Los recuperadores urbanos criticaron al Gobierno porteño y reclamaron una ley para regular el sistema

Los recuperadores urbanos criticaron al Gobierno porteño y reclamaron una ley para regular el sistema

Con críticas a la administrción macrista, se realizó este martes 16, en el "Salón Montevideo" de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Jornada "Los cartoneros y el Servicio de Recolección Diferenciada de Residuos en nuestra Ciudad", a la que asistieron los Presidentes y un número imporante de integrantes de las 12 Cooperativas que prestan el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos, trabajadores de la dirección de reciclado DGREC y algunos legisladores de otros espacios políticos.

 

El evento fue presidido por los Diputados porteños de la Comisión de Ambiente, María Inés Gobea (Suma +); Adrián Rodolfo Camps (Socialista Auténtico); Sergio Sánchez, Presidente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR); Nicolás Caropresi, militante del MTE y coordinador de operativa y logística de "El Amanecer"; Alejandro Gianni, Sociólogo de ATE Capital; y contó con la adhesión de la diputada porteña, Paula Penacca (FpV).

Tambien estuvieron presentes la Vicepresidente Segunda de la Legislatura porteña, María Rosa Muiños, y Claudio Heredia (Frente para la Victoria), entre otros.

"Quiero recordar que el sistema de recolección de material reciclable en la Ciudad de Buenos Aires nació con inclusión social. Fueron los cartoneros quienes inauguraron esta política de reciclado cuando era ilegal, cuando se los perseguía por considerar que extraer material reciclable de la basura era un robo, porque las empresas cobraban por tonelada. Hoy son 5.500 los cooperativistas que llevan adelante el servicio público de recolección diferenciada en la Ciudad. Toda nuestra historia en materia de reciclado está vinculada a la inclusión social y creo que ese es el camino por el que debemos seguir", afirmó el diputado Adrián Camps (PSA), durante la apertura de la jornada.

El encuentro se llevó a cabo en el marco de las negociaciones por el nuevo contrato de recolección diferenciada con inclusión social. Las críticas incluyeron desde las fallas técnicas de los pliegos enviados por el Gobierno de la Ciudad a las Cooperativas, hasta los vergonzosos errores ortográficos de los mismos. La falta de una política de inclusión, la falta de infraestructura, logística y presupuesto acorde para la recolección de los residuos secos.

Pese a que después de la marcha multtudinaria realizada el 14 de julio y de que el Gobierno porteño se comprometiera a través de un Acta Compromiso firmado con las Cooperativas el día 18 de Julio, que garantizaba la continuidad del servicio de Gestión Social del Sistema de Reciclado y descartbaa el proyecto de privatización, "Estamos como al principio",  "Nos están tomando el pelo", "Ellos dicen que nosotros no cumplimos, pero los que no cumplen con los compromisos asumidos son ellos", "Cada año que pasa tenemos menos presupuesto para desarrollar la tarea, y ésta es una excelente oportunidad antes de que en septiembre se trate nuevo presupueto en la Legislatura", "Necesitamos que reconozcan la importancia y la urgencia de sostener y fortalecer un Sistema de Recolección Diferenciada de Residuos con inclusión social, para defender el trabajo y proteger elmedio ambiente como lo nosotros lo hacemos, en forma organizada. Se debe reconocer que somos empleados del Gobierno de la Ciudad y que reallizamos un trabajo que otros no quieren ni saben hacer", resumió uno de los referentes de la Cooperativa "El Trébol", Roberto Pontarollo.

Para María Inés Gorbea (SUMA+), presidenta de la Comisión de Ambiente, "las cooperativas son la cara visible del sistema. Ante cada deber de la cooperativa, hay un deber del Gobierno para que éstas puedan cumplir su tarea adecuadamente. En ese marco, presentamos un proyecto de ley para jerarquizar la actividad equiparándola a la fracción húmeda, que si está regulada". Y adelantó: "entendemos que esta iniciativa es el puntapié inicial para discutir el tema en la Legislatura, a través de cuatro encuentros informativos que queremos realizar desde la Comisión de Ambiente -dos en septiembre y dos en octubre-, en los que pretendemos escuchar a todos los actores".

En ese sentido, el Presidente de la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR), Sergio Sánchez, agradeció que desde la Legislatura se haya decidido "tomar cartas en el asunto" y lamentó "tener que estar todos los años peleando por el mismo problema". "Necesitamos una ley que sea concreta y duradera, que nos garantice la logística y que termine con esta situación de los cartoneros de tener que renegociar permanentemente nuestras condiciones de trabajo, que hoy son muy duras. señaló que "Los pliegos que implementó el GCBA no aspiran a la inclusión social”. "Además de los problemas en luces y maquinaria que el Estado de la Ciudad les brinda para el reciclado, señaló que desde hace 10 años no se renuevan los vehículos. La respuesta del Estado es similar en el caso de la infancia: “Los chicos no tienen que trabajar, pero tiene que haber una propuesta para ellos”. "El Gobierno no contempla el trabajo social que se realiza", advirtió.

Alicia Montoya de la Cooperativa El Álamo resaltó la importancia del convenio que se firma entre las cooperativas y el Gobierno porteño como "un instrumento de política pública". Por otro lado, criticó la actitud del Ejecutivo: "no entendieron que no estamos hablando de un contrato de una empresa privada, que se trata de un convenio que expresa una política pública, que es importante tanto desde lo ambiental como desde lo económico, pero sobre todo desde lo social".

Por las cooperativas también hablaron Luis Orellana (El Amanecer de los Cartoneros), María Ramis (Cooperativas Del ostes, Alelí, Baires Con y Primavera-Bloque Sur), Cristina Lescano (El Ceibo), Graciela Ibarra (Cartonera del Sur), Roberto Prontarolo (El Trébol), Gustavo Ibañez (Recicladores Urbanos del Oeste), Alberto Díaz (Trabajo y Dignidad), Susana Izaguirre (Las Madreselvas) y Jacquelina Flores (Anuillán).

La amenaza de la falta de continuidad del sistema de reciclado con inclusión social fortaleció la unidad de las cooperativas de cartoneros y recicladores porteñas, logrando el compromiso del Gobierno porteño de no avanzar con el proyecto de privatización. "La tarea pendiente es fortalecer este sistema y que la Legislatura se involucre para mejorarlo y proyectarlo hacia el futuro. Espero que podamos trabajar todos juntos, de acá a fin de año, para ver si como diputados podemos colaborar con la sanción de una normativa en este sentido", puntualizó Camps en el cierre de la Jornada.

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