Una reforma con más participación

Por: Andrés Gil Domínguez

PROFESOR DE DERECHO CONSTITUCIONAL (UBA Y UNIVERSIDAD DE SALAMANCA)

El proyecto del Gobierno no fortalece el derecho al acceso a la información pública ni la pluralidad política. Parece más pensado para restringir la democracia participativa que para consolidarla y ampliarla con consenso y racionalidad.

Una de las perspectivas necesarias de análisis del proyecto de reforma política debe afincarse en los aportes significativos que emergen de dicha propuesta, en pos de la construcción racional de una democracia participativa en el marco de un Estado constitucional de derecho. En este sentido, es vital el fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública que posibilite una competencia para la postulación de cargos públicos electivos garantizada por el pluralismo político.

La estructura central del proyecto propone un sistema que al combinar distintos pisos con exigencias porcentuales para constituir un partido político, poder hacerlo subsistir en el tiempo y obtener la debida legitimación para presentar candidaturas mediante la aptitud electoral (aunque se trate de una lista única) conduce inexorablemente a un multipartidismo sumamente restringido con tendencia al bipartidismo. En este punto, cabe interrogarse si es posible imponer normativamente un mecanismo que limita la participación entendida como multiplicidad amplia de ofertas electorales, en un país donde no hace mucho la implosión de un paradigma similar condujo a una crisis cuasi terminal. Esto debería ser el resultado de una decisión espontánea de la sociedad y no de una imposición coyuntural que se aleja de la diversidad política y limita la participación democrática. La existencia de muchos partidos políticos refleja la necesidad de múltiples vías de expresión de la soberanía popular, y sólo ésta mediante decisiones autónomas puede condicionar su ampliación o disminución.

Otro aspecto crítico se observa en la prohibición de publicar resultados de encuestas o sondeos de opinión, o pronósticos electorales, ni referirse a sus datos quince días antes de las elecciones generales en ningún medio de comunicación por cuanto implica un límite al acceso a la información pública del elector respecto de la situación de los distintos candidatos frente a la contienda electoral. De lo contrario, el sujeto emisor del voto sufriría de un implícito paternalismo político por parte del Estado, que supone desde una ficción que compromete el ideal de la democracia participativa, que dicho sujeto no está en condiciones de ejercer plenamente su autonomía frente a la información que recibe. También la obligación que se impone a las empresas ante cada trabajo de encuestas o sondeo de opinión realizado para una agrupación política de presentar un informe donde se individualicen los aspectos esenciales del trabajo estadístico realizado puede operar como un eventual ariete desde el Estado respecto de aquellas organizaciones que trabajen para la oposición o que publiquen resultados contrarios al oficialismo de turno.

El conjunto de disposiciones que establecen la prohibición de contratar en forma privada publicidad para las elecciones primarias delegan en el Estado la distribución de la pauta publicitaria para dicha ocasión, inhiben la publicidad en medios de comunicación antes de los veinticinco días previos al comicio y solamente limitan la publicidad por actos de gobierno a los quince días previos a la fecha fijada para las primarias y para la elección general, conducen inexorablemente a un escenario donde la plena vigencia del derecho de acceso a la información pública queda reducida a un peligroso margen de discrecionalidad estatal.

Por último, en el plano de las garantías es indispensable la creación de un proceso constitucional autónomo, libre de obstáculos, rápido y con una legitimación procesal amplísima (que se aleje de la figura del elector como un mero convidado de piedra) que permita reparar toda clase de lesión o amenaza de los derechos políticos establecidos por la Constitución argentina y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos con jerarquía constitucional.

¿Hace falta una reforma política? Indudablemente sí, pero solamente si se realiza sobre la base de grandes consensos, respetando nuestra historia y mirando más hacía el futuro que contemplando la efímera levedad del hoy.

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