La reforma judicial anunciada por el presidente Alberto Fernández ingresó en zona de debate dentro del Gobierno. El proyecto de ley aún no fue enviado al Congreso y está en pleno análisis por las dificultades que podrían presentarse a la hora de su aplicación. Mientras un sector del Poder Ejecutivo sugiere matices a la hora de ampliar el fuero federal, otros funcionarios señalan que podría complicarse la aplicación de esos cambios si en simultáneo se pone en marcha el nuevo Código Procesal Penal. Ante la consulta de PáginaI12, desde un sector de la Corte Suprema enviaron un mensaje de respaldo a las modificaciones propuestas por el Ejecutivo.

La discusión que se está dando puertas adentro del Gobierno corre por varios carriles. Los señalamientos son, sobre todo, a algunos aspectos que salieron de la pluma del secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, principal ideólogo junto al propio Presidente, de la cristalización del “Nunca Más a los sótanos de la democracia”. Una de esas objeciones tiene que ver con la forma en que se buscará la descentralización del poder de los jueces de los tribunales federales Comodoro Py. En este sentido, varios de los funcionarios con voz autorizada en la materia sostienen que no sería conveniente federalizar los juzgados ordinarios, sino que sólo debería fusionarse la Justicia Federal con el fuero Penal Económico. El planteo tiene que ver con que una parte importante del fuero penal de la Ciudad de Buenos Aires fue colonizado por el macrismo durante los últimos años, por lo que se le daría mayor poder a un sector de la Justicia identificado con un sector político.

Vacantes

En paralelo, algunas voces del oficialismo consideran que las vacantes disponibles en Comodoro Py, entre los juzgados que esperan una titularidad hace ya tiempo y los lugares que se abrirán a raíz de las renuncias por la reforma jubilatoria, serán una ventana abierta para que entren nuevos aires al fuero que protagonizó la ola de ilegalidades y detenciones arbitrarias de la era Macri.

En los juzgados de primera instancia los casilleros a llenar son al menos tres. El Federal 11, que ocupaba el fallecido Claudio Bonadio, hoy a cargo interinamente de Marcelo Martínez de Giorgi; el Juzgado 3, que quedaría libre si Daniel Rafecas es designado en la Procuración; y el Juzgado 12, a cargo de Sergio Torres, quien el año pasado se mudó a la Suprema Corte bonaerense y es subrrogado por Rodolfo Canicoba Corral. Sobre este último, a su vez, algunas versiones indicaron que podría jubilarse. Sin embargo, ante la consulta de PáginaI12, en el Juzgado 6 aseguraron que el magistrado no tiene ninguna intención de dejar su despacho y que buscará el acuerdo del Senado en septiembre para continuar en su cargo. Los mismos rumores de salida corrieron sobre María Romilda Servini, quien tampoco está dispuesta a dar un paso al costado.

En tanto, hay dos lugares a ocupar en la Cámara Federal, aunque en el Gobierno afirman que son cuatro. Es porque los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi fueron trasladados por el macrismo a la Sala I, sin concurso previo. Según opinaron ante este medio fuentes de la cartera de Justicia, esas designaciones fueron ilegales y deberían revocarse. Ambos magistrados pasaron a ocupar los despachos de Eduardo Freiler y Jorge Ballestero, quienes pagaron con sus puestos la decisión de liberar a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa.

Por otra parte, un sector del Poder Ejecutivo está planteando sus reparos sobre la implementación de todos los cambios a la vez. Según advierten, la aplicación en todo el país del nuevo Código Procesal Penal --que implica el paso al sistema acusatorio-- es compleja y necesitará tiempo de adaptación. Lo que podría complicarse aún más si, al unísono, se amplía el fuero federal.

En definitiva, las intenciones de mejorar el servicio de Justicia son las mismas en todo el Gobierno. El debate está centrado en cuál sería la forma más conveniente de poner el plan en práctica.

Reforma y jubilaciones

En medio del debate sobre la reforma del Poder Judicial y el fin de las jubilaciones de privilegio del sector, fue llamativo el silencio en el que se mantuvo la Corte Suprema. Hasta ahora. Según revelaron a este diario 12 en un despacho del cuarto piso del Palacio, un sector del máximo tribunal ve con buenos ojos los cambios propuestos para el fuero Federal. Con interlocutores del Poder Ejecutivo que son respetados por algunos de los Supremos, todo indica que el Gobierno logró convencer sobre las bondades de la reforma, más allá de los matices a la hora de implementarla. Incluso, a pesar de los rumores de que se incluiría una ampliación del número de jueces de la Corte, lo que podría ser una de las cartas de negociación con la Unión Cívica Radical para lograr los votos a la postulación de Daniel Rafecas, cuyo pliego para ocupar la Procuración General ya fue enviado al Parlamento. La postulación del actual juez de Comodoro Py ya está en evaluación de la Cámara alta y, en caso de obtener el puesto, será una pieza clave para la instrumentación del nuevo sistema acusatorio.

El dato sobresaliente, además, es que desde ese mismo escritorio frente a Plaza Lavalle buscaron enviar un mensaje de apoyo a las modificaciones del régimen especial de jubilaciones, aprobado por el Congreso el jueves pasado. La frase pronunciada ante PáginaI12 no dejó lugar a dudas: “Creo que la Asociación de Magistrados exageró con la reacción. Nosotros tenemos que poner nuestro esfuerzo en medio de la crisis”. Los dichos revelan una posición que no compartiría la presidencia de la Corte --a cargo de Carlos Rosenkrantz-- y que hasta ahora no había salido de ninguno de los otros despachos. De hecho, cuando la ministra Elena Highton de Nolasco fue consultada, evitó pronunciarse.

La Corte en modo avión

La falta de protagonismo de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado es evidente desde que estallaron las internas en el máximo tribunal, lo que se acentuó tras la asunción del gobierno de Alberto Fernández. La virtual parálisis en que se encuentra la Corte Suprema se refleja en la cantidad de causas sensibles que aún esperan ser abordadas. Las detenciones de Milagro Sala y de Amado Boudou; los numerosos planteos de la defensa de Cristina Kirchner sobre el juicio que se lleva en su contra y, entre otros, los casos Blaquier y Farmacity --ambos con serios conflictos de intereses por parte de Rosenkrantz--, aún están pendientes de resolución.

En medio de la incertidumbre sobre el real sustento con que cuenta el actual titular del tribunal, con una relación más que desgastada con sus colegas, y en medio de las durísimas internas que atraviesan desde el año pasado a toda la Corte, a Rosenkrantz todavía le quedan dos años por delante a cargo de la presidencia del cuerpo. La continuidad en el puesto del ex abogado de las empresas más poderosas de la Argentina es, por ahora, una incógnita. Mientras tanto, desde las propias entrañas del tribunal usaron una metáfora que pinta la situación actual de la Corte bajo el mandato de Rosenkrantz: “Está en modo avión”.