La reforma política: censura e intervencionismo

Por Adrián Ventura.

Es curioso y, por lo menos preocupante, el sostenido empeño que muestra el Gobierno nacional por silenciar el debate político.

Primero impulsó la aprobación de la ley de medios, con los que busca debilitar a las empresas de medios audiovisuales, interviniendo en un mercado que hoy es pujante y pluralista, para convertirlo en un mercado monocromático y conformado por empresas débiles.

Ahora, con la excusa de reformar el sistema político, estableciendo un régimen de internas abiertas -un objetivo que es legítimo e, incluso, podría ser elogiable-, el Gobierno intenta silenciar a los partidos y, también, a los medios.

Por un lado, la ley establece que los partidos sólo podrán utilizar los espacios televisivos que cede el Gobierno, que podrán financiar con recursos que reciban los partidos de dineros públicos y de personas físicas (nunca de empresas).

Por el otro, no se podrán hacer encuestas ni sondeos durante los 15 días anteriores a la elección y, lo que aún es peor, los medios de comunicación no podrán hacer referencia a ellos. ¿No es eso, acaso, una ley que establece una censura previa? Una cosa es prohibir a los partidos hacer campaña y publicar encuestas 48 horas antes de los comicios, para garantizar a los ciudadanos un tiempo de reflexión, y otra mucho más graves es apagar el debate 15 días antes de la elección.

La ley, que en sí crea un mecanismo de internas abiertas que, bien aplicado, podría servir para oxigenar la dirigencia política, también deja en evidencia que las intenciones políticas del Gobierno no apuntan a fomentar más democracia y más debate.

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