El último día hábil de 2012, el juez federal Claudio Bonadío elevó a juicio oral la causa en la que investigaba si la obra social del Sindicato de Choferes de Camiones cometió un fraude al Estado. Así lo informó el juzgado por cédula a las defensas de los acusados.

Sin embargo, aunque el secretario general de la CGT Azopardo, Hugo Moyano, es la principal autoridad de la obra social y puso su firma en todos los expedientes investigados, el magistrado elevó la causa a juicio sin citar al líder camionero a dar explicaciones.

Bonadío apunta a los procesados en la causa, todos vinculados directamente con la obra social y con Moyano. Se trata de Juan Rinaldi, ex titular de la Administración de Programas Especiales (APE) y abogado de Moyano, a quien acusa de haber reintegrado dinero a la obra social en varios expedientes donde se presentaron troqueles falsificados de un medicamento de alto costo: Erbitux.

Otro de los señalados es el empresario Marcos Hendler, dueño de la droguería que provee medicamentos a Camioneros. Luis Alberto Somoza, de la droguería Prevent, y Javier López, de la droguería Satélite, también están acusados.

Bonadío procesó a Roberto Nieto, administrador general de la Obra Social de Choferes Camioneros, y a los auditores médicos: Guillermo Lombardero y Eduardo Szwarcer. Para el juez, los farmacéuticos sabían que los troqueles eran falsos, y el administrador general tendría que haber tomado medidas para cerciorarse sobre la legitimidad de los troqueles.

Bonadío también procesó a quien sucedió a Rinaldi en su cargo, Hugo Solá, también vinculado a Moyano. Es que, antes de pelearse con el Gobierno, el camionero manejaba ese organismo por concesión de los K.

Los expedientes investigados en la causa son una serie de informes que la obra social envió a APE, el organismo que se encargaba de admistrar los fondos de las obras sociales, que contendrían troqueles falsos.

La principal prueba en contra de los acusados es una pericia de los troqueles, que habría comprobado que el cartón utilizado es de origen nacional, cuando el original es fabricado en el exterior. También, la causa cuenta con una escucha telefónica en la que uno de los procesados pide 19 troqueles falsos a una droguería porque “Camioneros perdió” los originales y necesitaban los comprobantes para cobrar.

El total de la defraudación determinada por Bonadio sería de alrededor de 300 mil pesos.

La estrategia de Moyano fue desligar la responsabilidad en la droguería que le vendió los medicamentos, pero en la escucha telefónica el proveedor solicita los troqueles en nombre de la obra social. En el entorno de Hendler lo niegan y explican que la droguería no necesita cobrar los reintegros.

“Los troqueles fueron proveídos por la droguería. la obra social recibió las facturas comerciales de esos remedios con los troqueles adheridos a la factura. Esos mismos troqueles son los que se utilizaron en los expedientes presentados al APE”, dijeron a este diario en el entorno de Moyano.

El abogado de Hendler, León Arslanian, pidió realizar una nueva pericia de los troqueles.