Régimen de exención Para usuarios del gas

Usuarios del servicio de gas natural que acrediten "dificultades socio económicas o humanitarias", pueden acceder a un régimen especial que los exime del pago del cargo establecido por el Decreto 2067 del Poder Ejecutivo de la Nación.
En las últimas horas Enargas dispuso la excepción para los clientes de bajos recursos, pero en Buenos Aires ahora se obliga a las empresas a difundir esta disposición, ante las insistentes quejas que recibe el organismo.

En Jujuy, hace tiempo que Gasnor llevó a la práctica esta disposición, la cual también rige en todas las provincias de su área de distribución.

La excepción es para todas aquellas personas que certifiquen su condición de pobreza o de imposibilidad de abonar el citado aumento, las que serán categorizadas como clientes R3.

Es el caso de aquellos titulares del servicio que son jubilados o pensionados con haber mínimo, tienen un plan social, son desocupados, con capacidades especiales, problemas de salud comprobable, etc.

A raíz de las medidas cautelares implementadas por la Justicia en la mayoría de las provincias del NOA, que permiten al cliente de Gasnor no pagar los cargos del Decreto 2067, los trámites de excepción no son numerosos.

Los requisitos para acceder al beneficio están disponibles en las sedes de las distribuidoras de gas, donde se entrega a los interesados un formulario.

Las consultas se reciben en las oficinas de atención al público de Gasnor, de lunes a viernes en horario comercial, o por teléfono al 0810-444-1444 Servicio al Cliente.

Aumentan reclamos

contra las fotomultas

Automovilistas jujeños y de otras provincias radicaron insistentes denuncias por el cobro de supuestas infracciones de tránsito cometidas en jurisdicciones del norte de la provincia y que se tramitan mediante el sistema de fotomultas.

Los reclamos fueron planteados ante el Defensor del Pueblo de Jujuy, Víctor Galarza, por automovilistas que fueron objeto de multas en las comisiones municipales de Pampa Blanca, Volcán y Maimará y la municipalidad de Calilegua, quienes advirtieron sobre "irregularidades" en la aplicación de las foto multas.

La institución también recibió reclamos de otros casos desde la Defensoría del Pueblo de la Nación y de otros cuerpos provinciales y municipales. Esto suma a que fueran severos los cuestionamientos realizados en distintos municipios de nuestro país, donde existía este sistema que luego fue anulado por orden administrativo o judicial por falta de reglamentos y controles técnicos sobre los mismos, por ser una "forma dudosa de asignar correctamente las supuestas infracciones, porque pueden permitir una manipulación en las capturas de las supuestas fotomultas de tránsito que pueden hacer aparecer como infractor a un vehículo que no lo es".

Las investigaciones que está llevando a cabo por el Defensor del Pueblo de Jujuy, persiguen determinar si las multas recibidas por los usuarios cumplen con las normas nacionales y provinciales, a los fines de garantizar el derecho a defensa que tiene cada supuesto infractor, además de tratar de que dichos controles cumplan con el objetivo que marcan las leyes, que es la prevención y no la recaudación.

Una vez finalizadas las averiguaciones, la institución emitirá la resolución con opinión definitiva, agotando la vía administrativa.

La mayoría de las denuncias recepcionadas tienen denominadores comunes, entre ellos los que a continuación se detalla:

Notificaciones recepcionadas en sus domicilios luego de dos y tres meses de haber cometido la infracción supuestamente sin medios fehacientes.

Las multas son realizadas a los vehículos, por lo tanto en muchos casos no pertenecen a la persona que a recibido la notificación. Los montos de las supuestas multas ascienden a 330 y 900 pesos aproximadamente.

Se recibe las supuestas multas con la firma de un supuesto inspector que nunca los detuvo para informar de la supuesta falta.

Falta de inspector en las rutas nacionales donde se encuentran los equipos de captación de imágenes.

En las notificaciones recibidas por los denunciantes no figura el número de resolución de aprobación de los equipos.

Las fotografías tomadas no son nítidas, se encuentran borrosas. No se puede diferenciar si el automóvil va con las luces encendidas o no, como así también fotografías que toman solo una parte del rodado y en algunos casos, solo capturan la patente del mismo.

A los usuarios para que puedan ejercer sus derechos de defensa se les presenta una situación confusa ya que deben realizar llamadas telefónicas a características de Buenos Aires, siendo una multa realizada en la Provincia de Jujuy.

También tienen dos direcciones distintas, una en el sobre y otra en la cedula de notificación.

En cuanto a los descargos presentados por los usuarios, pudo observarse que no se los tuvo en cuenta ya que luego recibían nuevas notificaciones elevando el monto de la multa de 300 a 900 pesos.

Algunos usuarios se quejan de que luego de haber pagado la primera multa, les continúan llegando otras hasta nueve veces.

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