Recortan contratos, compras y viajes para reducir el gasto

El Gobierno decidió suspender, postergar o reducir erogaciones por $ 150 millones. No habrá nombramientos ni nueva obra pública financiada hasta que termine el año.
Con la intención de mostrar un plan de recorte del gasto público vinculado a un esfuerzo de mayor recaudación y a un compromiso de sostener la asistencia a los sectores productivos, los ministros de Hacienda, Adrián Cerroni, y de Producción, Raúl Mercau, y el subsecretario de Hacienda, Mario Granados, compartieron escenario en un anuncio conjunto sin mayores sorpresas que alternó tijeretazos con salvavidas. Los primeros referidos a los fondos provinciales, los segundos a los nacionales.

"Creemos que a fin de año podremos haber ahorrado 150 millones de pesos y no vamos a lanzar ningún bono para pagar a los proveedores", enfatizó Cerroni. "Hasta el 31 de agosto rige el plan de pago de deudas vencidas con una quita del 90% en los intereses y con éste y otros planes esperamos recaudar unos 120 millones más hasta fin de año", apuntó Granados.

"No habrá subsidios directos con fondos de Rentas pero sí préstamos para capital de trabajo con mejoras en las condiciones de acceso, además de política de subsidio de tasas. Vamos a ratificar el convenio con el Banco Nación que el año pasado permitió un fideicomiso productivo por 110 millones de pesos", destacó Mercau (ver aparte).

Los detalles se ofrecieron a pocos días de que el gobernador Celso Jaque se reúna con la presidenta Cristina Fernández en Buenos Aires para pedirle que la Nación se haga cargo del pago de los 49 millones de pesos del Bono Mendoza 18, que vencen el 1 de setiembre, y más ayuda financiera tanto para la Provincia como para los municipios mendocinos.

En una conferencia de prensa de carácter definidamente técnico, Cerroni confirmó que la recaudación continúa a un ritmo de crecimiento del 5% nominal, es decir siete puntos por debajo del 12% estimado en el presupuesto.

Subrayó que las restricciones ya se comenzaron a ejecutar durante julio tras haber mantenido reuniones con los directores de Administración de los distintos ministerios y que el decreto anunciado ayer vino a formalizar la situación.

El recorte de gastos pasa por diez medidas concretas referidas a un menor uso de vehículos oficiales; restricción del número de misiones oficiales y pago de viáticos, dejando el traslado por vía aérea sólo para funcionarios de nivel superior; la suspensión de compras de bienes de capital, nombramientos, contrataciones, subsidios financiados por Rentas, nueva obra pública y grandes licitaciones hasta el 31 de diciembre.

Asimismo, establece que "las excepciones deberán ser debidamente fundadas, solicitadas por escrito por ministros o secretarios y autorizadas por el gobernador mediante otro decreto". La norma deja afuera expresamente del recorte los nombramientos de policías y agentes penitenciarios, los pases a planta permanente en la Salud y las designaciones o regularizaciones dispuestas por leyes anteriores.

Las medidas abarcan la administración pública central, los organismos descentralizados como hospitales, Iscamen, Vialidad, EPAS, EPRE o Dirección General de Escuelas), además de las cuentas especiales como la Unidad de Financiamiento Internacional, Fondo de Infraestructura provincial y la Unidad de Coordinación de Programas y Proyectos de la DGE.

También invita a los municipios y otros organismos descentralizados (OSEP, Casino, Trolebuses e IPV) a adoptar las mismas medidas. Establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Hacienda.

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