RECONOCEN QUE SE PAGAN “COSTOS POLÍTICOS” POR EL ACUERDO CON CHINA

El ministro de Gobierno de la provincia, Guillermo Aramburu se refirió al acuerdo con los empresarios chinos. Destacó que no comparten la decisión del Fiscal de Estado aunque reconoció que a la luz de los hechos hubiera sido mejor haberle consultado antes. Reconoció que la falta de información y las repercusiones que tuvo el acuerdo, forma parte de "los costos políticos", que entendió, "la gobernadora viene asumiendo desde que asumió la gestión".
El ministro de Gobierno de la provincia, Guillermo Aramburu dio algunas precisiones ayer sobre la postura que tiene el Gobierno provincial en el tema de la resolución emitida por el Fiscal de Estado respecto del convenio con empresarios chinos por la explotación del petróleo y la instalación de la planta de metanol en cercanías a la ciudad de Río Grande.

En este aspecto el funcionario provincial señaló que "cuando dijimos que no se contaba con la documentación, más allá de la resolución jurídica de un organismo de la dimisión de un organismo de contralor como lo es la Fiscalía de Estado, creemos que no se ha dimensionada la entidad de la inversión sino que se ha centrado la discusión en un punto que es secundario a la discusión que es la provisión de gas, amén de eso, a nuestro entender, hay normativa que rige en la materia y escapa de la definición prevista en la Ley Nº6 que es la que ha utilizado el Fiscal de Estado como base de la resolución, y nos referimos la resolución de la Secretaría de Energía de la Nación donde expresamente indica en ese punto y prevé la contratación directa y más allá de eso que sería un sustento legal suficiente para esta postura, me parece que la relevancia del emprendimiento radica en el proyecto de inversión y no en el abastecimiento que sería secundario y es como que se ha dado como una discusión de un contrato aislado cuando no es así, y que nosotros diferimos por lo expuesto en el dictamen".

Aramburu sostuvo además que en su dictamen el Fiscal de Estado "en ningún momento dice que el emprendimiento sea inviable sino que se limita a entender desde el punto de vista jurídico, la preponderancia de la Ley N°6 por sobre la demás normativa que en realidad no la considera y este creo que fue el punto que se omitió".

Transparencia

Consultado respecto de las cuestiones de transparencia que hubieran sido correctas antes la firma del acuerdo, el Ministro no cree que "se trate de la transparencia en la gestión, ni que tenga que ver con ello, porque al merituar como administración que rige y maneja al criterio de oportunidad, criterio y conveniencia del proyecto, porque no habría interesados que puedan ofrecer más porque no hay quien pueda almacenar o transportar el producto, por eso es amén de que corresponde la licitación ni se consideró como un punto analizar".

El funcionario indicó que "aquí hubo muchas suspicacias en el tema porque a la Legislatura se la informó", aunque luego de formar, "pero es una facultad del Ejecutivo. Lo importante es la remisión del convenio porque no hay organismos de control previo que son definiciones políticas que pueden ser tomadas por la administración sin control previo".

Aramburu además indicó que el Gobierno no presentó el proyecto al Fiscal de Estado, lo que sí hizo la CGT, "porque no tienen ninguna duda sobre el proyecto y el que la presentó es el que tiene dudas" y destacó que "el Fiscal de estado no rechaza el acuerdo sino que lo que hace es una definición".

Costos políticos

Respecto de si el rechazo es un costo político para el Gobierno, destacó que "el Fiscal de Estado hace su trabajo pero naturalmente no es lo mismo que si el Fiscal de Estado hubiera rechazado el planteo de la CGT, hubiera preferido que reanalizada más en profundidad o quizás de haber tenido la oportunidad de analizarlo de otra manera".

"Quizás el equivocó fue no haber consultado al Fiscal de Estado con anterioridad y ponerle a disposición de todos los elementos". Además observó que en esto "no está en juego la transparencia sino que se trata de un acto de Gobierno, y cada administración decide como llevar a cabo determinados actos, pero una definición política adoptada no requería pasar por esos órganos antes de tomarla".

No obstante Aramburu sostuvo que "visto a la postre de la resolución, expo facto hubiera sido interesante haberlo remitido antes, pero esto no creo esto lo tome transparente o no".

Finalmente destacó que "la Gobernadora (Fabiana Ríos) viene asumiendo costos políticos desde que asumió la gestión, el costo político de gestionar está sumido y creo que esta una de las tantas cosas que se pueden considerar como uno de esos costos políticos".

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