Al tercer trimestre de 2015, el gobierno de la Ciudad ejecutó menos del 40% del Presu-puesto destinado a vivienda, lo que representa menos de mil millones de los más de dos mil autorizados para una de las problemáticas más graves del distrito del flamante presidente de la Nación, que ocupó hasta hace poco la Jefatura de gobierno porteño.

Se trata de un parámetro que expone de alguna manera la promesa que realizó Mauricio Macri durante su campaña: la urbanización de 100 villas y asentamientos por año, como parte de un plan de vivienda para todo el país, que incluye créditos hipotecarios y la promoción de viviendas sociales.

La gestión que heredó Horacio Rodríguez Larreta -y que supo coordinar como Jefe de Gabinete- se fijó para el próximo año la extensión del “Modelo Piletones”, que toma en cuenta lo realizado en el barrio referenciado en la líder social Margarita Barrientos. Pero se trata de obras cuestionadas por organizaciones sociales.

En este sentido, la cartera que presenta mayor nivel de subejecución es el desaparecido ministerio de Desarrollo Económico, que englobaba a los diferentes organismos encargados de las diferentes tareas vinculadas a la política habitacional del PRO.

La cartera que supo dirigir Francisco Cabrera devengó al mes de septiembre el 57,10% de los recursos asignados, es decir $ 1.821.406.055 de los

$ 3.189.482.464. Desplazó de esa manera al ministerio de Desarrollo Urbano que para el segundo trimestre era el más atrasado, tal como dio cuenta Qué en agosto.

El área comandada por el arquitecto Daniel Chain devengó el 64,27 de su presupuesto para septiembre, cuando se supone que todas las áreas deben rondar una ejecución del alrededor del 75% de su gasto, en concordancia con el transcurso del año, algo para lo que sí se aproxima el resto de los ministerios.

Pero el concepto de lo gastado en vivienda es lo que llama la atención, si se tiene en cuenta además que del presupuesto total de más de 90 mil millones de pesos, con ampliación presupuestaria mediante, menos del 3%, más de dos mil millones, se destina a esta función en una jurisdicción con déficit habitacional.

“Cuando finalizó la gestión de Jorge Telerman el presupuesto destinado para vivienda era de más del 5%. Hoy es de más del 2. Esa diferencia no es ocasional. Hay una política intencional de desfinanciar el área de vivienda”, consignó a Qué, el ex legislador Facundo di Fillippo, quien estuvo al frente de la Comisión de Vivienda años atrás.

Un caso del armado del Presupuesto da cuenta de esta realidad. Al igual que al segundo trimestre, el gobierno porteño gastó “0” pesos del programa Reintegración, Integración y Transformación de Villas del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) hasta septiembre de este año, de acuerdo al informe de Ejecución Presupuestaria al tercer trimestre.

Si bien la política habitacional se desarrolla a través de distintos organismos y partidas, la situación de los recursos de este programa es, por lo menos, llamativa. En los fundamentos del Presupuesto 2015 del ministerio de Desarrollo Económico se lo destina para “brindar una solución definitiva a la exclusión social”.

Y, asimismo, le asigna como objetivos “la integración física y social al resto de los barrios”, la “radicación definitiva de la población” y la “adecuación de las condiciones de habitabilidad al estándar de la Ciudad”, como parte de la resolución de los problemas habitacionales en villas.

Pero hay más partidas que atraviesan por un estado de subejecución. El programa de Rehabilitación de Conjuntos Urbanos, a cargo del mantenimiento y la recuperación de los barrios construidos por el IVC, ejecutó el 39,62% de los recursos, es decir 94 millones de los 239 asignados.

La Rehabilitación del barrio La Boca es otro ejemplo. Creado para dar respuesta “a los problemas habitacionales de los habitantes de los conventillos ubicados en el barrio”, devengó a septiembre 25 millones de los más de 132 que representan la masa total, es decir una subejecución del 19,34%.

