las graves denuncias que investigan la Justicia y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.

Inacción.

En la nueva denuncia, los trabajadores se preguntaron por qué la jueza de Menores (Maria Cristina Baladrón) no tomó cartas en el asunto, puesto que "no ha visitado los hogares para verificar en qué estado viven los menores". "También nos preguntamos por qué la Justicia no ha retenido los libros de Actas, ya que en estos está la prueba de lo acontecido en los hogares y los informes de concepto diarios del Ipesa, informes estos que son dos por día en cada fase", plantearon.

Recordaron que en esos libros está la prueba sobre el abuso de uno de los menores, ocurrido el 27 de junio, el cual consta en el informe del día posterior. Por otro lado, pusieron al tanto al secretario Funes de la presencia en el Ipesa de un menor que no tiene una medida cautelar y que, por lo tanto, debería estar en el Hogar de Varones. En ese caso, adjudicaron la responsabilidad al Juzgado de Menores.

Funes aseguró que DD.HH. recibió la denuncia el lunes a última hora y al otro día le llevaron el escrito al fiscal Ordas, el mismo que recibió la primera presentación y dio curso a la causa penal que ahora instruye Armagno, titular del Juzgado de Instrucción 3. El funcionario afirmó que tras recibir el segundo escrito no realizó ninguna inspección ocular del lugar. "En estos días no hemos ido, pero siempre hacemos visitas no sólo a los hogares sino a todos los lugares de encierro. Tenemos un programa de visitas", respondió.

Identificados.

Ante la novedad del vaciamiento del lugar para iniciar las tareas de refacciones, un equipo de este diario se acercó anoche, entre las 20 y las 21, a las inmediaciones para tomar imágenes de la mudanza. Minutos después, el móvil de LA ARENA fue interceptado por un motorista de la Policía provincial sobre la calle Falucho. El uniformado pidió al chofer y al reportero gráfico que se identificaran.

La última vez que la fuerza policial había interferido en el trabajo periodístico de este medio fue durante la polémica gestión de Juan Carlos Tierno como ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad de La Pampa, durante la gobernación de Carlos Verna. Fuentes a prueba de desmentidas confirmaron anoche que el llamado a la fuerza pública partió del interior del Hogar.

La jueza fue al Ipesa

La jueza de instrucción, Laura Armagno, realizó anoche una inspección ocular en el Instituto Provincial de Educación y Resocialización de Adolescentes, en lo que puede considerarse como la primera medida probatoria "fuerte"de la causa penal en la que se investigan los presuntos maltratos y abusos en perjuicio de los menores que están alojados allí.

Armagno, titular del Juzgado de Instrucción 3, concurrió al Ipesa junto a la secretaria del tribunal, Andrea Fernández, el fiscal Carlos Ordas y, al menos, uno policía. ¿Qué hizo? Recorrió sus instalaciones y habría revisado los libros internos.

Anteriormente, la magistrada había recolectado pruebas documentales: las nóminas de autoridades y personal del instituto y de los Hogares de Tránsito de Varones y Mujeres, los nombres de los menores alojados en los tres lugares y los legajos personales de los internos que figuran en la denuncia pública que un grupo de operadores y profesionales realizó hace 15 días.

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