Remedios falsos: obligan a las obras sociales a informar sobre tratamientos oncológicos

El detalle debe incluir además los medicamentos para sida y hemofilia ofrecidos desde 2006 y ser remitido a la Superintendencia de Salud antes del 30 de septiembre; se ordenó resguardar la identidad de los pacientes
Todas las obras sociales del país deberán informar al Gobierno sobre los tratamientos para enfermedades oncológicas, hemofilia y SIDA que dieron a sus afiliados desde el 1º de enero de 2006 hasta la fecha.

La obligación se desprende de la resolución 934 que se publica hoy en el Boletín Oficial. La norma indica que "las irregularidades trascendieron públicamente acerca de la provisión de determinados medicamentos hacen necesario contar con información puntual y específica respecto del desarrollo de los tratamientos que las Obras Sociales han venido dando a los beneficiarios afectados" por esas enfermedades.

Por ello, establece que las obras sociales deberán remitir un informe detallado a la Superintendencia de Servicios de Salud, a cargo de Ricardo Bellagio, antes del 30 de septiembre.

El listado que se requiere deberá incluir el detalle de los tratamientos por enfermedades oncológicas, hemofilia y el virus HIV sin identificar a los pacientes que los recibieron.

Detalle. Según consta en el anexo de la resolución, el informe deberá especificar: el diagnóstico principal, el protocolo terapéutico empleado (incluyendo el nombre de monodrogas), el nombre del prestador de servicios clínico-terapéuticos responsable del protocolo y el prestador de los medicamentos, además de las fechas de inicio y finalización del protocolo y su resultado terapéutico. En este último punto, las obras sociales tendrán qie dar cuenta de la sobrevida o no del paciente, y los niveles de remisión o curación observados.

La decisión oficial se conoció pocas horas después de que el Gobierno ordenara investigar a seis obras sociales que, tal como ocurría con La Bancaria, operaban con las droguerías sospechadas de haber suministrado medicamentos adulterados.

Es además una nueva derivación de la investigación que por esas irregularidades lleva adelante el juez federal Norberto Oyarbide. Por recomendación del magistrado, el Gobierno intervino ayer la obra social del gremio bancario que conduce Juan José Zanola.

La Bancaria quedó en la mira de la Justicia después de que en un allanamiento en el policlínico que ese gremio maneja en Flores se secuestrara una partida de medicamentos falsos y se comprobara que la droguería San Javier, propiedad de Néstor Lorenzo, el principal imputado de la causa, tenía una oficina allí.

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