Remedios robados, un negocio que ya mueve $ 1100 millones

El monto representa el 10 por ciento de los medicamentos que se venden en el país
El comercio de medicamentos adulterados, falsificados y robados en la Argentina pasó de un reducido 1 por ciento del total en 2000, a un 3 por ciento en 2004, a un 7 por ciento en 2006 y un 10 por ciento en 2009, según datos de los laboratorios y la industria farmacéutica.

Este ascenso inquietante se condice con el aumento de las causas judiciales acumuladas en la fiscalía especial de Pompeya, que desde hace 12 años investiga especialmente este tipo de hechos ilícitos. La mayoría de las 500 investigaciones en curso corresponden a los últimos años.

El negocio irregular de remedios mueve en el país aproximadamente 1100 millones de pesos anuales, según Marcelo Peretta, doctor en Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y presidente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos.

No existen estudios oficiales acerca de este mercado, aunque, el subdirector de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (Anmat), Daniel Goyán, dijo esta semana a la agencia Télam que "la Argentina es uno de los países más seguros en materia de medicamentos y que no existe una falsificación masiva". El funcionario aseguró que sólo "el 0,9% de los medicamentos que circulan en la Argentina son ilegítimos -robados, adulterados o falsificados- y que los peligrosos para la salud representan apenas el 0,2 por ciento".

El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Claudio Zin, de todos modos, no concuerda con la visión de la Anmat, al señalar que, este negocio ilegal en el país se acerca más al 10% que, al 0,9%, del total comercializado.

Pacientes desesperados con enfermedades crónicas y medicamentos adulterados: una combinación nefasta. Esto es lo que comenzaron a notar con mayor asiduidad los fiscales de Pompeya, Marcelo Munilla Lacasa y Adrián Giménez.

Lo llamativo es que en el 80 por ciento de las causas aparecían los mismos nombres: entre ellos las droguerías Bairesmed, Seacamp y Sanford (del asesinado Sebastián Forza) y San Javier (de Néstor Lorenzo, que fue detenido y excarcelado).

Forza apareció muerto a tiros en agosto del año pasado junto a Damián Ferrón y Leopoldo Bina, en un zanjón de General Rodríguez y, Lorenzo, está como principal imputado en el juzgado federal N° 5, a cargo de Norberto Oyarbide. Los investigadores creen, de todos modos, que esto es apenas la punta del ovillo de algo muy grande.

"El descontrol de medicamentos favorece el narcotráfico: cocinas que empiezan falsificando remedios, terminan produciendo éxtasis y gente que prueba fármacos que no necesita para continuar con drogas de abuso", dijo Peretta.

La Mesa Conjunta de Entidades Nacionales Farmacéuticas, integrada por las organizaciones más representativas del sector, desde hace tiempo que reclama la promulgación de una ley del Congreso que a su juicio ordenaría el mercado de medicamentos y que ya cuenta con la sanción en la Cámara de Diputados. Pero desde hace un año y medio ese proyecto permanece estancado.

Descontrol

"Los medicamentos, por un decreto de 1991, se venden fuera de las farmacias sin control de un profesional y eso generó un mercado con gente inescrupulosa", dijo Enrique Roca de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).

Según datos de Peretta, en 2000, las droguerías habilitadas no eran más de 90 y hoy superan las 400. Según la reglamentación de la Anmat, una droguería debería poseer infraestructura y logística suficiente para almacenar y distribuir productos sanitarios a farmacias, clínicas y hospitales.

Sin embargo, según Peretta, "aparecieron droguerías en espacios tan reducidos como una oficina o apenas con una casilla postal -las denominadas cuevas- para canalizar remedios falsos".

De hecho, en una resolución de la Anmat se le prohibió a la droguería San Javier, de Lorenzo, operar fuera de la ciudad de Buenos Aires, después de comprobar que le había comprado el medicamento Beriate P 1000 adulterado a Bairesmed, unas de las empresas de Forza.

Cuando los inspectores llegaron a San Javier notaron que no contaba con las bodegas habilitadas para mantener los medicamentos en las condiciones necesarias. Lorenzo declaró a la Anmat, según consta en el expediente, que el lugar de abastecimiento de los medicamentos de San Javier se encontraba en la Obra Social Bancaria, que, por cierto, tampoco contaba con la habilitación de la Anmat.

Justamente el juez Oyarbide, anteayer, descubrió esa oficina durante el allanamiento al Policlínico Bancario.

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