El proyecto de reforma laboral servirá para sumar a unos 300.000 trabajadores al mercado formal de empleo. Ese es el cálculo que maneja ahora el Gobierno y que ayer informó el secretario de Trabajo, Horacio Pitrau.

En un seminario organizado por Thomson Reuters, Pitrau observó que actualmente hay unos cuatro millones de trabajadores en negro y que el proyecto servirá para "evitar el fraude y los litigios laborales", además de "favorecer la generación de empleo". El secretario reemplazó al ministro Jorge Triaca, que estaba agendado para exponer pero se ausentó por un llamado del presidente Mauricio Macri, que lo citó en Olivos.

Ante la consulta de El Cronista, Pitrau dijo que la reforma laboral se va a tratar en su conjunto y no se va a dividir para su aprobación parcial, ante el consenso que hay en torno al blanqueo y la oposición a tocar los convenios colectivos. "La Confederación General del Trabajo (CGT) ya dio su apoyo reiteradas veces", recordó.

Fuentes del Ministerio estimaron que hay un millón de empleados en relación de dependencia sin aportes a la seguridad social y se podrían sumar 100.000 por año gracias al blanqueo y 300.000 en total con todos los efectos del paquete.

Entre los abogados laborales, sin embargo, las evaluaciones disintieron con la visión oficial, ya que consideran que "algunos puntos de la reforma no son claros" y van a generar "más conflictividad y más litigiosidad".

Juan José Etala, vicepresidente de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), analizó: "Era necesaria una reforma laboral porque los tiempos cambian. Lo de Brasil es impracticable en la Argentina, pero acá impacta mucho y baja nuestra competitividad en comparación". "Somos el país con el mayor costo unitario por manufactura en dólares en toda la región, con convenios colectivos rígidos, baja productividad y alto ausentismo", agregó.

Luego de quejarse de que "Héctor Recalde le quitó coherencia a los convenios", Etala se lamentó de que no se avanza sobre salarios mínimos y convenios colectivos diferenciados por zonas, para atender las especificidades de cada región. "Hay que dejar que cada sindicato negocie las condiciones por empresa", pidió.

Por otro lado, se quejó de que habrá más licencias. "No entiendo por qué los empleadores deben ser responsables de algo que no tuvieron nada que ver", señaló, por caso en el tema de la paternidad. Incluso, fue más allá, e indicó que el Fondo de Cese Laboral es "inconstitucional contra el empleador". "Con esto ahora también se debería pagar por la renuncia de un trabajador, incluso si se va a la competencia. Encarece costos. Por ejemplo, los delegados sindicales tienen que ir a trabajar. Y si no van, no se les debe pagar el día", remarcó Etala.

El más crítico fue Héctor García, abogado laboral de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA). "Esto va a generar más juicios. El proyecto está mal redactado, en muchos puntos es contrario al Artículo 14´ bis de la Constitución Nacional, excluye a muchos de sus derechos y los deja afuera groseramente de la protección. No hay lógica en esto que se discute en el Congreso", aseguró.

En tanto, Silvia Pinto, jueza de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, coincidió con que "va a haber más litigiosidad", ve "confuso" al Fondo de Cese Laboral y calificó como "positiva" la extensión de la licencia por paternidad.