Por la reestatización, un mar de dudas e inquietudes

Banqueros, industriales y diplomáticos han planteado incógnitas y críticas al Gobierno, luego de conocer la decisión que impulsa el fin del régimen de jubilación privado.

Por: Marcelo Bonelli

En los encuentros secretos y reservados de los más destacados hombres de negocios, hubo un denominador común: críticas a la forma que utilizó la Casa Rosada para reestatizar el sistema previsional.

Los banqueros extranjeros cuestionaron la decisión, porque su instrumentación golpea el corazón del negocio y les reduce el poder que otorga manejar un millonario fondo en dólares. Pero también se percibió otra cuestión clara: una fuerte división de opiniones, en función del impacto que la medida tiene sobre cada uno de los negocios. Una interna que ayer también ganaba a las propia Unión de AFJP y dividía el frente común.

Los encuentros se sucedieron en la Asociación de Bancos Argentinos que lidera Mario Vicens y también en la Asociación de Bancos Argentinos de Jorge Brito.

Los banqueros están preocupados en sostener el actual nivel de depósitos. Hasta ahora ADEBA no salió en defensa de las AFJP y sólo está preocupada por el impacto de la medida en la liquidez del sistema.

Pero entre los banqueros extranjeros la disputa originada con el Gobierno nacional es a fondo y marcan las siguientes cuestiones:

El Gobierno resolvió su situación fiscal y ahora tiene más seguridad para no entrar en default. Pero a costa de afectar al mercado de capitales.

Fue desprolijo el anuncio y la falta de precisiones generó muchos daños coyunturales.

Así, la medida provocó incluso interrogantes sobre el camino futuro que seguirá el Gobierno. En España existió la creencia de que Argentina aplicará una política estatizadora. En Madrid la conclusión fue lógica: el fondo de AFJP que se traslada al Estado tiene fuertes porcentajes de acciones de las principales empresas ibéricas y líderes locales.

Primero, el embajador Rafael Estrella pidió a la Cancillería una aclaración formal y habló de la necesidad de una "declaración pública" de la Presidenta.

Cristina Kirchner eludió ese reclamo diplomático y habló directamente, pero en privado, con Europa. Escuchó los temores de La Moncloa por parte de Trinidad Jiménez García, la secretaria de Estado para Iberoamérica.

La Presidenta le garantizó dos cuestiones clave: que el fondo de AFJP que se traslada al Estado tiene acciones preferidas, las cuales no dan derecho a sentarse en el directorio de ninguna compañía.

También negó que exista una política estatizadora de firmas y que el Gobierno vaya a liquidar esos valores en la Bolsa.

Hablaron de Aerolíneas y la Presidenta se quejó por la actitud hostil del Grupo Marsans. El informe final del Tribunal de Cuentas habla que la firma española tiene un patrimonio negativo de US$ 800 millones y una valuación por flujo de fondos también negativa de US$ 600 millones. Pero el diálogo entre Cristina y Trinidad abrió un lapso de espera en la expropiación. Acordaron hacer un esfuerzo por negociar una salida consensuada.

Ayer la cuestión de los paquetes accionarios se analizó en una reunión de urgencia en la Asociación Empresaria Argentina. La entidad de Luis Pagani opina que la medida perjudica el clima de negocios y genera desconfianza sobre la economía.

La cuestión motivó múltiples reuniones. En los fondos de las AFJP existen fuertes paquetes accionarios de firmas como Molinos, Petrobras, Telecom, YPF, Siderar Transener y Aluar.

Sergio Massa y Julio De Vido tuvieron desde el miércoles una sucesión de encuentros secretos con los CEO de cada compañía. El mensaje fue el mismo que el de la Presidenta a Madrid, para tranquilizar a los empresarios.

En esos encuentros trascendieron detalles de los objetivos del Gobierno frente a la crisis. Los expuso hace dos semanas Néstor Kirchner en una reunión muy cerrada en la Quinta de Olivos. Kirchner le dijo a sus íntimos que frente a la crisis internacional el Gobierno debe dar muestras de que "controla" la economía, para garantizar la gobernabilidad. Así lo dijo: "Haremos todo para tener bajo control el mercado de cambios, certificar que no haya default, ni corrida para garantizar la gobernabilidad de Cristina."

La reestatización previsional provocó ayer un fuerte debate en la Unión de AFJP. La entidad que conduce Sebastián Palla discute fuertemente la conveniencia de hacer un reclamo multimillonario al Estado o directamente negociar una salida ordenada con el Gobierno.

El miércoles los banqueros Jorge Bledel, y Antonio Losada hicieron sondeos extraoficiales sobre la forma de cobrar compensaciones por la expropiación del negocio.

Pero las cosas cambiaron en las últimas horas a partir de la intervención judicial y eso generó una fuerte interna en la Unión de AFJP. Jaqueadas, con rentabilidad en baja, ayer algunas compañías se inclinaban por acordar una salida con la Casa Rosada.

Esta posición la sostienen financistas como Carlos Peguet, de Consolidar; Andrés Hammar, de Maxima y Julio Ieraci, de Futura. Se trata de grupos cuyo negocio de AFJP no era el central.

En cambio lideran una posición intransigente y dura el titular de Arauca-Bit, Jorge Saumell y financistas como Enrique Sánchez y Marcelo Conte, de Orígenes. Ambos representan a ING que hace sólo diez meses entró en el negocio.

Todo se escuchó en la Unión Industrial. La central fabril de Juan Lascurain estuvo siempre en contra del régimen de jubilación privada .

Pero ahora molestó la forma como irrumpió el Gobierno y fue Cristiano Ratazzi quien impuso la severa declaración pública exigiendo "seguridad jurídica".

Sólo encontró un clima propicio, por otra cuestión: en la UIA temen por la recesión y no comparten cómo el Gobierno maneja la política económica en la crisis.

Copryright Clarín, 2008.

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