Qué redituable es pasar de un puesto del Estado a otro

Tras su controvertido papel en el PAMI, González Gaviola fue designado en la Superintendencia que vigila a las AFJP. En diciembre llegó a cobrar $46 mil. Se mudó a la Súper de ART, con un equipo que recibió indemnizaciones de hasta $400 mil.

El sistema privado de jubilaciones demostró ser muy rentable no sólo para los gerentes de las AFJP sino también para algunos funcionarios encargados de controlarlas. El ex superintendente del área Juan Horacio González Gaviola casi duplicó su salario en el ejercicio de ese cargo: cuando se retiró en diciembre pasado, ganaba 46.180 pesos. Repitió esa misma modalidad en su siguiente destino, la Superintendencia de ART, que actualmente encabeza. El funcionario mendocino, además, se llevó consigo a cinco gerentes que cobraron indemnizaciones de hasta 400 mil pesos al pasarse de un área a la otra, ambas bajo la órbita del Ministerio de Trabajo.

González Gaviola, que al inicio de la gestión de Néstor Kirchner actuó como interventor del PAMI –donde fue cuestionado por nombramientos que realizó, entre ellos el de su propia esposa como asesora–, recaló luego en la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (SAFJP). A fines del año pasado, poco antes de saltar de una superintendencia a la otra, elevó su salario de 25.000 a 30.260 pesos, más 1.040 pesos en tickets, pero con una sutileza: incorporó el ítem “adicional por ejercicio de función superior” con un valor de 14.880 pesos, lo que redondeó una remuneración total de 46.180 pesos.

La cifra casi duplicaba el salario que entonces percibía el presidente de la Unión de AFJP, Sebastián Palla, con un promedio mensual de $25.000 en 2007. Consultado por Crítica de la Argentina, González Gaviola reconoció haberse aumentado el salario en ese monto y justificó la decisión en que “se habían ‘destopeado’ las remuneraciones de los funcionarios”. En rigor, la eliminación del tope había sido resuelta en junio de 2006, más de un año antes. Los salarios y gastos de la SAFJP se cubren con aportes de las administradoras, que obtienen esos fondos de las comisiones que cobran a los futuros jubilados.

Gaviola explicó que, a diferencia de otras áreas del Ejecutivo, en la SAFJP los salarios se ajustan en función del promedio de las mejores remuneraciones de las administradoras privadas, como prevé la ley 24.241, que creó el sistema de capitalización. “Cuando se ‘destopearon’ los sueldos no había una encuesta actualizada de las remuneraciones en las AFJP, así que la hicimos y adaptamos los montos”, alegó. Y en cuanto al adicional, equivalente a 50% del sueldo, argumentó que era “un componente para cumplir con la ley y llegar a los valores” promedio en el ámbito privado.

El ajuste fue breve, porque dos meses después el funcionario pasó a la otra Superintendencia, la de Riesgos del Trabajo (SRT). Pero resultó muy conveniente para el gerente general de la SAFJP Fabián Báez, segundo de Gaviola, que se fue junto con su jefe pero consiguió una generosa indemnización computada con los nuevos valores salariales. En el momento de su salida de la SAFJP, Báez cobraba 25.990 pesos más 14.040 por el ítem de “función superior”; en total, 40.030 pesos.

Báez no fue el único funcionario que pasó de una superintendencia a la otra con una indemnización bajo el brazo: también lo hicieron los gerentes Daniel Marcó, Lorenzo Domínguez, Sergio Ranchilio y Ana Carina Rodríguez. Los cinco gerentes acudieron al mismo tiempo, el 7 de enero de este año, al Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO) del Ministerio de Trabajo, de donde se llevaron acuerdos de retiro voluntario. Por caso, Marcó hizo pesar sus 14 años de antigüedad en el cargo y se llevó más de 400 mil pesos.

Para Gaviola, el hecho de haber cobrado sumas altas no era impedimento para retomar a los cinco gerentes en su nuevo destino, donde revisten en la actualidad con salarios de 18.593 pesos. “Hubo algunos gerentes a los que despidieron y cobraron la indemnización. Después, circunstancialmente, fueron retomados en la Súper de Riesgos porque se les reconoció una capacidad que no había reconocido el superintendente que los echó”, indicó el mendocino en referencia a su sucesor en la SAFJP, Carlos Weitz.

Cuando este diario le recordó a Gaviola que los gerentes no habían sido despedidos sino que habían gestionado un acuerdo de retiro voluntario, intentó otra explicación: “En la práctica eran despidos incausados y se llegó a un arreglo para evitar un juicio. Para mí eran personas útiles que no debieron ser removidas, y si hubieran seguido en la función pública las hubiera trasladado a la otra Superintendencia sin pagarles nada”, agregó.

Los milagros de la capitalización no terminaron ahí para González Gaviola. Una vez en la SRT, juzgó insuficiente el sueldo de su antecesor, Héctor Verón, que cobraba 12.000 pesos mensuales, y nuevamente optó por duplicárselo. Según los registros oficiales, el mendocino cobra en la actualidad 24.278,71 pesos sólo de remuneración, sin computar adicionales. Lo acompaña en la gestión el mismo equipo que se mudó de la Súper de AFJP: Báez (gerente general), Marcó (control de entidades), Ranchilio (operaciones), Domínguez (prevención y salud laboral) y Rodríguez (comunicaciones). Gaviola concretó el pase de una Superintendencia a otra en menos de un mes (renunció a la Súper de AFJP el 28 de diciembre de 2007 y asumió en la SRT 20 días después), al igual que los gerentes que se beneficiaron de los retiros voluntarios que les pagó el mismo Estado para el que todavía trabajan.

