En medio de la movilización convocada por distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales en rechazo a la represión policial que tuvo lugar frente al palacio municipal,  funcionarios comunales informaron la reincorporación de 2.100 trabajadores.

En esa reunión, desde la Municipalidad informaron que de los 4.500 contratos que vencieron en diciembre se había decidido renovar 2.100 y se aceptó la propuesta de crear una comisión para revisar los 2.400 casos restantes conformada por funcionarios del Ejecutivo y representantes de los trabajadores cesanteados.

Del encuentro participaron unos 15 trabajadores municipales, los concejales Florencia Saintout, Guillermo Cara, Marcela Farroni, Fabián Lugli y Silvana Soria, el ex candidato a presidente Nicolás del Caño y los diputados nacionales del FpV Omar Plaini y Jorge "Quito" Aragón, entre otros dirigentes. Esta comitiva fue recibida por Ponce, el secretario General, Javier Mor Roig, y el secretario de Gobierno, Nelson Marino.

Los ediles de FpV Nacional y Popular propusieron que la comisión estuviese integrada por concejales de la oposición y dirigentes sindicales, lo que no fue aceptado por la gestión.

"Nosotros presentamos un proyecto para retrotraer la situación a como estaba antes de diciembre y luego, con todos adentro, ver a quién se saca. En el Presupuesto votamos un incremento del 40 por ciento para trabajadores temporarios pero esta medida se contradice con la suba de los fondos", aseguró Guillermo Cara.

Uno de los dirigentes que se mostró más activo en el encuentro fue el Diputado nacional y secretario general del gremio de los Canillitas, Omar Plaini, quien criticó la calificación de "ñoqui" con la que se describe a los trabajadores estatales y recriminó a la comuna que no haya habido un "sondeo previo" antes de cesantear los contratos.

Por su parte, Marcela Farroni aseguró: "Hay laburantes que quedaron afuera y con buen criterio Mor Roig y Ponce ratificaron lo que había dicho Garro, que se iba a rever caso por caso", en diálogo con blancosobrenegro.

"Muchos son funcionarios que en noviembre renunciaron a sus cargos de directores para quedar en condición de empleados rasos y no ser echados. El Estado no se puede hacer cargo de toda la gente que deja la gestión", consideró Farroni.