La reforma permite ocultar quién financia las campañas

La reforma permite ocultar quién financia las campañas
Si se aprueba la iniciativa, se limitará el acceso a la identidad de los aportantes y al origen del dinero
Si se aprueba la reforma electoral que propone el Gobierno, será muy difícil identificar a los financistas de las próximas campañas electorales.

Así lo denunciaron organizaciones dedicadas a combatir la corrupción y legisladores de la oposición, que después de analizar artículo por artículo el proyecto oficial están convencidos de que la ley podría servir para ocultar el origen de los aportes proselitistas.

Cuando todavía resuenan los ecos del escándalo de la mafia de los medicamentos y su supuesta conexión con el financiamiento de las campañas del kirchnerismo, la reforma limita el acceso a información esencial, como la identidad de quienes aportan a cada partido, y prohíbe las donaciones de empresas, con el peligro de que esos fondos se canalicen a través de intermediarios de esos intereses.

También se elimina el informe de gastos de campaña que los partidos debían presentar 10 días antes de los comicios, el único que le permitía al votante vislumbrar cuánto iba a gastar su candidato y quiénes los financiaban antes de sufragar; además de prohibir que los partidos contraten publicidad en medios audiovisuales.

Entre los artículos más cuestionados en materia de transparencia, está el 58 bis. Allí se establece que en su informe final de gastos los partidos deberán informar a la Justicia "el monto de los aportes recibidos, la naturaleza de los mismos, el destino y el total de las sumas gastadas". No menciona la identidad de los aportantes, ya que por "naturaleza" del aporte se entiende si recibió dinero en efectivo o especie, como servicios de transporte o de publicidad.

"Es un retroceso en materia de transparencia, porque deja un flanco abierto para que los partidos no informen el origen de los fondos", opinó la directora de Poder Ciudadano, Delia Ferreira Rubio. La especialista en partidos políticos indicó que otros artículos obligan a los candidatos a llevar un registro de aportantes, pero no es relevante si no los fuerzan a incluir ese dato en el informe que envían a la Justicia.

En el artículo 44, se prohíbe toda "donación o contribución [...] de personas de existencia ideal" (empresas). Las donaciones deberán ser de particulares, lo que hará mucho más difícil rastrear conexiones de empresas vinculadas con el Gobierno (mediante contratos, concesión de un servicio público o subsidios) con la campaña oficialista. "Hay una carencia transversal en materia de acceso a la información. Los datos que se piensan proveer son sumamente limitados y deficitarios", señaló Alvaro Herrero, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).

También hubo quejas por el artículo 49, que deroga la obligación de presentar ante la Justicia, 10 días antes de los comicios, un detalle de los aportes y gastos hasta esa fecha y una proyección de gastos totales.

"El Gobierno quiere que la gente se entere de que su campaña la solventó la mafia de los medicamentos sólo después de las elecciones", ironizó el diputado Fernando Sánchez, referente del tema de la Coalición Cívica.

Entre los artículos 76 y 85, se establece la prohibición a los partidos políticos de contratar espacios de publicidad en medios audiovisuales. Será el Gobierno el que los distribuya, un mecanismo del que desconfía toda la oposición. También interpretan que el proyecto no regula la publicidad oficial ni restringe el uso de los fondos públicos para las campañas, salvo porque prohíbe inaugurar obras públicas, proyectos y programas 15 días antes del cierre de campaña (hoy, el plazo es 7 días).

Para Unión Pro, el Gobierno pergeñó esos artículos contra Francisco de Narváez, el empresario que invirtió millones en su última campaña para ganarle a Néstor Kirchner.

"Todo este capítulo apunta a la consolidación y al monopolio del poder oficial -criticó el diputado electo Gustavo Ferrari, mano derecha de De Narváez-. El proyecto es un contrasentido, porque mientras dice alentar la afiliación y la participación, le impide al ciudadano financiar, si quiere, las ideas que cree que se deberían llevar adelante."

Consultado por LA NACION, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se defendió de las quejas: "Eliminamos a las empresas del financiamiento porque son más difíciles de individualizar. Eso agrega transparencia porque las personas físicas se sabe quiénes son".

El titular de la cartera política, que redactó el proyecto de ley, agregó: "El informe de los donantes 10 días antes de la elección nadie lo presentaba. Todos los partidos tenían dificultades, no cumplían y la Justicia los requería. Pero si quieren, lo incluimos de nuevo".

Sobre el financiamiento estatal de la publicidad audiovisual, el ministro señaló que eso busca "equidad, porque los espacios los asigna el Estado en cuotas iguales". Y agregó que hoy los canales de televisión deben donar el 7% de su programación a los partidos políticos 25 días antes de las elecciones, mientras que la ley la elevará al 10%. "Es mentira que no se autorregula la publicidad oficial: 15 días antes de la elección, no podrán emitirse avisos que induzcan al voto", dijo.

Hoy

* Informe previo de aportes y gastos

Se obliga a los partidos políticos a presentar, 10 días antes de las elecciones, un informe detallado sobre los aportes recibidos en campaña.

* Sí a la donación de empresas.

Se permite el aporte privado de personas físicas y jurídicas.

* Se difunden los aportantes.

El informe final de gastos de campaña ante la Justicia incluye la identidad del aportante.

Si sale la reforma

* Se elimina el informe previo.

Se elimina la obligación de presentar ese informe previo de aportes, mediante la derogación del artículo 54 de la ley de financiamiento.

* No a la donación de empresas.

Se prohíbe el financiamiento de personas jurídicas o ideales.

* No se difunden los aportantes.

El informe final de gastos de campaña ante la Justicia sólo incluye monto y naturaleza del aporte.

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