Por una reforma del Estado

Toda administración pública requiere, para su funcionamiento, de reglas, recursos humanos y materiales. Si las reglas no son claras, los recursos materiales escasos y los humanos no cuentan con la idoneidad requerida, esa administración no funcionará, reproducirá esquemas ineficientes y, en muchos casos, será permeable a la corrupción.
El servicio civil en la Argentina ha sufrido reformas, pero la esencia de la ineficiencia del sistema se ha mantenido inmutable. Grande o pequeña, la administración pública sigue siendo ineficiente, ineficaz e inefectiva. No existe planificación, las Legislaturas aprueban nuevas normas sin la necesaria evaluación presupuestaria; los titulares de Ejecutivos reclaman superpoderes para cambiar partidas del presupuesto a gusto y conveniencia; los nuevos gobiernos tienden a destruir lo hecho por antecesores; los cuerpos técnicos administrativos son débiles; el acceso a los puestos no se basa en la idoneidad, el mérito y la aptitud; y, los salarios son generalmente bajos. En consecuencia, sólo una reforma que corte con la corrupción, el nepotismo y el amiguismo en la administración pública sentará las bases para la implementación de un proceso de desarrollo justo y equitativo. Mientras tanto, las onerosas campañas de publicidad oficial nos venden la ilusión de ser un país en serio.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece los principios de eficiencia, transparencia y objetividad para el ingreso a la administración pública de funcionarios no elegidos. El mérito, la equidad y la aptitud son variables fundamentales a la hora de determinar el ingreso, el ascenso o la salida de un empleado de la administración.El empleado público trabaja para el Estado y en consecuencia su tarea es garantizar que los distintos gobiernos cumplan con las normas legales y administrativas y utilicen los recursos con eficiencia, eficacia y efectividad. Asimismo, los cuadros técnicos de la administración debieran alimentar las decisiones de política pública con conocimiento científico-técnico e información que el funcionario político debe tomar como guía. Una administración pública idónea y fuerte puede poner límites serios a los intentos corruptos de actores políticos, económicos y sociales. Por ello, se requiere de un sistema que proteja a los denunciantes de actos de corrupción incentivando que revelen estas situaciones y poniendo un freno a los actos corruptos. En este esquema, un sistema de compensaciones adecuado teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del país es fundamental.

La idoneidad técnica y moral no es sólo un requisito del empleado público, debe serlo también de los representantes políticos, sus designados, los jueces y los fiscales. Como sociedad debemos demandar esta transformación, no podemos quejarnos por lo que vemos y no nos gusta, debemos castigar o premiar con nuestro voto. Debemos dejar de tolerar que hasta el último peso se gaste ineficientemente para financiar espuriamente estructuras políticas obsoletas o negociados entre funcionarios corruptos del sector público y el privado. Porque mientras tanto, perdemos oportunidades de cambiar, perdemos la ilusión y nos quedamos sin esperanza.

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