Desde la gobernadoraMaría Eugenia Vidal , que le pidió a su equipo un informe sobre las firmas que más aumentaron sus precios, hasta Elisa Carrió, que se enojó con los supermercados y afirmó que no volvería a pisar uno. O el propio vicejefe de Gabinete Mario Quintana , quien fue aún más allá: "En la Argentina hay empresarios cartelizados que se benefician con la devaluación y, por ello, a muchos les gustan los controles de precios".

En algunas cámaras empresarias habían empezado a hablar de una supuesta "morenización" del Gobierno. Sin embargo, la estrategia estaba lejos de asemejarse. Con muy bajo perfil, el presidente de la Nación aceleró la reglamentación de la nueva ley de defensa de la competencia, que entra en vigor el lunes.

Se tomó solo seis días de los 60 que tenía disponibles. Eso supone un cambio de reglas inédito en el país: la lapicera de los controles a las posiciones dominantes, a los carteles corporativos y a los abusos propios de fusiones y adquisiciones deja de ser política para convertirse en una responsabilidad de una nueva entidad técnica y autárquica del poder de turno. De hecho, el nuevo titular de la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) surgirá por concurso y tendrá un mandato de cinco años para superar la vigencia de un período presidencial. Algo similar a lo que ocurre con los titulares del Banco Central . En paralelo hay 12 sectores en la mira con investigaciones abiertas.

La tempestad cambiaria hizo que su aprobación pasara por debajo del radar. Pero la iniciativa de Carrió y Mario Negri marca nuevas reglas de juego que entrarán en funcionamiento completo en 30 días y que serán, al igual que los anuncios que hará el próximo lunes el titular de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, herramientas con las que se busca dar batalla contra la inflación.

Uno de los ejes principales pasa por las sanciones. "Durante los últimos años había empresas a las que les era más conveniente la multa que cumplir la ley, y eso cambiará", admite Greco. Las sanciones tendrán ahora unidades móviles. Eso implica que, por citar un ejemplo, un límite que antes se fijaba en unos $150 millones ahora puede llegar a $4000 millones. También que habrá un nuevo criterio monetario en el que juega la facturación. De manera de tener en cuenta también la escala de una compañía y hacer que el castigo por un delito sea acorde con su tamaño.

Otro eje gira en torno al nuevo programa de clemencia. Es decir que en aquellos casos donde existan presuntas cartelizaciones se pueda apelar a la figura del arrepentido y este pueda presentarse ante la máxima autoridad. Se crea así un incentivo para romper el equilibrio que suele haber cuando dos o más compañías se ponen de acuerdo. Habrá reducciones de multa para el que primero toque a la puerta y está comprobado por la experiencia de leyes como la de Estados Unidos que el 90 por ciento de las multas por sanciones surgen de programas de clemencia. "Con esto se rompen el silencio y la falta de denuncias entre pares", aseguró una alta fuente de la CNDC.

El "régimen de clemencia", como lo bautiza la ley, prevé la reducción o exención de multas a las empresas que aporten datos para detectar violaciones de la ley. Puntualmente, exime de sanción al primer potencial integrante de un cartel que aporte las pruebas necesarias que permitan detectar casos de cartelización.

También hay cambios importantes para las fusiones y adquisiciones. En la Argentina, debido a la demora de las aprobaciones, que tardan en promedio tres años, las operaciones se dan de hecho y luego cuesta corregirlas. Ahora el sistema será de control previo y no posterior. Esto implica que gran parte de las operaciones que hoy se investigan no podrán suceder hasta que se les dé luz verde. "Hay un período de transición de doce meses y el compromiso de acelerar los tiempos", admite Greco.

Puntualmente, la reforma establece la prohibición de "todos los actos o conductas que distorsionen o influyan negativamente en las condiciones de mercado". Respecto de las multas, indica que las empresas que incurran en prácticas monopólicas y de cartelización deberán pagar una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en la conducta ilegal multiplicado por la cantidad de años en los que hayan sostenido esas prácticas. Ese monto no podrá exceder el 30% del total de negocios de la empresa involucrada.

Hoy es Esteban Greco, el presidente de la comisión y uno de los hombres más temidos por parte del sector empresario durante la era Macri, quien ya tiene las investigaciones abiertas en 12 sectores. "No deberíamos ser vistos como villanos porque favorecemos a los que compiten en buenos términos a que puedan desarrollarse mejor y estén protegidos", se defendió ante la consulta de LA NACION. Al licenciado en Economía (UBA) y máster en Economía (Di Tella) lo acompañan cuatro vocales: Marina Bidart es graduada en Ciencias Políticas (UBA), máster en Economía de Gobierno (Udesa) y máster en Internacionalización del Desarrollo Local (Bolonia). También están María Fernanda Viecens, doctora en Economía de la Universidad Carlos III de Madrid y licenciada en Economía de la Universidad de Córdoba; Eduardo Stordeur (h.), director de la Maestría en Derecho y Economía de la Di Tella y doctor en Derecho de la UBA, y Pablo Trevisán, quien fue socio del estudio Trevisán y director de legales en BACS Banco de Crédito y Securitización, White & Case (Bruselas), y el estudio O'Farrell, quien es abogado y se doctoró en Ciencias Jurídicas de la UCA, cuya tesis doctoral es la reparación de daños por infracción a las normas de competencia. Entre todos forman un cuerpo colegiado de cinco votos que permitiría definir entre la culpabilidad o no de las empresas denunciadas para dar pie a que otros organismos sigan con la investigación.

En los tiempos K, tres de los cinco funcionarios que estaban en la cabeza del organismo provenían del sur de la Argentina y tenían estrecha relación con Carlos Zannini , el estratega jurídico de las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner . Ricardo Napolitani, que asumió como número uno después de que Guillermo Moreno desplazó al titular anterior, José Sbatella, fue una figura clave para nombrar a otros dos vocales: Fabián Pettigrew y Santiago Fernández.

"Se va a llamar a concurso para los siete cargos, cinco del tribunal en formación más dos secretarios que se incorporan", admite Greco. La cúpula cambia, pero no así el equipo de técnicos. Además se crea formalmente la Autoridad Nacional de la Competencia, un organismo encargado de controlar y fijar sanciones, compuesto por un tribunal de cinco miembros y dos secretarías: las de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas.

Hasta ahora, por la ley vigente, la 25.156, la autoridad de aplicación era la Secretaría de Comercio Interior, que depende del Poder Ejecutivo. La nueva autoridad de referencia será independiente y descentralizada. Se prevé un mecanismo de convocatoria por concurso a los posibles titulares que deberá contar con respaldo del Senado. Eso implica que las cinco autoridades actuales de la comisión (CNDC) podrán competir por la nueva posición, pero, a diferencia de los 110 técnicos que migrarán a la nueva entidad, ninguno tiene un sillón asegurado. Al menos no por ahora.