Regalo de fin de año para los sindicatos

Por Carlos Pagni

Como las dificultades fiscales impidieron el pago de una suma extra de 500 pesos para los trabajadores, Néstor Kirchner resolvió aplacar el mal humor de los sindicalistas regalándoles una fenomenal victoria corporativa: el Gobierno reducirá a cero la libertad de opción dispuesta a partir de los años 90 en el sistema de salud.

La Nacion lo adelantó el 24 de noviembre: un decreto impulsado por la Superintendencia de Salud, a cargo de Juan Rinaldi, abogado del Sindicato de Camioneros, impedirá que los asalariados puedan dejar la obra social de su gremio. La norma se publicaría esta semana, siempre que la superintendencia, la Secretaría Legal y Técnica y la AFIP superen el enredo reglamentario en el que quedaron atrapadas desde que comenzaron a redactarla.

Tres cláusulas principales harán que los sindicalistas recobren el control monopólico del aporte de los trabajadores a la salud: a) los que ingresen a un nuevo empleo deberán permanecer por lo menos 6 meses en la obra social de su gremio; b) sólo se podrá migrar a otra durante un mes determinado, pero se podrá volver a la de origen en cualquier momento; c) el que decida pasarse dispondrá de una mínima fracción de su contribución, ya que deberá seguir pagándole a la obra social que abandona el equivalente al aporte promedio de su actividad (la AFIP todavía no encontró el modo de implementar esa discriminación).

Las inconsistencias jurídicas y políticas de estas reglas saltan a la vista. Por ejemplo: hasta el viernes el proyecto de decreto no aclaraba si las restricciones serían retroactivas. Si lo fueran, colapsarían las organizaciones de medicina prepaga, ya que el 60% de su clientela proviene de afiliados insatisfechos con su obra social. Con el nuevo régimen, los trabajadores sólo dispondrían de una porción ínfima de su cuota, que será insuficiente para acceder a un plan prepago.

En cambio, si las nuevas disposiciones no fueran retroactivas, como prevé el Gobierno, habría empleados de primera clase, que seguirán derivando a la entidad que prefieran la totalidad de su aporte, y de segunda, que sólo controlarían la diferencia entre su aporte y la contribución promedio de su actividad.

La aberración más notoria de los cambios que se avecinan no deriva de sus incoherencias reglamentarias, sino del concepto que los inspira: la obligación de dejar parte del aporte en la obra social que se quiere abandonar es un insólito premio a la ineficiencia.

Si un trabajador fue maltratado por una entidad y decide buscar una mejor cobertura -lo que casi siempre supone pagar una suma extra al aporte básico- deberá aumentar de manera muy significativa su gasto en salud, ya que casi toda su contribución la seguirá cobrando la institución de la que se quiere ir. Esa institución ya no estará obligada a prestarle servicio alguno.

El primer mandamiento de la corrupción, cobrar por no hacer nada, será fijado por decreto. ¿Firmará Cristina Kirchner semejante dislate?

Tal vez lo haga. La idea que organiza esta reglamentación hace juego con la incautación de los ahorros jubilatorios: también el aporte al sistema de salud pertenecería al Estado y no al trabajador.

Por eso el Gobierno dispondrá de él para premiar a los sindicalistas incompetentes. Ahora bien, si la contribución al sistema de salud no deviene de un ingreso que el asalariado puede derivar donde le plazca, sino que se trata de un impuesto, tal vez sea insuficiente un decreto y, para disponer lo que el sindicalismo les exige a los Kirchner ante la inminente recesión, haga falta una ley.

Ya hay abogados preparando recursos de amparo para cuando se publique la norma.

Competencia

Las deformaciones que está por alentar el oficialismo son, tal vez, inevitables, como sucede con todo intento por mejorar un engendro: en el sistema de salud argentino conviven, de manera inconciliable, el principio de la competencia con el de la solidaridad.

Los sindicalistas denuncian que la desregulación anuló el criterio por el cual los peores salarios se compensaban con los mejores para permitir un financiamiento equilibrado de las obras sociales. Los afiliados de mayores ingresos -se quejan- salieron del sistema para buscar servicios más calificados en las prepagas.

¿Habrá tenido algo que ver en ese éxodo la decadente calidad de la medicina sindical? De eso no se habla.

Para evitar la distorsión que aducen los sindicatos, Carlos Menem y Fernando De la Rúa reconocieron un límite: la libertad de opción sólo se ejercería dentro del universo de entidades sindicales.

La restricción duró poco: muchas obras sociales, algunas de ellas casi inexistentes de tan pequeñas, se asociaron a prepagas y comenzaron a operar como una ventana a través de la cual los aportes saldrían del sistema sindical. Con los planes de cobertura privados como imán, organizaciones que no tenían más de 1000 afiliados llegaron a superar los 200.000.

Con las nuevas medidas, el Gobierno prepara también castigos para los gremialistas que pusieron sus organizaciones al servicio de las prepagas, para que éstas afiliaran a empleados que, de otro modo, no podrían contratar los servicios que desean.

El primer caso será el de Hugo Buisel Quintana, de la Obra Social del Personal de Organismos de Control (Ospoce), a través de la cual se accede a la cobertura de Swiss Medical, de Claudio Belocopitt.

A Quintana lo acusan de haber invertido recursos de los afiliados en actividades lucrativas dentro y fuera del país. Le intervendrán Ospoce que es, después de Comisarios Navales, la entidad que más afiliados recibió: alrededor de 200.000, lo que suma aportes por 24 millones de pesos.

Los directivos de las prepagas están muy inquietos ante la inminente reforma. En vísperas de la Navidad se reunieron en una vinería de la calle Buschiazzo para un brindis. El más demandado esa tarde fue Julio Fraumeni, de "Tim-Galeno": "¿Por qué no hablás con Armando?", le sugirieron. "Imposible, con Cavalieri terminamos muy mal", contestó Fraumeni, cortante.

No estaban desorientados lo que pedían esa gestión: Cavalieri es el verdadero autor de la reglamentación que el superintendente Rinaldi suscribió sin demasiado examen. El secretario general de los Empleados de Comercio controla Osecac, la obra social que más afiliados expulsa. Pero no se lo castigará por eso: al contrario, están por darles los instrumentos legales para que pueda amarrar a sus -digámosle así- beneficiarios.

Sería un error, sin embargo, imaginar un conflicto político entre los sindicatos y los dueños de las prepagas.

Lo prueba el pedido a Fraumeni y su respuesta: lo que terminó mal con Cavalieri fue una antigua relación que derivó en emprendimientos, como Medicina Integral Metropolitana (MIM), una prepaga.

El ejemplo de Cavalieri y MIM, uno entre tantos, ilustra la carencia de prejuicios de los sindicalistas hacia las empresas privadas. Muchos las contratan como prestadoras para sus obras sociales.

Eso sí, lo que un gremialista jamás aceptará es no ser él quien firma el convenio del que derivan ventajas visibles e invisibles. En otras palabras: lo que debe prohibirse es que sea un asalariado el que, con la libertad que le da su aporte, contrate a la prepaga.

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