Una reforma política que favorece el clientelismo

Por: Rodolfo Rodil

ex vicepresidente de la camara de diputados de la Nación

Las internas abiertas obligatorias y simultáneas le dan al gobierno más poder para influir en la selección de los candidatos de todos los partidos.

El gobierno se ha empecinado en acelerar la Reforma Política y en sancionarla antes del 10 de diciembre. El apuro del Ejecutivo no sólo tiene que ver con el cambio en el Parlamento a partir de esa fecha, sino también con impedir un debate profundo del texto legal.

La columna vertebral de la propuesta oficialista es la Primaria Abierta Simultánea y Obligatoria (PASO). Esta modalidad de selección de candidatos es presentada como la solución a los problemas de credibilidad que afectan a nuestro sistema de partidos.

Nada más alejado de la realidad. Las PASO, lejos de fortalecer la vida de los partidos (grandes o pequeños), los continuará deteriorando, al posibilitar que afiliados, adherentes o simpatizantes de un partido puedan participar en la selección de los candidatos de otro. Esto permitirá la intromisión de los más poderosos en las decisiones electorales de los más pequeños y agudizará las prácticas clientelares, tan habituales en nuestra geografía política. No hay razón alguna para que participen en la elección de los candidatos de izquierda quienes tienen un pensamiento de derecha (y viceversa), de los no peronistas aquellos seguidores del peronismo, de los radicales los afines al conservadurismo, o cualquier otra combinación posible.

Los candidatos deben ser elegidos por los mecanismos democráticos que cada partido establezca en sus Cartas Orgánicas. La mentada "participación social en la determinación de los candidatos" o "la doble legitimación", de la que hablan los defensores del proyecto oficial, no es más que la máscara detrás de la que se esconde la posibilidad para que los grandes aparatos estatales (nacionales, provinciales y municipales) influyan decisivamente a la hora de seleccionar los candidatos a Presidente, Vice, Diputados y Senadores Nacionales de todos los partidos.

El problema de la falta de credibilidad en los partidos no radica en el modo en el que se eligen los candidatos. Son las aberraciones que se han cometido (candidaturas truchas, transfuguismo, listas colectoras, etc.), las que han degradado el sistema de representación, profundizando el descrédito de las fuerzas políticas. El gobierno ha sido el principal responsable de estas prácticas que atentan contra la credibilidad y el sistema de representación promoviendo las candidaturas truchas y el transfuguismo de legisladores y gobernadores.

Si el objetivo de la reforma es "regular de manera equitativa y democrática el desenvolvimiento del sistema de representación", tal como lo dice el mensaje del PE, debería legislarse en relación a: implementar el voto electrónico, impedir las candidaturas testimoniales, sancionar a los "tránsfugas", transparentar el financiamiento de los partidos, promover la caducidad de las afiliaciones para depurar los padrones partidarios, crear un organismo autónomo del Ejecutivo que administre los recursos del Fondo Partidario Permanente, organizar un Fuero Electoral, establecer el financiamiento exclusivamente estatal de los Partidos y la capacitación de los dirigentes partidarios, regular el otorgamiento de la publicidad oficial y otorgar espacios gratuitos en los medios a los partidos de manera permanente.

Sin embargo, ninguno de estos temas aparecen en la propuesta del Poder Ejecutivo. El verdadero objetivo de esta reforma es incrementar el poder del gobierno al momento de elegir los candidatos de todos los partidos y mantener los recursos para el financiamiento de la política en sus manos, lo demás es puro maquillaje pseudoprogresista.

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