Fin de recorrido para el caso Ortiz Pellegrini

Como una pieza de alfarería, el bloque de Unión por Córdoba amasó, modeló y ahora cocina la sanción contra Miguel Ortiz Pellegrini, el jefe del bloque del Frente Cívico en la Legislatura: el martes, tras 137 días de proceso, la mayoría de los integrantes de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura recomendará al plenario de la Unicameral que se le aplique al juecista una sanción por "inconducta", por, presuntamente, haber violado el artículo 88 de la Constitución Provincial al patrocinar juicios patrimoniales contra el Estado siendo legislador.
El PJ sostendrá en su acusación que, siendo legislador, Ortiz Pellegrini litigó contra la Tamse, la Caja de Jubilaciones y el Tesoro provincial. El dictamen, que no es vinculante, pasará al pleno de la Legislatura, que el miércoles definirá cuándo lo trata. El plazo no podrá exceder los 21 días.

Según el jefe del bloque legislativo de Unión por Córdoba, Daniel Passerini, la investigación realizada por la Comisión de Asuntos Institucionales "demostró objetivamente, sin condimentos políticos o electorales, que el legislador Ortiz Pellegrini violó la Constitución".

Para que la sanción se concrete, Unión por Córdoba necesitará sí o sí el apoyo de los integrantes del bloque de la UCR, el partido al que Ortiz Pellegrini perteneció hasta que saltó el charco para irse con Luis Juez.

Cualquier correctivo contra un legislador debe ser apoyado por, al menos, 47 legisladores; y Unión por Córdoba tiene 36. En el PJ ya cuentan como propios seis votos de otras bancadas. Aún así, los números siguen sin darle al oficialismo. De esta manera, el radicalismo, con sus 12 miembros, se ha transformado en la pieza clave de este "juicio político". "Lo único que hemos definido es que todos (los integrantes del bloque) votaremos en conjunto", sentenció Miguel Nicolás, de la bancada radical.

Las cartas del PJ. Por sus implicancias en la vida cotidiana, el rol que Ortiz Pellegrini tuvo en el juicio de choferes de la Tamse contra la Muni es el más conocido. Se trata de 590 juicios a la empresa estatal y, solidariamente, a la comuna. La prueba sustancial es un informe del Tribunal Superior de Justicia, fechado en junio de este año, en el que se sostiene que el legislador es el abogado que actúo hasta el 18 de mayo último.

Los montos que reclaman los choferes, de los cuales una porción le corresponden a Ortiz Pellegrini, son varias veces millonarios. Además, el 23 de diciembre de 2008 el legislador recibió una cédula de notificación en ese juicio.

En su defensa, Ortiz Pellegrini dijo que no tenía participación profesional en esa causa desde que asumió en su banca, el 10 de diciembre de 2007, y que sólo se mantenía al tanto puesto que cobrará honorarios cuando el pleito se resuelva.

Además, el juecista llevó la discusión hacia la arena política: "Cualquier sanción que me imponga una mayoría oficialista en retirada será blandida como una medalla de honor", señaló en el inicio del proceso.

El otro as es la participación de Ortiz Pellegrini en un juicio que ex concejales radicales le iniciaron a la Caja de Jubilaciones. Aquí, la prueba que lleva el PJ es un recurso federal que Ortiz Pellegrini firmó el 4 de febrero de 2008, es decir, un año después de que asumiera su banca. El legislador sostuvo en su alegato de defensa que la Caja no es lo mismo que la Provincia, ya que se trata de un ente autónomo intervenido por el Gobierno.

Finalmente, la última carta fuerte es el demanda civil que, bajo la tutela de Ortiz Pellegrini, la conducción de Luz y Fuerza le iniciara a la Provincia. En este caso, el legislador renunció al poder que tenía para litigar, pero recién lo hizo en julio de 2008.

Si el plenario confirma la sanción (una suspensión en el cargo entre 30 y 180 días), ésta se convertirá en reliquia: será el primer caso en la Unicameral.

La acusación. Constitución. Prohíbe a los legisladores litigar contra el Estado.

Ortiz Pellegrini. Asumió el 10 de diciembre de 2007. Es el jefe del bloque del Frente Cívico.

Sospecha. El PJ sostiene que patrocinó unas 5 causas patrimoniales contra la Provincia , la Caja de Jubilaciones y la Muni.

Proceso. La Comisión de Asuntos Institucionales investigó el desempeño del legislador en 40 causas, entre diciembre 2007 y junio de 2009.

Dictamen. No es vinculante. Se pedirá una sanción.

Suspensión. Podría ser entre 30 y 180 días.

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