Redobla la AFIP la presión sobre el sistema financiero

Redobla la AFIP la presión sobre el sistema financiero
Investiga casos de evasión en transporte de caudales, cooperativas y mutuales que dan créditos
Con el ojo colocado sobre el blanqueo de capitales y la moratoria impositiva, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) redobló la presión por presunta evasión sobre cooperativas, mutuales financieras y fondos transportados en camiones de caudales. Se calcula que estas actividades mueven un monto cercano a $ 204.000 millones al año.

Fuentes del organismo que conduce Ricardo Echegaray indicaron a LA NACION que el foco está colocado sobre los sectores más informales del circuito financiero, por fuera de la regulación a la que son sometidos los bancos. La pesquisa se extiende también a las mesas de dinero clandestinas, conocidas como "cuevas" (ver aparte).

Por un lado, los agentes de la AFIP se volcaron al dinero transportado en camiones de caudales, que suma unos $ 15.000 millones mensuales. "El cruce de información realizado permitió detectar sujetos que manejaban importantes cobranzas en efectivo (supermercados, farmacias y estaciones de servicio, entre otros) que originaron ajustes por diferencias de impuestos, sobre todo el que grava los débitos bancarios, en la mayoría de los casos".

Además, se comprobaron omisiones de contribuyentes en la base imponible de IVA, Ganancias y Bienes Personales, junto con presuntas violaciones de la ley antievasión (por el uso del efectivo por montos que exceden lo permitido).

La AFIP pudo avanzar por una norma que en octubre de 2007 dictaminó que los servicios de transporte de caudales están incluidos en el régimen de facturación electrónica, por lo que los agentes pueden observar online cómo se sellan las operaciones que luego pueden ser fiscalizadas.

A partir de esta información, se desarrolló el siguiente plan de acción:

l Se cursaron requerimientos a las principales empresas transportadoras de caudales (son siete), "a las que se les solicitó que identifiquen los valores transportados, como también el origen y destino del traslado", según la AFIP.

l Desde la vigencia del régimen de facturación electrónica para estos servicios se identificaron, en 2007, unas 32.097 transacciones por $ 315 millones por servicios facturados; 128.648 transacciones en 2008, por $ 1045 millones, y desde principios de enero, 11.061 transacciones por 109 millones de pesos.

"Del conocimiento de la estructura de tarifación de estos servicios se infiere la relevancia del movimiento físico de caudales, lo que para 2008 asciende aproximadamente a $ 15.000 millones mensuales. De este valor el 47% es realizado por empresas y personas físicas", expresaron en el organismo.

Por esta razón, se detectaron 1500 sujetos que no pudieron explicar el origen de los fondos transportados por un monto de 60 millones de pesos mensuales.

En paralelo, los agentes fiscales reflotaron la investigación de cooperativas y mutuales financieras que otorgan créditos por unos $ 24.000 millones anuales, equivalente al 12% de los depósitos del sistema financiero local. Al respecto, las fiscalizaciones se focalizaron en operaciones superiores a $ 100.000, sobre todo en Santa Fe y Córdoba, que "en su mayoría no han sido declarados, aprovechando los bajos montos involucrados en cada operación".

En la AFIP se lamentan porque, más allá del control formal que realiza el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), no hay ninguna regulación sobre estos préstamos. "La AFIP detectó colocaciones por parte de asociados y directivos de mutuales por importes superiores al millón de pesos, incorrectamente declaradas como rentas exentas del impuesto a los bienes personales, y el uso de las denominadas ayudas económicas para descontar cheques de terceros", explicaron en el organismo.

Al no haber sentencias firmes por estas investigaciones, "todos los investigados pueden entrar al blanqueo", se aclaró.

Pese a este esfuerzo para apuntalar el blanqueo, que culmina en septiembre, entre los tributaristas hay cierto desconcierto porque "la AFIP aún no reglamentó aspectos clave del régimen, como la definición precisa de los bienes inmuebles y productivos alcanzados por el perdón", indicó uno de ellos.

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