Registros de conducir, un sospechoso negocio

En 2007, el entonces ministro de Gobierno (Randazzo) realizó compras directas por más de $ 4,6 millones para adquirir una máquina europea para confeccionar identificaciones. Las empresas que vendieron el artefacto y los insumos tienen el mismo domicilio y no se dedicarían a ese rubro. Polémica

Noviembre de 2007. Felipe Solá transitaba por sus últimos días como mandatario provincial y el entonces ministro de Gobierno, Florencio Randazzo, anunció con bombos y platillos la puesta en funcionamiento de un sistema único para confeccionar registros de conducir.

El nuevo programa implicó la adquisición, mediante compras directas por más de $ 4,6 millones, de una moderna máquina (Eurodelta DG 200) y sus insumos. El artefacto, que fue importado desde el viejo continente (más precisamente Suiza), sirve para la confección de las nuevas identificaciones con “rigurosas características de seguridad”, como son una microimagen fotográfica que sólo puede verse con luz ultravioleta. 

La adquisición estaba amparada por la emergencia vial, que le dio facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo para adoptar medidas que permitieran paliar el flagelo de los accidentes de tránsito. Estos superpoderes, como sucede con todas las declaraciones de emergencia, abren las puertas a las denominadas compras directas, que permiten hacer millonarias adquisiciones sin atravesar por los controles que implican los llamados a licitación.

Desde la oposición afirman que la emergencia vial (decreto nº 40/07) es una figura no reconocida en la legislación provincial. El decreto fue prorrogado por Daniel Scioli el 27 de diciembre de 2007 y su vigencia ya expiró, sin ser avalado por la Legislatura. Remitida una nueva ley de Tránsito, la misma sólo recibió media sanción en el Senado.

La idea de Randazzo (que actualmente es ministro del Interior y podría extender este sistema a nivel nacional) era centralizar la confección de las identificaciones como una forma de aplicar un freno a “la confección discrecional de registros de conducir que, en teoría, tenía lugar en algunas comunas”. Pero, un año después, sólo tres comunas (La Matanza, Berisso y Ensenada) forman parte del programa. En estos últimos dos municipios recién se puso en funcionamiento en los primeros días de septiembre de este año -lejos por cierto de los casi 1.200.000 registros que anualmente se confeccionan en Buenos Aires-, por lo que la urgencia que motivó la compra de la máquina parece que no era tal. Este dato es sólo un detalle si se tiene en cuenta que, según una investigación que viene realizando el bloque de diputados bonaerense de la Coalición Cívica, existirían serias irregularidades en la compra millonaria.

¿De qué se trata? Según pudo saber Hoy, el legislador Walter Martello presentará en los próximos días un pedido de informes debido a que, aparentemente, las empresas que vendieron la máquina y los insumos tienen el mismo domicilio (calle 13 y camino Centenario de La Plata), con lo cual se violaría el reglamento previsto en la ley de Contrataciones, que estipula que un proveedor no puede pertenecer a más de una empresa. “La compra es irregular porque debió darse cuenta de que ambas empresas tenían el mismo domicilio, la Contaduría de la Provincia, la Asesoría General de Gobierno y el asesor letrado del ministerio de Gobierno. Además, resulta por demás sospechoso que todos estos organismos no hayan advertido que estas empresas no se dedican a vender máquinas y menos a importar desde Suiza, como se anunció oportunamente”, dijo Martello.

En ese sentido, según la investigación de la Coalición, en los registros comerciales de importación y exportación no aparecen los valores de la máquina Eurodelta y sus correspondientes insumos. Es más, Martello afirmó que una de las empresas involucradas, Eurocalcográfica SA, “ni siquiera tiene registro de importación”.

Eurocalcográfica (que habría adquirido los insumos) es una sociedad anónima constituida por Bunder SA, y cuyo domicilio coincide con el que tiene la firma Turati Lombardi SA, que adquirió la máquina. “Es evidente que las dos empresas, en realidad, es una misma compañía”, dijo Martello.

Actualmente, la máquina está montada en los talleres de la dirección de Impresiones del Estado bonaerense. Hoy se comunicó con el ministerio del Interior para conocer la versión oficial ante la denuncia de la Coalición Cívica. No hubo respuesta.

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