Registran a los presos políticos entre el 55 y el 83

Los indemnizarán por los días de detención.
La Argentina no cuenta aún con un registro de detenidos por motivos políticos. Por ello, hace casi un año, la presidenta, Cristina Fernández, y el por entonces ministro de Justicia, Aníbal Fernández, dieron curso a un proyecto en ese sentido. Ayer, el salón comedor de la Casa de Gobierno fue el escenario de un encuentro para que Tucumán avance con ese censo.

Hugo Roberto Regalado, funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y el titular del área de la Provincia, Daniel Posse, se reunieron con ex detenidos políticos. "La idea es abrir un registro en función de que hay muchísimas reivindicaciones que aún no fueron logradas", dijo Posse.

El funcionario explicó que nuestra provincia reviste una situación paradojal. "Al margen de los presos políticos que fueron detenidos en condiciones legales y que aparecen en los registros, muchos fueron atrapados en condiciones de ilegalidad y luego liberados", dijo.

Posse justificó las reivindicaciones por las que pelea este sector. "Al haber estado detenidos, no pudieron trabajar, ni hacer aportes; y luego, la propia sociedad les dio la espalda. Estas situaciones se tienen que abordar legislativamente. Hay algunos proyectos", adelantó.

En efecto, según agregó Regalado, uno de los proyectos pertenece al diputado nacional por Tucumán Gerónimo Vargas Aignasse. "Esta iniciativa pide una pensión universal para todos los ex presos políticos. Además, hay otro proyecto que promueve una jubilación. Reivindicaciones hay muchas, pero hay que ir dando pasos", aclaró el funcionario del Archivo Nacional de la Memoria, dependiente de la cartera de Derechos Humanos de la Nación. Debido a ello, adelantó que el censo permitirá conocer las condiciones socioeconómicas de los ex presos y, sobre esa base, saber si tienen viviendas, obra social, jubilación o si reciben algún beneficio del Estado.

El funcionario dijo que el 3 de diciembre el Senado sancionó la que se conoce como Ley Dovena, -ampliación de la Ley 24.043-, por la que se dio un resarcimiento económico a quienes estuvieron detenidos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. "Incluye a los que estuvieron en comisarías, centros clandestinos, y cárceles, sin que hayan sido registrados; es decir, si estuviste 20 días preso en una comisaría, se te pagarán esos días", agregó.

El registro de ex detenidos políticos abarca de 1955 a 1983. "Es un trabajo muy arduo, que va a servir para la historia del país, porque desgraciadamente no hay registros oficiales confiables que permitan asegurar cuántos fueron los perseguidos políticos del 55 al 83. Este censo servirá para saber cuántos tucumanos fueron víctimas del terror del Estado", afirmó.

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