“La suba de sueldos fue para cumplir con la ley”

¿Por qué se duplicó el sueldo?

–Porque se eliminó el tope de las remuneraciones de los funcionarios y se aplicó la encuesta prevista en la ley (que creó las AFJP). Con esos valores se adaptó el salario, porque la ley dice que el superintendente no puede cobrar menos que el promedio de las cargos similares en las cinco AFJP mejor remuneradas.

–¿Por qué se agregó para usted y su gerente general un adicional “por ejercicio de función superior”?

–Son componentes para cumplir con la ley y se llegó a esos valores porque los gerentes de las administradoras cobran bonos. Cuando se sacaron los topes para la función pública y se hizo la encuesta, dio valores salariales altos e incluso esperamos un período para ver si se repetían. Había otros organismos que tenían un adicional de ese tipo. Es el mismo criterio que siguió la administración que me sucedió.

–¿No le pareció reñido con la ética tomar en la SRT a los mismos gerentes de la SAFJP pese a que habían cobrado indemnizaciones?

–No entraron inmediatamente; pasaron como dos meses. Yo tomé gente que necesitaba y que estaba desempleada. ¿Qué les iba a pedir, que devolvieran la plata?

–El equipo estaba en su presentación como nuevo superintendente.

–No recuerdo si estaban el primer día. Al menos recuerdo que no estaban contratados.

–¿Por qué dice que las indemnizaciones no tuvieron costo?

–Porque es plata de las AFJP, no del erario público, y las administradoras tenían ‘topeada’ su comisión así que no podían trasladarla a los afiliados. Es un sector que se maneja con la lógica del sector financiero. Funciona como un sistema de consorcio, donde las AFJP se hacen cargo de todos los gastos de la Superintendencia, a partir de lo que ellos cobran de comisiones.

–Se hace difícil plantearle a un beneficiario del sistema que para el control se pone gente que cobró una indemnización.

–No cobró una indemnización del Estado, cobró del sistema de capitalización individual y no es plata de los contribuyentes sino de las comisiones de las AFJP. Así como los sueldos están con un escalafón totalmente distinto y se manejan con una lógica diferente. No es plata de impuestos, es plata de las AFJP, que así como gastan en publicidad o en administración tienen una parte de su costo en alimentar el gasto regulatorio. Este tema de la desvinculación de funcionarios en el área y el pago de indemnizaciones que son altas porque los sueldos son altos ha sido bastante habitual en la historia de la Superintendencia.

–¿A usted le parecía razonable este sistema?

–No es que me parezca razonable, yo no los hubiera echado porque me parece que eran buenos funcionarios, eficientes.

–¿Usted no cobró indemnización cuando se fue de una Superintendencia a la otra?

–No.

–¿Por qué?

–No me correspondía porque soy funcionario político. Mi ingreso y mi remoción fueron decisiones políticas.

–¿Pero los funcionarios que usted se llevó no eran también políticos?

–No.

–¿No llegaron a la administración pública con usted?

–Sí, pero no tiene nada que ver. Que hayan llegado conmigo no quiere decir que sean políticos.

–No llegaron por concurso.

–Como no llega por concurso prácticamente nadie en la administración pública.

–¿Usted se duplicó el sueldo en la SRT en comparación con su antecesor?

–Ahí venían de sueldos congelados desde la época de la convertibilidad. Lo único que se hizo fue una actualización donde se fijó para el superintendente, por sobre los sueldos que están en el escalafón, un porcentaje superior al del gerente, como ocurre en todas las empresas donde quien más responsabilidad tiene cobra más.

La Súper de AFJP dejará de existir

Las superintendencias de las AFJP y de las ART son dos entes autárquicos creados por ley. En lo formal, están bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, pero en los hechos, González Gaviola siempre reportó más a Néstor Kirchner que al ministro Carlos Tomada. El superintendente de AFJP fiscaliza los traspasos y la incorporación de afiliados, la imputación de aportes, la veracidad de la información de las empresas, recibe las denuncias de los aportantes y hasta puede sancionar. Desde que fue creada no hubo grandes enfrentamientos con las aseguradoras. Debajo del superintendente figuran un gerente general, 10 gerentes y una Unidad de Auditoría Interna. Su presupuesto anual ronda los $70 millones. A partir de la sanción de la ley de reforma previsional esa estructura dejará de existir. El Superintendente de ART controla el cumplimiento de las normas de salud y trabajo, a las empresas, y que se otorguen las prestaciones médicas y en dinero en caso de accidente de trabajo. Su presupuesto es de $60 millones.

Perfil de un polémico mendocino

Militante peronista desde los quince años, conoció a Cristina Kirchner en los noventa cuando ella era senadora, y él, un diputado que peleaba contra el proyecto de las AFJP. Era vicegobernador de Mendoza en la fórmula de la Alianza con el radical Roberto Iglesias cuando se convirtió en el primer peronista de su provincia en apoyar la candidatura de Néstor Kirchner. Ese gesto le valió el agradecimiento de la pareja presidencial desde el primer día en el poder.

Al asumir en la Casa Rosada, Kirchner lo convocó para manejar el PAMI, de donde se fue en el verano de 2004, meses después de un escándalo público. Una investigación del programa Día D reveló que había contratado asesores personales con decenas de cheques firmados sin fondos y había incorporado asesores ad honórem, que tenían gastos de representación más altos que un sueldo. Entre ellos estaba su mujer. Le dejó su puesto a Graciela Ocaña y pasó sin escalas a la Superintendencia de las AFJP, adonde afianzó su relación con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. Como enviado de Kirchner, también trabajó para la Concertación en la fórmula con el mendocino Julio Cobos.

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