LA REFORMA PENAL OBTUVO MEDIA SANCION DE LA LEGISLATURA BONAERENSE

La Cámara de Senadores otorgó media sanción a un proyecto de ley de reforma penal, que impulsa el Poder Ejecutivo bonaerense a través de la modificación de cincuenta artículos del Código de Procedimiento.
La iniciativa, que será discutida la próxima semana en Diputados, promueve una audiencia entre las partes previa al juicio oral, con el propósito de evitar el trámite.

También crea tribunales orales con un solo magistrado, en lugar de tres, solo para el juzgamiento de delitos "cuya pena máxima en abstracto no exceda de 15 años de prisión o reclusión, o cuando, tratándose de un concurso de delitos, ninguno de ellos supere ese lapso".

El proyecto establece que los tribunales seguirán siendo de tres jueces cuando se trate de delitos cometidos por funcionarios públicos y cuando el imputado o su defensor requieran la integración colegiada.

También dispone que los juicios "deberán celebrarse dentro de los seis meses de radicada la causa en el órgano de juicio, plazo que el juez o tribunal podrán prorrogar por única vez, cuando se disponga una instrucción suplementaria que no permita su realización en dicho término".

La reforma reconoce al particular damnificado (víctima del delito) la facultad de formular acusación y abrir autónomamente el juicio cuando no esté de acuerdo con el sobreseimiento del fiscal, garantizando de esta manera su “derecho a ser oído".

Así mismo plantea como "excepcional" la prisión preventiva, con "previa vista" del fiscal, y con la posibilidad de ser apelada por las partes; en estas excepciones incluye la alternativa de cumplir prisión preventiva en domicilio y con pulsera magnética, a mayores de 70 años, enfermos en período terminal y mujeres embarazadas o con hijos menores a cinco años.

Incorpora la notificación por vía electrónica para suplir a los "correos policiales" y de esta manera poder destinar este personal a tareas de prevención del delito.

El proyecto llegó a tratamiento legislativo luego de haber sido sometido a debate entre cerca de tres mil profesionales de la justicia, colegios profesionales y magistrados.

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