En efecto, se trata de programas que están bajo la órbita del Instituto de Vivienda que, como ya publicó Qué, abandonó la mayor parte de las tareas de urbanización y construcción de viviendas y delegó la mayor parte en organismos como la secretaría de Hábitat e Inclusión Social o la Unidad de Gestión e Intervención Social (UGIS) y la Corporación Buenos Aires Sur (ver edición 47 Desconexión y desinversión).

En medio de este escenario, el gobierno porteño inauguró en abril de este año con bombos y platillos la urbanización del barrio Los Piletones en Villa Soldati. Informó refacciones al polideportivo comunal, la recuperación del bajo autopista (AU7), el acondicionamiento de una plaza para chicos con capacidades especiales y trabajos en una cancha de fútbol y en los frentes de viviendas recuperados.

“Junto con el infinito esfuerzo de Margarita Barrientos hemos logrado que hoy Los Piletones sea un lugar con oportunidades y un barrio para que los niños crezcan como se merecen. Ver que las familias pueden vivir un poco mejor es una satisfacción indescriptible”, señaló entonces Horacio Rodríguez Larreta.

No obstante, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) puso de manifiesto otros aspectos que contrarían la versión gubernamental. La entidad remarcó que existen inundaciones “debido a la falta de obras”, que las cámaras cloacales “no soportan el peso de los autos que transitan la zona”, y detalló la “inexistencia de conexión de agua potable debido a problemas con el caño principal”. Asimismo, expuso que falta casi la red total de gas natural, dado que sólo una manzana posee un documento difundido.

“Muchos vecinos han denunciado amenazas y presiones para firmar las documentaciones, las cuales dejan en situación de vulnerabilidad legal a quienes las poseen. El contenido de estos documentos es claramente regresivo, legitimando eventuales desalojos por parte del gobierno ante la falta de pago de sólo tres cuotas”, sostiene el informe.

Este escenario plantea dudas respecto de las metas fijadas por Macri en campaña. “Lo que pasa en la Ciudad es el modelo que se va a llevar a la Nación. El antecedente de lo que se dice es lo que se hizo y eso marca que en la Ciudad se achicó sustancialmente el presupuesto para Vivienda”, apuntó Di Filippo.

La subejecución presupuestaria no sólo alcanzó a la construcción de viviendas o tareas de urbanización. El programa de Créditos Primera Vivienda ejecutó el 17,65% de sus recursos, $ 2.375.931 millones de los $ 13.458.655 que forman parte del crédito anual vigente que tiene esa partida al mes de septiembre.

En la misma línea se ubica el programa Mi Casa BA que para el mismo período devengó el 43,88% de sus recursos: 20 millones de los $ 45.574.023.

Más partidas

El Programa de Gestión del Riesgo Hídrico, dentro del ministerio de Desarrollo Urbano es otro de los casos más resonantes de subejecución. A pesar de que dirigentes del PRO se han jactado en más de una oportunidad de las obras hidráulicas en la Ciudad, el gasto demorado en este programa abre interrogantes.

En efecto, a septiembre devengó el 4,05% de sus recursos: $ 9.226.512 de los $ 227.750829 que se informan como parte del crédito vigente. El programa (PGRH) está destinado “a reducir la vulnerabilidad de la Ciudad frente a las inundaciones que afectan las diversas áreas de su territorio”. Busca, mediante medidas no estructurales, estructurales y asistencia Técnica y auditoría, fortalecer el “sistema de prevención”

A nivel general, la mayoría de los ministerios no presentan subejecuciones pero sí muchas áreas internas. Se trata, de esta manera una característica que atraviesa a la mayor parte de las reparticiones públicas.

El Programa de Desarrollo Integral, por caso, dentro del ministerio de Desarrollo Social, devengó recién a septiembre el 48,75% de los recursos: $ 99.447.058 del total de $ 203.992.178. Como ya había dado cuenta este medio en la ejecución al segundo trimestre, el ítem Formación en Seguridad presenta de-mora en el gasto, a pesar de figurar entre las principales demandas. En concreto, el gobierno ejecutó el 4,69%. Se trata de un vicio que atraviesa a toda la administración y que es minimizado frente al argumento de que el 60% de los recursos se destina a servicios sociales. La cuestión es cómo.