Se reinician las audiencias para autorizar tierras a desmontar

La Secretaría de Política Ambiental publicó el lunes en el Boletín Oficial la primer convocatoria a audiencia pública dentro del proceso de autorización de un desmonte luego de fines de 2007.
En ese momento, y ante la sanción de la Ley de Bosques Nativos, más conocida como "Ley Bonasso" (por su autor, el diputado nacional Miguel Bonasso), se paralizaron las audiencias para seguir adelante con estas acciones.

Esta primer convocatoria es por un pedido de desmontes abierto en abril de 2007 por la empresa Santa Cecilia del Oeste SA para desmontar 1773 hectáreas en Finca San Damián, de Anta, con el fin de establecer un proyecto de ganadería.

La audiencia está prevista para el 7 de octubre a las 10 en el Salón "La Fraternidad" de JV González. Quienes deseen conocer el expediente pueden hacerlo de 8 a 14 en Balcarce 388 en Salta Capital, o en la Municipalidad anteña, hasta el 5 de octubre.

Según se explicó a Nuevo Diario en la Secretaría de Política Ambiental, esta audiencia se convoca no solo porque están listos los estudios de impacto ambiental y social, sino porque además, los terrenos a desmontar se encuentran ubicados en lo que se conoce como "zona III o verde" dentro del ordenamiento territorial de la provincia de Salta, el cual está zonificado en la Ley 7543 de la provincia. Esta zona es la que se entiende, puede ser destinada al desmonte.

Igual, a este expediente (como se prevé, pasará en otros casos), se le aplica el artículo 28 de la ley, que fuera en principio rechazado por técnicos de Política Ambiental, pero que finalmente fue aceptado por el gobernador Juan Manuel Urtubey al momento de promulgar la ley. Este artículo establece que "las peticiones incoadas bajo el imperio de normas técnicas de calidad ambiental y presentadas con anterioridad al dictado de la ley Nº 26.331 (ley Bonasso), deberán ser consideradas bajo los principios, condiciones y exigencias establecidas en dichas normas y autorizadas según sus preceptos.

En ningún caso resultan de aplicación retroactiva la imposición de técnicas o requisitos nuevos". Esto implica que algunas condiciones del nuevo ordenamiento quedan fuera de análisis, y solo se tendrá en cuenta si el desmonte está permitido en las zonas en las cuales esta actividad sea solicitada.

Con el actual antecedente se deberá tener en cuenta que sucede de ahora en adelante, dado que durante el gobierno de Juan Carlos Romero se habían tramitado autorizaciones de desmontes por cerca de medio millón de hectáreas.

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