La Legislatura convirtió en ley ayer el acuerdo que había rubricado en mayo el gobernador, Juan Manzur, con el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), para la restitución del 15% de los fondos coparticipables que le corresponden a la Provincia, en el marco de un convenio que incluye a todos los distritos del país.

Según las estimaciones de la oposición, el Gobierno provincial recibirá en 2016 hasta $ 3.000 millones extra gracias a esta nueva medida, que fue aprobada por 37 votos contra uno.

Como los presidentes de las dos comisiones que habían emitido el dictamen no participaron de la sesión, el proyecto fue defendido por dos representantes de la oposición. El radical José María Canelada expuso la iniciativa en reemplazo del oficialista Marcelo Caponio (Asuntos Constitucionales e Institucionales), y el peronista disidente Silvio Bellomío lo hizo en lugar del oficialista Juan Antonio Ruiz Olivares (Hacienda y Presupuesto).

“Esto es un paso adelante hacia el federalismo, un cambio de aire en la forma de encarar la cuestión fiscal federal”, explicó Canelada, titular del bloque UCR. Recordó además que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), mediante el cual se ordenaba la restitución del 15% de los fondos coparticipables que el PEN restituía a las provincias por ley nacional. 

El radical explicó que el convenio plantea un esquema de restitución de la masa coparticipable de tres puntos porcentuales por año; es decir: se sumará el 3% en 2016; el 6% en 2017; el 9% en 2018; el 12% en 2019; y el 15% definitivo en 2020. De las sumas que la Nación va agregando cada año a la devolución a las Provincias, la Casa Rosada podrá aplicar hasta un 50% a compensar créditos que la Provincia adeude.

Canelada detalló que la ley implica la creación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses. “El préstamo será de libre disponibilidad, con desembolsos y cancelaciones parciales y sucesivas”, añadió. Agregó que los pagos serán concretados a los cuatro años del desembolso (el capital recibido en 2016 debe ser cancelado en 2020).

“Consideramos que la restitución del 3% de la coparticipación significará unos $ 1.000 millones para 2016; el 6% correspondiente al préstamo, entonces, rondará los $ 2.000 millones. Considero que es muy positivo el acuerdo. Este dinero va a ingresar para el conjunto de los tucumanos”, señaló Canelada.

Bellomío, del bloque Peronismo del Bicentenario, destacó que pasaron 24 años hasta que la Nación tomó la decisión de restituir esos fondos. “La crisis nos llega a todos. Lo que pretendemos es que estos fondos se multipliquen y dinamicen la economía. Velaremos por estos recursos y, más allá de que son de libre disponibilidad, pretendemos que sean aplicados correctamente, y no se diluyan sólo en el pago de sueldos”, advirtió el ex funcionario municipal. Y reclamó: “es el punto inicial para dar la discusión a nivel local, para que seamos coherentes con lo que pregonamos desde la Provincia”.

El vicepresidente de Hacienda y Presupuesto presentó en diciembre un proyecto de ley que establece un nuevo sistema de reparto de los fondos coparticipables entre el PE y los municipios. Además, instó a “rediseñar una verdadera política fiscal”. “Queremos saber cuáles son las políticas que quiere llevar adelante la Provincia, y todo lo que sea constructivo lo vamos a apoyar”, remarcó el contador.

Luego tomó la palabra el experimentado legislador Rubén Chebaia (UCR). “Estoy seguro de que seré el único en votar en contra”, anticipó el ex intendente capitalino. “No debemos nada, a Tucumán le deben; lamentablemente, no se está entendiendo eso”, sostuvo, en alusión al sistema de préstamos previsto en el convenio.

El también radical Fernando Valdez, en contrapartida a Chebaia, consideró que el acuerdo “es razonable”. “Con las características que tiene, (el texto) puede ser aprobado”, expresó. A la vez, pidió que la Casa de Gobierno piense “una alternativa” para el pago de los fondos reclamados por jubilados transferidos. 

Luego fue el turno del peronista Roque Cativa, único miembro del bloque Tucumán Crece que hizo uso de la palabra por este tema. El oficialista entregó una hoja con sus opiniones al secretario de la Cámara, Claudio Pérez, y pidió que comenzara la votación, de carácter nominal. Entonces, tal como lo había anticipado, sólo Chebaia votó en contra.

El vicegobernador Osvaldo Jaldo, que presidió el debate, consideró tras la sesión que la aprobación del convenio tendrá efectos positivos. “Ya se ha firmado la norma y se la ha enviado al Poder Ejecutivo”, manifestó. Aclaró que el acuerdo es retroactivo a enero, y estimó que los ingresos por la restitución del 3% este año alcanzarán los $ 700 millones (sin incluir el préstamo). “Ha sido un avance muy importante en la relación entre las provincias y la Nación. Es una muestra de federalismo (desde la Rosada)”, manifestó Jaldo.