Además, dijo que desde el PJ no aprobarán cambios en la ley de Contrato de Trabajo que perjudiquen a los trabajadores.

En diálogo con Diario Textual, el legislador pampeano dijo que recién en marzo se trataría. "Al proyecto lo pude analizar pero no en profundidad. Ingresó por el Senado y estimo que hasta marzo no lo van a tratar, según lo que tengo entendido", dijo.

Ziliotto explicó que, de acuerdo a la información que maneja, el Gobierno Nacional llamaría a todos los sindicatos, desde la CGT oficial hasta las dos CTA, para tratar la iniciativa.

"Hasta el mismo Gobierno creo que estaría dispuesto a eliminar el capítulo que tiene que ver con la modificación de la ley de Contrato de Trabajo (20.744) y dejar únicamente lo relacionado con el blanqueo laboral, y esto significaría, de tener éxito la propuesta, un mayor ingreso al Anses, lo que le daría más sustentabilidad al sistema que ha quedado bastante desacomodado después del Pacto Fiscal y la derogación del artículo 104 de Ganancias y la prórroga y cambios de afectación específica de los fondos al cheque", agregó Ziliotto.

"Pero estoy seguro que cualquier modificación a ley 20.744 no sería aprobada por los senadores y diputados del PJ. Si no hay modificaciones que impliquen mejoras para los trabajadores, no lo aprobaremos. La otra opción es que el Gobierno Nacional retire ese capítulo del proyecto", sostuvo.

Algunos de los aspectos claves del proyecto de reforma laboral que ingresó al Senado, son los siguientes:

Blanqueo: El borrador establece un período de un año para el blanqueo; con los seis primeros meses a costo cero para el empleador y los restantes, con un descuento del 70 por ciento. Promueve la extinción de la acción penal y la exención de cualquier multa administrativa por la contratación informal de trabajadores.

A los trabajadores "blanqueados" se les reconocen 60 meses de aportes previsionales (5 años) en una suerte de moratoria.

Reduce las contribuciones patronales de 21 a 19% en forma escalonada anual, hasta llegar al nuevo piso en 2022. En sentido inverso subirá las del sector pyme y otros beneficiarios de 17 a 19% medio punto por año hasta 2022.

Trabajo: Introduce una modificación sustancial al concepto de "trabajo". A las definiciones previstas en la ley de Contrato de Trabajo le suma: "la cooperación entre las partes para promover esa actividad productiva y creadora constituye un valor social compartido, generador de derechos y deberes recíprocos, y una regla esencial de ejecución del contrato". Se trata de una igualación, por primera vez, de roles entre empleador y asalariado, a contramano de la jurisprudencia que asigna debilidad intrínseca al trabajador respecto del empresario.

Facilita la tercerización y subcontratación, mecanismos que hasta ahora no habían sido regulados pero a partir del proyecto se buscará dejar consagrado su funcionamiento y ponerlo a salvo de juicios.

Limita el concepto de "irrenunciabilidad", que establece que serán nulos los acuerdos con pérdida de derechos. Según el texto propuesto, implícitamente se podrá renunciar a contratos individuales superadores de los colectivos. Es decir, si un asalariado convino con su jefe un aumento por encima del promedio tras aceptar un cargo con mayor responsabilidad, de sancionarse la ley podrá resignarlo.

Flexibiliza el criterio de "ius variandi" que prohíbe la modificación unilateral de las condiciones de trabajo del empleado. Hasta ahora le permite, en esos casos, optar por ser indemnizado o accionar judicialmente contra su patrón con la posibilidad de obtener la reposición de sus condiciones previas. Ahora sólo podrá ser indemnizado y en todo caso ajustarse a lo previsto por el convenio colectivo, con más trabas para ir a un juicio.

Consagra modalidades de trabajo a tiempo parcial que dejarán de computar el tiempo de tarea por jornada para hacerlo por semana. Habilitará la creación por convenios colectivos de "bancos de horas" que, en definitiva, pondrán límites a las horas extra bajo el argumento de eficientizar los tiempos de trabajo.

Extenderá licencias por paternidad a 15 días para los hombres; por matrimonio, a 10 días; por muerte de cónyuge, padres o hijos, a 3 días, y de un hermano, a un día. Por examen podrán tomarse licencias de dos días con un máximo de 10 días totales por año. Y permitirá una licencia de 30 días corridos por año sin goce de sueldo.

Indemnizaciones: Significativa reducción del cálculo indemnizatorio al quitar los pagos correspondientes a aguinaldo, horas extras, comisiones, premios o bonificaciones y todo tipo de pagos no regulares.

Además, la actualización de los créditos laborales sometidos a juicios se hará mediante la variación del UVA (el utilizado para los créditos hipotecarios) y no más por la tasa del Banco Nación que utilizan los magistrados.

La posibilidad de iniciar demandas, que hoy prescribe a los dos años, caerá al año.

Los sindicatos y las empresas podrán negociar un Fondo de Cese Laboral, una suerte de seguro de desempleo con aportes del asalariado, además del empresario, para su propio despido. Un mecanismo similar ya rige en la construcción.

Otros: Creación de la figura del "trabajador independiente" que podrá tomar hasta cuatro "colaboradores" despegados de las modalidades habituales de contratación. Se pensó para talleres o unidades de contratistas asociados a las grandes constructoras. En estos casos se aplicará normativa específica y no la ley de Contrato de Trabajo.

Nuevas políticas de formación. Creación de Consejos Sectoriales y de un sistema de prácticas formativas por un máximo de un año, extensible por seis meses más. Los pasantes podrán desempeñarse por un máximo de 30 horas semanales, y excepcionalmente, diez horas más.

Prohíbe la fijación de sumas no remunerativas en los acuerdos salariales. Se trata de una práctica extendida en el gobierno anterior como método para mejorar los sueldos de bolsillo sin impactar de lleno en el costo laboral, con afectación para el fisco, pero que de hecho creció exponencialmente en la actual gestión.

Creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud. Se trata de un insistente reclamo de las obras sociales sindicales y también de las prepagas, para poner un freno a los juicios iniciados por afiliados para la obtención de prácticas médicas o remedios no contemplados en las coberturas de esas prestadoras.